Delito flagrante

Ecuador está entre los tres países con mayor número de robos en América del Sur. Según cifras de la Fiscalía en Ecuador hubo 30.000 robos flagrantes el año pasado. Seis de cada 10 robos ocurrieron a plena luz del día. Los infractores fueron conducidos a la Fiscalía con las evidencias del robo: armas, teléfonos, partes de vehículos, entre otros. Sin embargo, como no hubo acusación particular en las 24 horas siguientes al robo, que además está grabado en cámaras de seguridad del ECU 911, lo cual permitió su aprehensión, la mayoría de los delincuentes queda libre para seguir delinquiendo. Este es uno de los absurdos legales que entroniza la impunidad y fomenta la acción de los criminales que saben que difícilmente pasarán más de las 24 horas bajo custodia policial. Para una persona asaltada, además del susto y la angustia personal por la agresión resulta muy difícil realizar una denuncia, unas veces por temor, otras porque los trámites para denunciar y el proceso para recuperar lo robado son largos, tediosos y, además, algunas veces requieren de inversión adicional para recuperar lo perdido. En consecuencia, la gran mayoría no denuncia, la policía trabaja en vano y los delincuentes felices con el sistema de vida escogido.

¿No ha llegado la hora de romper este círculo vicioso de crimen e impunidad, que hace que delincuentes con múltiples detenciones sigan operando en las calles y los ciudadanos, continuemos indefensos expuestos a que la suerte determine si somos o no víctimas? ¿Acaso no debe reformarse el requisito de una denuncia particular para que quien comete un delito flagrante sea acusado de oficio y su condena sea determinada por el monto de lo que se encuentra en su poder? Las pruebas están a la vista: los videos de las miles de cámaras de seguridad son la más clara evidencia del delito. ¿Para qué las ciudades han invertido millones de dólares en este tipo de vigilancia, si en la práctica el peso de demostrar el delito va a recaer en la víctima de un robo? Tampoco hay respeto para la labor policial, que siendo eficaz muchas veces es en vano, pues el esfuerzo de aprehender a delincuentes y exhibir las pruebas del delito, como lo encontrado a los ladrones, se esfuma en 24 horas por la falta de la acusación particular, que en realidad es una falta de sentido común en quienes redactaron las disposiciones para perseguir y juzgar la flagrancia en los robos. Como en el caso de otros delitos, los legisladores han buscado la protección de los derechos de quien comete un delito, pero no han pensado en los demás ciudadanos. A la víctima se la convierte doblemente en víctima, mientras para el delincuente hay vía libre. Por eso, el país hoy es tierra de nadie. Esta reforma es urgente. Señores legisladores piensen en la gente primero y no en los delincuentes.