Abren una segunda investigación a Shakira por fraude fiscal en España: así reaccionó la artista
Un juzgado español abrió una segunda causa a la cantante colombiana Shakira a raíz de una querella de la Fiscalía, que la acusa de defraudar a Hacienda en los impuestos de IRPF y patrimonio del ejercicio fiscal de 2018.
Según informó este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la causa contra la artista, que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona), está abierta por dos delitos contra la Hacienda pública.
Las autoridades estiman que el perjuicio superaría la cuota de 120.000 euros a partir de lo cual se considera delito.
Por su parte, la intérprete de ‘Hips don't lie’ emitió un comunicado en el que afirma que siempre actuó “conforme a la ley” y denunció la “presión mediática y reputacional” que sufre, puesto que se enteró de este nuevo proceso por la prensa.
Shakira y su equipo legal aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de la nueva querella que la Fiscalía española presentó por fraude en los impuestos de patrimonio y de la renta de 2018.
La cantante recordó que ahora reside en Miami (EEUU) desde hace unos meses -tras su separación del exfutbolista español Gerard Piqué-, por lo que se le deberá notificar personalmente en su nuevo domicilio, “de estricto acuerdo con lo que marca la ley”.
Agregó que en estos momentos está “centrada en su vida artística” y se muestra confiada en “la resolución favorable de sus asuntos fiscales”.
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A LAS PUERTAS DE UN JUICIO
Shakira será juzgada a partir del próximo 20 de noviembre en la Audiencia de Barcelona por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, en otra causa que también se inició por una querella de la Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona.
En este proceso, la Fiscalía pide para ella ocho años y dos meses de cárcel, así como una multa de 23,8 millones de euros, por seis delitos de fraude fiscal, por eludir supuestamente el pago de impuestos a la Hacienda española pese a que, según el Ministerio Público, residía en España desde 2012 y estaba obligada desde entonces a tributar en este país.