El crudo del Yasuní alimenta al dragón chino

Bajo la selva, en el Yasuní, el petróleo brota espeso. Parece brea. No tiene la calidad que los técnicos esperaban. Sacar crudo aquí fue «una desilusión», confesó el ministro Fernando Santos a un medio radial. Ishpingo es la tercera y última fase de explotación del bloque 43. Un área sensible en éste, uno de los lugares más biodiversos del planeta. La última plataforma de perforación, Ishpingo D, está a 127 metros de distancia de la zona protegida, de amortiguamiento.

La institucionalidad ecuatoriana tardó diez años en viabilizar una consulta popular para que los ciudadanos se pronunciaran. La pregunta es simple: ¿Se debe dejar o no el petróleo del bloque 43, que se encuentra en el Parque Yasuní, bajo la tierra?

En realidad, la decisión debió ser tomada con criterios técnicos y más de una década atrás, luego de oír a expertos en sostenibilidad, ambiente, biodversidad y estudiosos de los pueblos indígenas en aislamiento. En el diálogo debieron participar técnicos en petróleo sin sesgos políticos.

En lugar de ello, el Gobierno de la época (Rafael Correa) manejó el tema ITT con un tinte politizado y populista. Clientelar. Primero anunció un ambicioso plan para recaudar, vía donantes extranjeros, la mitad de los recursos que generarían esas reservas, a cambio de dejarlos en los yacimientos. La cereza de pastel de esa iniciativa: se evitarían emisiones contaminantes; además, se preservarían la selva y el Parque Nacional Yasuní. La propuesta no tuvo los resultados esperados, ni hubo respuesta masiva de los donantes.

Por eso tomó cuerpo la segunda opción y se inició la explotación. Las reservas eran tremendamente prometedoras, según las cifras oficiales. Esos recursos, se decía, ayudarían a combatir la pobreza. En 2013, el Legislativo que entonces era afín a ese gobierno autorizó por mayoría de votos iniciar la actividad petrolera en esa zona biodiversa. Previo a eso se justificaba, con mapas alterados para el efecto, que el área no era un corredor de paso de los últimos pueblos indígenas en aislamiento.

Todo indica que explotar el ITT no era el plan B, sino el plan A; la primera opción. Desde el inicio del correísmo, el gobierno recibía a manos llenas créditos de origen chino. En marzo de 2007 se firmó un acuerdo de entendimiento entre el gobierno ecuatoriano, Sinopec, Petrobras de Brasil y Enap de Chile. El plan de operación para el desarrollo y la producción de los campos del bloque ITT contemplaba ocho cláusulas; fue elaborado por Sinopec, según el académico Omar Bonilla Martínez, en el informe «La geopolítica petrolera de China en Ecuador y el área andina».

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La llegada de préstamos frescos de China estaba atada, según este análisis, a la participación de empresas de esa nación en la explotación del ITT. Un elemento adicional: la única firma autorizada para explotar el bloque es Petroamazonas. Sin embargo, se incorporó la figura de «contratación de servicios específicos integrados», mediante la cual se podían entregar las actividades de sísmica, perforación, transporte, seguridad, limpieza, a una sola compañía. Desde esta perspectiva, el objetivo del cambio normativo habría sido beneficiar a empresas chinas en este bloque.

Hoy, cuando la consulta popular podría revertir las cosas, se confirma que entre las mayores beneficiadas con la explotación en el Parque Yasuní estarían varias empresas chinas y sus operadores locales.

En 2016, en una inspección al área Tiputini, que fue la primera en operar en el bloque 43 o ITT, periodistas de esta alianza constataron que la empresa a cargo de la perforación en esa primera fase era Sinopec. Los operadores de campo chinos explicaban, en perfecto inglés, que la actividad era altamente técnica, ya que se utilizaba el método de perforación de racimo. Una sola torre abarca varias líneas subterráneas de extracción, que se extienden bajo la tierra en forma de un racimo. Las líneas bajo la tierra pueden alcanzar hasta 2,5 kilómetros de distancia. Eso evita la proliferación de torres sobre la superficie.

Durante esa visita, técnicos de la empresa petrolera ecuatoriana explicaban todas las «salvaguardas ambientales» para preservar ese entorno delicado, y a sus especies protegidas.

China Petrochemical Corporation (también llamada Sinopec) no era para entonces una empresa desconocida en Ecuador. A cargo de la sísmica en el bloque 62, su actividad afectó a la comunidad Siekopai – Secoya cuando instaló un campamento petrolero en pleno corazón del centro cultural secoya. En él habitaban menos de 650 personas de la comuna San Pablo, mientras que los trabajadores extranjeros eran aproximadamente 150 en forma permanente, según explica el experto Omar Bonilla Martínez. El estudio de la Clínica Ambiental, citado por Bonilla, refiere que la presencia de trabadores chinos de Sinopec en la comunidad indígena disparó los casos de alcoholismo y violencia intrafamilar.

China National Petroleum Corporation (CNPC), otra empresa petrolera, fue la primera en llegar a la Amazonía ecuatoriana, en 2003.

Con capitales de CNPC y Sinopec se formó otra firma en Ecuador, Andes Petroleum. Las violaciones a derechos laborales que ésta habría cometido a partir de 2007, con el despido de trabajadores, en los bloques Shiripuno 14 y 17 están documentadas por la Clínica Ambiental.

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Para 2020, días antes del inicio de la pandemia, Petroamazonas anunciaba la adjudicación de un contrato de prestación de servicios específicos integrados para la perforación y completación de 24 pozos nuevos en las plataformas B y D de Tambococha. Ésta es la segunda fase del bloque 43. Según la información oficial, se invertirían 148 millones de dólares en los nuevos y se incrementaría la producción en unos 7.500 barriles por día.

Dos empresas chinas participaron: Sinopec y una filial de CNPC, la Chuaquing Drilling Engineering Company Limited, cuyas siglas son CCDC. «A ésta última se le adjudicó el contrato, por cuanto presentó la oferta económica más baja». El criterio de selección, según el documento oficial ecuatoriano, no fue el ambiental ni el tecnológico, sino el económico.

En esa misma línea, la CDCC filial de la CNPC se adjudicó en febrero de 2022 el contrato para perforar 40 pozos en las plataformas A y B de Isphingo, la tercera y más sensible fase del bloque. Según las bases del concurso, el presupuesto referencial para el contrato era de 211 millones de dólares. Dos meses más tarde, en abril de 2022, brotó el petróleo de este campo. Las imágenes del inicio de operaciones muestran al presidente Guillermo Lasso sonriente, con el entonces gerente de Petroecuador, Italo Cedeño. En círculos petroleros no era un secreto que Cedeño había sido gerente adjunto de la firma CNPC en su larga trayectoria profesional. Cedeño fue destituido de cargo cuatro meses después del arranque en Ishpingo, en agosto de 2022, tras denuncias según las cuales nombraba y destituía funcionarios por consejo e injerencia directa de su esposa. Esta alianza intentó localizarlo, pero no obtuvo respuesta.

El hecho es que en febrero de 2022, antes del inicio de operaciones de Ishpingo, los campos Tambococha y Tiputini en conjunto producían 55.710 barriles en el día. Un año más tarde, cuando está en pleno funcionamiento el campo Ishpingo, la producción del bloque 43 no supera los 55 mil barriles por día.

¿Para qué sirvió el inicio de la operación en la zona más sensible? Al parecer la única que obtuvo beneficios fue la china CDCC que ganó el contrato. El valor actual de la perforación en Ishpingo supera los 300 millones de dólares, según documentos revisados por esta alianza.

Las cifras opacas de la operación en esta zona sensible de biodiversidad salieron a la luz durante las comparecencias de todos los actores públicos y privados, ante la Corte Constitucional. Este organismo tiene nueve jueces. Ellos escucharon en audiencia pública a todos quienes tenían elementos que aportar, a favor o en contra, antes de decidir la viabilidad de la consulta popular.

La tesis favorable a realizar la consulta popular se impuso, aunque no en forma unánime. Durante la audiencia, técnicos de la estatal petrolera explicaron que en Ishpingo, «encontramos un crudo extrapesado, tipo melcocha». Y advirtieron que se necesitarían «tecnología e inversiones» para obtener el recurso.

Los representantes del Estado coincidieron en señalar que el bloque 43 genera aproximadamente el 14 por ciento del total de crudo que el país produce. Sin embargo, no pudieron explicar cuánto de este recurso se destina al gasto social para cumplir con la oferta de terminar con la pobreza.

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En seis años de operación del bloque 43 se generaron 122 millones de barriles de crudo que produjeron 6.700 millones de dólares al Estado. Según técnicos de Finanzas, al suspender las actividades la afectación económica alcanzará 7.967 millones de dólares y tendrá impactos sobre la economía nacional. Aún más, pronosticaron que de suspenderse la actividad no se alcanzará el valor del producto interno bruto previsto para este año ni el porcentaje de crecimiento real del PIB, previsto en 3,1 por ciento.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) dejarán de percibir 331,58 millones de dólares: ellos hicieron sus presupuestos basados en un cálculo de ingresos que dejarían de recibir, alertaron técnicos de Finanzas.

La decisión de realizar la consulta popular abre un escenario. Si triunfa el sí y se suspenden las operaciones, la petrolera estatal tendrá un año para el desmontaje de actividades en la zona. ¿Qué pasará con los contratistas? ¿Tendrán derecho a reclamar medidas de reparación? Los comparecientes durante la audiencia no supieron explicar con claridad el escenario, pero esta posibilidad habría sido el argumento que esgrimieron los vocales que dieron el voto de minoría, en contra de la consulta.

Si se suspende la operación del bloque 43, ¿el país tendrá dificultades para cumplir sus compromisos petroleros? El dictamen de la Corte deja sentado que los contratos «no corresponden a un solo bloque específico o determinado». Hasta diciembre de 2027 está comprometido bajo la figura de preventa un monto significativo: 101,8 millones de barriles de petróleo. De ocho contratos bajo esa modalidad, tres corresponden a Petrochina. El país asiático sació su sed de crudo de la selva ecuatoriana.