La huella de las petroleras chinas en Ecuador: quema de gas y daños ambientales

Si se habla de cambio climático, una potencia mundial es, por sí sola, responsable de la emisión del 27 por ciento del dióxido de carbono y de un tercio de los gases de efecto invernadero de todo el planeta, según un informe del Banco Mundial. Casa adentro, China ya sufre los efectos: inundaciones costeras, marejadas ciclónicas, erosión... Si no adopta medidas drásticas, en 2030 podría enfrentar pérdidas estimadas entre 0,5 y 2,3 por ciento de su PIB.

Esa nación se comprometió a llegar al máximo de sus niveles de emisión antes de 2030 y lograr la neutralidad de emisiones para 2060. Una de las recomendaciones que formula el documento es “garantizar una transición justa para las regiones y comunidades más afectadas por la eliminación de los combustibles fósiles”.

China extrae combustibles fósiles en la Amazonía ecuatoriana. Dos empresas constituidas en Ecuador, con capitales chinos, han sido observadas por su impacto ambiental, en distintas instancias. Se trata de PetroOriental y de Andes Petroleum. Ambas son compañías filiales.

La primera fue demandada por su incidencia en el cambio climático. El recurso judicial constituye un hito en el país. La comunidad waorani Miwaguno denunció a PetroOriental SA por la quema y venteo de gas en los mecheros del Bloque 14, durante la extracción del petróleo. La contaminación atmosférica tiene efectos directos en el cambio climático, según la demanda revisada por esta alianza.

En cambio, la firma Andes Petroleum, filial de PetroOriental y constituida también con capitales chinos, habría provocado 59 pasivos ambientales desde el inicio de sus operaciones en 2006. Su relación contractual con el Estado ecuatoriano fue modificada en noviembre de 2010. La nueva modalidad contractual arrancó en 2011 y debe terminar a fines de 2025.

Pero dos años antes de que concluya el convenio, el gobierno saliente de Guillermo Lasso estaría realizando una renegociación anticipada, sin tomar en cuenta los pasivos ambientales, según fuentes consultadas por esta alianza. Según esta alerta, la administración de Lasso debería abstenerse de extender el plazo del contrato para la extracción del crudo en el campo Tarapoa(bloque 62) y más bien los candidatos presidenciales deberían empaparse de este tema, para tomar decisiones que beneficien al Estado.

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“En agosto era la época seca, porque todo se secaba (...) aparecía y reventaba el algodón. Se secaban los ríos y las quebraditas y se morían los peces y aparecían los puercos (guancanas) a comerse los peces muertos. En septiembre florece todo y en febrero llueve. Ahora noviembre y diciembre llueve. Ahora no se sabe cuándo es tiempo de lluvia o sequía, todo cambia”.

Éste es uno de los testimonios que sustentaba la demanda de la comunidad waorani de Miwaguno contra PetroOriental SA, subsidiaria de las gigantes firmas China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petrochemical Corporation (Sinopec). La demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2020, ante la Corte Provincial de Justicia de Orellana. Fue un hecho sin precedentes, considerado histórico, porque un grupo de denunciantes llevó a una firma petrolera china al banquillo. El argumento: su posible contribución al cambio climático.

Los demandantes dejaban claro el objetivo del recurso que presentaban, que era una acción de protección. “Desde ya podemos anticipar que nuestra pretensión no es el cierre de las operaciones del Bloque 14, sino detener la quema y venteo del gas que ahí se produce. Como quedará demostrado, esto es algo totalmente factible y que, si bien requerirá una inversión y tiempo, ninguno de estos puede ser un obstáculo para que la accionada cese el acto que viola los derechos que aquí invocamos”.

La demanda fue presentada en el marco de un conjunto de acciones coordinadas con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), de la cual Acción Ecológica es contraparte en Ecuador, según explicó a esta alianza Ivonne Yánez, representante de Acción Ecológica, una de las impulsoras de la demanda. FIDH representa a 192 organizaciones en 117 países.

Alex Almeida, quien también impulsó la denuncia, explicó en entrevista que la comunidad waorani está consciente de las afectaciones, consistentes en los cambios de estación, inundaciones y otros problemas. En el texto de la demanda se incluye un testimonio revelador:

“Ocurrió una inundación del río Miwaguno en junio del 2020, creció de noche, inundó las casas, algunos nadaron. Inundó hasta la mitad, duró una semana. Casas se partieron, debajo de las casas se partió la tierra. Hubo daños a los cultivos, cacao, yuca, plátano, café se murió. El cacao no carga cuando se moja mucho, recién ahora (octubre 2020) está secando y la tierra empieza a producir. Todo quedó podrido, no tienen que tomar, la yuca quedó podrido. Instituciones como la Junta Parroquial, el Consejo Provincial, el FEPP, la fundación Labaka les dio comida (arroz azúcar, aceite). Hasta ahora tienen hambre. Yuca y plátano hay poco, recién están volviendo a sembrar. La fundación Labaka les dio camas”.

Según la demanda, antes de la actividad petrolera, “se podían encontrar pájaros como el papagayo, pescados en los ríos, monos, tigre, boa, etc». Cuando los Waorani iban de cacería encontraban guanganas. Usaban bodoquera, esto lo practicaban los hombres ya que tenían el dominio de la lanza. Los testimonios que sustentaban la denuncia señalan que con la presencia de petroleras se colocaron mecheros “hubo cambios grandes en el mundo Wao. Estamos tristes, dan ganas de correr por estos cambios”. “La escasez de productos silvestres y la baja productividad de la tierra han ocasionado que la disponibilidad de alimentos y la dieta de los waorani se vean afectadas”. Miembros de la comunidad migraron. “Con estos testimonios, que tienen pleno valor probatorio como fuente de conocimiento ancestral, queda demostrada la afectación que sufrimos los accionantes y nuestros pueblos a causa del cambio climático”.

Según los demandantes, “Nos enfrentamos a una alteración del flujo de energía, pues el carbono presente en la atmósfera ha aumentado un 42 por ciento debido a la combustión de combustibles fósiles, de la cual es responsable parcialmente la empresa accionada. Este incremento de carbono en la atmósfera causa un fenómeno conocido como efecto invernadero”. El efecto invernadero, dice la demanda, es el fenómeno que permite al planeta mantener una temperatura ideal para que exista vida y depende del balance energético del planeta.

La defensa de la empresa argumentó que ésta “ya tiene en marcha un plan para reducir el uso de mecheros, utilizar el gas que se produce al extraer el petróleo”. Además, insistió en que la comunidad Miwaguno “no está en el área de influencia del bloque 14 ni de las dos estaciones que tienen los mecheros”. Según su explicación, la estación Nantu está de cuatro a siete kilómetros y la estación CDP tiene otro mechero, a 6,4 Km. Según la defensa, la empresa china invirtió 23 millones de dólares entre 2012 y 2020 para instalar sistemas que reduzcan la quema de gas. Para cuantificar, la firma aseguró que PetroOriental emitió menos de uno por ciento de gas lanzado por todos los mecheros en el país.

Durante el proceso la defensa argumentó que un carro genera nueve toneladas de CO2 en un año. En 2018, en Ecuador circulaban 2,4 millones de carros, lo que implicaría emisiones anuales de 21,6 millones de toneladas.

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Para Ivonne Núñez y Alex Almeida, el proceso dejó un cúmulo de enseñanzas y experiencias. Una de ellas, por ejemplo, los ancianos wao debían comparecer por medios telemáticos porque el proceso se sustanció durante la pandemia. Las diferencias culturales sobre la perspectiva del tiempo en la cosmovisión waorani también pesaron, durante las comparecencias. “Antes” para los waoranis no representa una noción de pasado, sino que puede ser comprendido como algo ocurrido apenas hace un momento.

La jueza de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia del cantón Francisco de Orellana no dio paso a la demanda. Los miembros de la comunidad desistieron de apelar. Los demás demandantes optaron por el mismo camino, pero creen que este caso puso en el tapete la discusión sobre el papel de las petroleras chinas en el cambio climático, mientras en su propio país toman decisiones radicales.

La empresa Andes Petroleum opera el campo Tarapoa o bloque 62, lo que, de hecho, la convierte en un actor estratégico en la industria hidrocarburífera nacional. Se trata del mayor inversionista extranjero en el campo petrolero en Ecuador.

Andes Petroleum, constituida con capitales de las firmas Sinopec y CNPC, inició operaciones en 2006. La modalidad contractual con el Estado ecuatoriano fue replanteada a fines de 2010, mediante la firma de un nuevo acuerdo en noviembre de ese año. Diversos estudios académicos revisados por esta alianza revelan que el cambio de fórmula fue beneficioso para el Estado mientras el precio del barril de crudo se mantenía en altos niveles. A medida que los precios fueron declinando, fenómeno que se intensificó desde 2014, la relación dejó de ser positiva, de acuerdo con varios autores.

Respecto al pago de tarifas, el Estado le pagaba a Andes Petroleum “dos y tres veces más que los costos de producción de Petroecuador”, según el analista petrolero Henry Llanes. En una carta de nueve páginas entregada al presidente Guillermo Lasso, el viernes 23 de junio, Llanes advierte al mandatario que en su administración se pretende una renegociación anticipada del contrato con Andes Petroleum. Aquello ocurriría, alerta, un año y medio antes de que fenezca el convenio (diciembre de 2025) y sin tomar en cuenta los pasivos ambientales.

Los dirigentes de la Asamblea Ciudadana del Cantón Cuyabeno determinaron que la operación de la firma china en los campos Tarapoa y Bloque Sur causó 59 pasivos ambientales. “En los ecosistemas de las zonas de influencia de Cuyabeno, los mismos que no han sido remediados”. Entre las afectaciones, se señalan problemas en la salud por contaminación ambiental, así como destrucción de cultivos y muerte de animales domésticos. Los efectos fueron detectados en 12 comunidades colonas y siete comunidades indígenas. Entre ellas, las comunidades Tarabeaya, San Victoriano y Puerto Bolívar de la nacionalidad Siona; Platas de Cuyabeno y Zancudo, de la comunidad Kichwa; Pakuya y Sábalo, de nacionalidad Cofán; comunidad Wais, de la nacionalidad Siekopai; y, comunidades Taykiua y Charap, de la nacionalidad Shuar.

“Resulta inconcebible que se quiera renovar el contrato con Andes Petroleum, por 15 años más, con el argumento de que el Estado le debe a la contratista 200 millones de dólares, así como, porque la compañía invertirá una cantidad similar en el nuevo período de vigencia del contrato. Se trata de una inversión insignificante que surgirá de los mismos yacimientos”.

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El candidato presidencial Fernando Villavicencio exhortó al gobierno de Lasso a dejar en suspenso cualquier intento de extensión del plazo, advirtiendo que el Estado paga 42 dólares por cada barril extraído, lo que convierte a esta operación en perjudicial para el país.

Aún más, Henry Llanes pidió que todos los candidatos presidenciales se empapen de este tema, por su gravedad y trascendencia, para que el triunfador de las elecciones de agosto de 2023 pueda tomar decisiones acertadas.

Andes Petroleum es además accionista del 40 por ciento del Oleoducto de Crudos Pesados, OCP. El contrato con el Estado fenece en septiembre de este año. Según Llanes, bajo el argumento de que no hay recursos públicos para construir la variante del OCP, se renovarían a dedo los contratos.

Sin embargo, la empresa Andes Petroleum afirma que su actividad ha sido positiva para el país. En un artículo difundido en 2020, con motivo de los 14 años de presencia de la firma en el Ecuador, su principal, el ingeniero geólogo Hu Quan defendía el aporte y el beneficio de la relación entre el Estado y la petrolera, a la cual calificó como un “ganar-ganar”.

Explicaba que la empresa llegó en 2005, para hacerse cargo del bloque que estaba en manos de la saliente Encana. Y detallaba que luego de 2011, cuando se redefinió el modelo contractual, se aplicaron técnicas de avanzada para descubrir nuevos yacimientos de crudo, lo que efectivamente ocurrió. Esto, en un área que venía siendo explotada desde los años 70s y por tanto se considera zona de campos maduros, sería positivo, según este argumento.

Entre 2006 y 2019, la empresa invirtió más de 485 millones de dólares en exploración.

“La empresa se caracteriza por una gestión limpia, impoluta e indiscutible en sus estándares de cuidado y de producción”. Detalló que en ese mismo período, entre obras sociales como voluntariado y siembra de árboles, la empresa promovió 128 mil atenciones médicas comunitarias, y contribuyó al bienestar de seis mil niños y jóvenes.

Es la más grande inversión petrolera extranjera en el país, señaló.

En un reporte publicado en medios públicos chinos, la empresa afirmaba haber prestado atención médica a la comunidad, durante la pandemia por Covid-19. A inicios de 2022, la contribución de esta firma al país se estimaba en 9.413 millones de dólares, lo que incluye, impuestos, regalías, producción y ganancias compartidas.

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