Narcodeforestación: el nuevo mapa de la coca destruye la Amazonía andina

A más de 3.730 metros de altitud, en Oruro, las autoridades de Bolivia hallaron en enero de este año lo que puede ser una de las incautaciones de droga más grande y sofisticada de estos tiempos: 8,7 toneladas de cocaína impregnadas como barniz en miles de tablones de madera que iban a transitar primero a Chile y luego Panamá, para llegar después llegar a Bélgica y finalmente a Países Bajos.

Este decomiso muestra el auge del tráfico de drogas en la región, que ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico. Mientras el Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.

Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía en Colombia, Vistazo en Ecuador y El Deber en Bolivia, identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.

Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.

Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques. El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado por el equipo de OjoPúblico revela que en Perú, el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.

Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.

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Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades ubicadas en las fronteras. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia.

En la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.

Desde las riberas de los ríos Putumayo, que atraviesa Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).

En Perú, entre 2018 y 2022, la superficie cultivada de hoja de coca se incrementó en los distritos amazónicos de la frontera con Colombia, Brasil y Bolivia, principalmente, en las regiones Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

De este grupo, el aumento más elevado de cultivo de hoja de coca se registró en el sector conocido como Callería, Ucayali. Sobre esta área, el incremento fue de más de siete veces: entre 2018 y 2022 pasaron de 1.047 a 7.846 hectáreas.

En el mismo tiempo, en la zona conocida como Bajo Amazonas –que corresponde a la frontera peruana con Colombia y Brasil, entre las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí– los cultivos aumentaron cuatro veces: pasaron de 277 a 1.211 hectáreas. Una situación similar se registra en Sandia, en la frontera con Bolivia.

Los datos de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización (Digcoin) de Bolivia a los que se accedieron para esta investigación confirman que Sandia es uno de los puntos de inicio del tráfico de coca desde Perú hacia Bolivia, en las localidades de Palmeras y Miraflores.

En los últimos años, también se ha incrementado el decomiso de cocaína en territorio amazónico. Entre 2018 y 2023, según los datos de la Dirección Antidrogas de la Policía a los que OjoPúblico tuvo acceso, en los distritos de Callería y Masisea, también en Ucayali frontera con Brasil –donde las investigaciones apuntan a la presencia del Comando Vermelho– se triplicó la incautación de Pasta Básica de Cocaína (PBC). En 2018 se confiscó 100 gramos de cocaína, y el 2023 la cifra superó los 14 kilos.

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en Colombia identificó al 2023 que el 65% de los cultivos de coca del país se concentran en Nariño, Norte de Santander y Putumayo. De acuerdo a estas cifras, en 2021, solo la zona del Putumayo albergaba 31.874 hectáreas de coca, pero el 2022 alcanzó las 53.648 hectáreas, lo que representa un aumento del 68%.

En este mismo departamento de la frontera con Perú y Ecuador, la pérdida de bosques representó el 6% (116.427 hectáreas) de toda la deforestación colombiana entre 2013 y 2022, última cifra sobre la que las autoridades tienen registro.

En el departamento colombiano de Nariño, que limita con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas y Carchi, en 2022 hubo más de 59.000 hectáreas con sembríos de hoja de coca, según el mismo reporte de la Unodc.

El avance de estos cultivos en Colombia ha sido histórico, y como ocurre en Perú y Bolivia, se da sobre territorios indígenas (18% de tierras afectadas) y áreas naturales protegidas (21%).

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En Perú, Colombia y Bolivia, según la información proporcionada por las autoridades, hay penetración de cultivos de hoja de coca sobre áreas protegidas, y junto a estas plantaciones se instalan laboratorios de procesamiento de cocaína y pistas de aterrizaje clandestinas usadas para el transporte de droga.

En Bolivia, la siembra se ha registrado en 6 de las 23 áreas protegidas nacionales y 4 de estas se encuentran en la Amazonía. En los seis parques hay un total de 435 hectáreas de coca, con un leve descenso respecto a 2021, cuando se llegó a 452 hectáreas. El caso más crítico es el del Parque Nacional Carrasco, ya que alberga el 51% de los cultivos de coca en áreas protegidas, con 224 hectáreas.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia y Perú, hasta octubre del 2023, según las cifras recogidas por la Unodc para Bolivia, el cultivo de hoja de coca disminuyó entre 2021 y 2022. Esta caída también se reflejó en zonas amazónicas.

En Perú, la superficie de coca sobre áreas naturales protegidas alcanzó el 16% de las 95.008 hectáreas monitoreadas en 2022. De este grupo, la mayor parte (39,4%) se concentró en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, con 277 hectáreas cultivadas.

Por su parte, en Colombia el 49% de los cultivos de coca se encuentran en zonas categorizadas como manejo especial, entre las que se encuentran parques naturales (21%), resguardos indígenas (18%), terrenos de comunidades afrodescendientes (4%) y reservas forestales (2%).

En 2021, un 37% de los cultivos se concentraron en parques de la Amazonía colombiana y un 24% en resguardos de esa región. La Serranía de la Macarena, en Meta, La Reserva Natural Nukak, entre Caquetá y Guaviare, y La Paya en Putumayo, fueron los parques más afectados por la siembra. El 60% de la deforestación en 2022, a su vez, ocurrió en zonas de protección la mayoría del bioma amazónico.

En territorio ecuatoriano, a pesar de la poca información proporcionada por la policía sobre la presencia de plantaciones de hoja de coca, la actividad tiene vínculos e impactos en el pueblo indígena Siona, que vive permanentemente amenazada por grupos de foráneos que invaden sus tierras para el cultivo de coca, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de Ecuador al que accedió la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico y que se hace público por primera vez.

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En la cadena productiva del narcotráfico, las plantaciones y la producción de cocaína, así como el control de las rutas, responde a organizaciones criminales multinacionales que tienen presencia en los países de frontera. La Red Transfronteriza de OjoPúblico identificó a dos provenientes de Brasil (Primer Comando Capital y el Comando Vermelho), igual número en Colombia (Comando de la Frontera y Frente Carolina Ramirez) y en Ecuador, las bandas de Los Lobos y Los Choneros.

Las disidencias colombianas detectadas, aunque se enfrentan entre ellas por el control territorial especialmente en el río Putumayo en la frontera con Guaviare y Meta colombianos, como ha reportado La Silla Vacía, tienen relaciones de colaboración con los principales grupos criminales brasileños. Esto hace que la sumatoria del poderío de todos incremente su influencia y alcance territorial a lo largo de este territorio.

Fuentes de seguridad de Ecuador consultadas para esta investigación atribuyen a los Comandos de la Frontera el control de la mayoría de laboratorios y cristalizaderos en el cordón fronterizo entre Putumayo y la región de Sucumbios, así como del cobro de extorsiones y cupos a los campesinos que siembran la hoja de coca.

Este territorio ecuatoriano, según datos policiales de ese país, también es una ruta terrestre para el traslado de cocaína y su salida hacia los puertos de la costa. Además, como se corroboró en esta investigación, a las familias del pueblo indígena Siona que viven en la frontera con Colombia, estos grupos les ofrecían un pago de 4 millones de pesos colombianos (cerca de mil dólares, al tipo de cambio vigente) por una sola siembra y cosecha de hoja de coca. . “Luego [de esta situación] la familia debe obligatoriamente vender la producción al grupo que le entregó el dinero”, detalla el documento defensorial que, por la gravedad del caso, solicita medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Detrás de las amenazas al pueblo siona en Colombia y Ecuador, de acuerdo a entrevistas con fuentes locales, se encuentran los Comandos de la Frontera, que actualmente están enfrentados con el frente Carolina Ramírez. Estos grupos armados están integrados por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El grupo de los Comando De la Frontera también tiene nexos con el grupo de los Lobos —que operan en Ecuador y Perú— y, en menor medida, con Los Choneros. Además, estas bandas son proveedoras de combustible para que los Comandos de la Frontera puedan procesar la cocaína, coinciden investigadores entrevistados.

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La producción de droga, a partir de la hoja de coca, ha generado en los últimos años nuevas modalidades y procesos para su posterior envío —desde Sudamérica— a otras latitudes internacionales como Estados Unidos o países de la Unión Europea.

En diferentes visitas realizadas al lado peruano, altos mandos policiales señalaron a OjoPúblico que han identificado más de 100 de laboratorios de producción de droga en territorios cercanos a la provincia del Putumayo. Sin embargo, el poco presupuesto y personal asignado no permite una intervención en estos lugares.

En el caso ecuatoriano, según indicaron fuentes de inteligencia policial, el procesamiento de hoja de coca ocurre en dos niveles. El primero es cuando se produce la pasta básica de cocaína (PBC) y el segundo cuando esta se cristaliza para obtener clorhidrato de cocaína.

“Para cristalizar la PBC y obtener clorhidrato de cocaína, es necesario procesarla con técnicas y sustancias específicas, como ácido sulfúrico, permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se utilizan diferentes equipos, como hornos microondas y prensas, por la complejidad de este proceso, la cristalización [en Ecuador] a menudo no se lleva a cabo en las cuencas cocaleras, sino en ciudades grandes”, detalla un documento policial al que accedió Vistazo para esta publicación.

En los últimos cinco años, la Unodc ha identificado en Colombia una nueva dinámica del narcotráfico denominada enclaves, referida a los centros de concentración, tecnificación y mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga.

En el caso de la Amazonía, la mayoría de estos lugares se han establecido en la frontera del Río Putumayo para garantizar el ingreso de insumos, así como la salida de la coca y sus derivados. Además, con la caída de las FARC, el control recayó en sus grupos disidentes: el frente Carolina Ramírez y los Comandos de Frontera.

El impacto de los enclaves, según un especialista de la Unodc entrevistado por La Silla Vacía, es que antes en un departamento como el Putumayo había bosque y en el medio pequeños cultivos de coca que sembraban los campesinos o comunidades indígenas. Pero ahora lo que se ve son enormes hectáreas taladas y deforestadas.

A diferencia de los manchones de coca cultivados de a pocos en años, en los enclaves los grupos arrasan con todo en una sola zona, rompiendo corredores biológicos y el equilibrio de los bosques. El área calculada por este tipo de afectación, según un estudio del 2022 de distintos investigadores, supera los 188.000 kilómetros cuadrados (18’800.000 hectáreas), más que el área total de Corea del Sur.

Este fenómeno ha sido estudiado por la científica Dolors Armenteras, y lo llama el efecto de borde. “Es resultado de unas transiciones que se generan cuando se fragmentan los bosques, es decir, los bordes se crean donde se termina el bosque y empieza un pedazo de tierra con una cobertura totalmente diferente que expone esos bordes a desecación. No retiene la humedad y está más expuesto a especies invasoras y al sol, viento, etcétera”, señala la investigadora en una entrevista con La Silla Vacía.

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Aunque en el último año se ha hablado mucho de la crisis de la coca en Colombia, el análisis comparado de los precios de la hoja de coca en la región ofrece nuevas luces.

Las cifras oficiales de Perú y Colombia muestran que el costo de la hoja de coca cambia según la localidad y el período revisado. En Colombia no se cuenta con información oficial actualizada, pero –en promedio– La Silla Vacía identificó que se aprecia un aumento en el precio —en moneda local— para el período 2013 a 2018. En este tiempo la hoja de coca pasó de 2.014 pesos colombianos (USD 0,5 al cambio actual) por kilo a 2.250 (USD 0,57).

Este incremento se dio en las zonas colombianas de Putumayo-Caquetá, Corredor Amazónico, Meta-Guaviare y Orinoquía. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos no dispone de datos actuales y actualmente están en un proceso de cambio metodológico debido a las nuevas dinámicas de la coca.

Leonardo Correa, director del Simsi de la Unodc para la Región Andina y Cono Sur, declaró a La Silla Vacía para esta investigación que los precios de la coca y sus derivados se han mantenido estables en los últimos años, si se comparan desde 2005. Sin embargo, esta oficina ha reevaluado su sistema de medición pues ahora el precio es variable dependiendo del lugar donde se consulte. Antes era homogéneo dado el monopolio que tenían las FARC en la zona amazónica.

El especialista también advirtió que hay zonas donde los grupos criminales “compiten con precios diferentes” así como grupos de personas que vende el producto barato “para salir rápido” de esa actividad. “Son menos los campesinos que están accediendo al mercado porque no hay compradores y hay conflicto entre los compradores”, explicó.

En Perú, la información oficial y más actualizada indica que el precio promedio nacional de la hoja de coca es de USD 2,14 por kilo. Este valor cambia según la zona. Desde 2020, los distintos montos están divididos en seis puntos: el Corredor Amazónico (Ucayali y amazonía central), el Huallaga, el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), el Sur Amazónico, La Convención - Kosñipata y la Triple Frontera. Los tres últimos agregados desde los reportes de hace tres años.

El valor más alto de la hoja de coca se encuentra en el Sur Amazónico (Puno y Madre de Dios)donde alcanza los USD 3,33 por kilo. Mientras que en el caso de la Triple Frontera (Bajo Amazonas y Putumayo) el costo se reduce a USD 2,11 el kilo y en el Corredor Amazónico (Pichis - Palcazú y Aguaytía) el precio cae a USD 1,9 el kilo.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a OjoPúblico que esta diferencia responde a costos adicionales presentes en la Amazonía como la construcción de pistas de aterrizaje, las avionetas y el pago a otras personas que participan en la producción de la cocaína.

Los valores históricos de la hoja de coca muestran una caída del 52,8% si se comparan las cifras del 2014 con las de mayo del 2023, último período analizado por Devida, entidad del estado peruano que monitorea los cultivos.

Hace una década, el precio superaba los USD 4,54 el kilo pero ahora el costo promedio nacional llega a los USD 2,14. Y esa caída ha sido constante. En 2019 —otro período revisado— el precio llegaba a USD 3,29 por kilo.

Si se revisan los montos por zonas, el precio también tuvo una caída considerable para el caso del Corredor Amazónico peruano. En este lugar, el preció cayó en 55,3% para el período 2013 a 2023. Pasó de USD 4,26 a USD 1,90. En el Huallaga bajó de USD 5,46 a USD 2,11 (caída de 61,3%) y en el Vraem de USD 3,91 a USD 2,01.

Que la amazonía se haya convertido en el nuevo escenario en disputa del narco, no solo invade tierras y deforesta, a su paso, la violencia de los grupos armados que ahora controlan las plantaciones, amenaza y asesina a líderes de pueblos indígenas amazónicos. Entre el 2017 y el 2022, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los municipios de Colombia con cultivos de coca la población civil sufrió 2,8 veces más amenazas y 4,3 veces más homicidios que en los municipios sin presencia de cultivos de coca.

Entre 2021 y 2024, según los registros oficiales, hubo 109 asesinatos de líderes indígenas en Colombia, Ecuador y Perú. En Perú, 10 de los asesinatos se registraron contra líderes que denunciaban la invasión de sus tierras por parte de grupos criminales dedicados al sembrío de coca para el narcotráfico. Una de las últimas víctimas ha sido Benjamín Flores Ríos, del pueblo indígena kakataibo, en la provincia de Atalaya, región Ucayali, muy cerca a la frontera con Brasil.

Colombia, según el último reporte de la organización Global Witness, lidera la lista de países de asesinatos a líderes indígenas con 60 muertes. Esta cifra representa casi el doble de asesinatos registrados en 2021.

En un 84% de la región amazónica los líderes sociales enfrentan riesgos de acuerdo a la Defensoría del Pueblo colombiana. Y una de las causas es la oposición a la siembra de cultivos de coca, especialmente, en el Bajo Putumayo, en la frontera con Ecuador, y en la cuenca del río Caquetá, donde además los Comandos de Frontera y el frente Carolina Ramírez se disputan el control.

En Ecuador, en los últimos años, las muertes de líderes indígenas han estado vinculada a su rechazo a proyectos petroleros y mineros. Entre 2009 y 2014, por lo menos, tres dirigentes amazónicos de ese país fueron asesinados por oponerse a estos sectores. Sin embargo, en febrero de este año, Alberto Quiñónez junto a su sobrino de 12 años —ambos de la comunidad indígena Chachi— murieron al caer a una quebrada luego de que el auto donde viajaban fuera baleado.

El asesinato ocurrió en Esmeraldas, provincia ecuatoriana ubicada en territorio limítrofe con Colombia y amenazada por el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación. En el lado colombiano de esta localidad se encuentran amplios cultivos de hoja de coca. Aunque los cultivos de hoja de coca no sean la principal causa de la deforestación en la Amazonía andina, sí constituyen una de las actividades que más rápido se están extendiendo, y en muchos casos, como ocurre en Perú y Ecuador, con mucha violencia. Esta nueva configuración del crimen, tras la desmovilización de las FARC y el avance de las organizaciones criminales de Brasil, suponen nuevos desafíos para la protección de los bosques y sus principales defensores, los pueblos indígenas.

Al otro lado, en Colombia, el surgimiento de enclaves altamente tecnificados, como señalan los investigadores, también está dejando por fuera del negocio a muchos pequeños campesinos con procesos más artesanales que dependían de estos ingresos y ahora quedan fuera, generando una severa crisis económica en estas localidades.