Sector de la construcción busca recuperarse
Para superar el impacto de la pandemia, la industria solicita estabilidad para impulsar la reactivación plena. Se espera que el gobierno escuche sus propuestas y se hagan reformas en la Ley de Contratación Pública.
La construcción es uno de los sectores productivos más golpeados por la pandemia. El segmento que en el 2019 fue uno de los cinco principales generadores de ingresos y empleos para el país, sufrió un impacto negativo del 4,6 por ciento en su Valor Agregado Bruto entre marzo y diciembre del año pasado, según el Banco Central del Ecuador.
La baja inversión del Estado en obra pública y la reducción de las reservas de vivienda han afectado a todo su encadenamiento productivo, siendo la pérdida de plazas de trabajo una de las consecuencias más visibles. Del 16 de marzo del 2020 al 8 de abril del 2021, el Ministerio de Trabajo reportó la generación de 83.390 actas de finiquito en este sector.
Si bien esta industria fue una de las primeras en reanudar sus actividades tras el confinamiento, a decir del presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, Carlos Repetto, hasta la fecha no se ha podido alcanzar una reactivación importante, esto a pesar de que algunos proyectos habitacionales se han retomado.
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La inestabilidad en torno a los programas de vivienda VIS (Vivienda de Interés Social) y VIP (Vivienda de Interés Popular) en el país generan incertidumbre en constructores y clientes, lamenta el directivo. El intento del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) por aumentar la tasa de interés de 5,99 al 6,70 por ciento a los préstamos hipotecarios para casas de hasta 91.368 dólares fue una muestra de ello.
“Subir una tasa de interés es contraproducente en un mercado deprimido, pues significa que quienes quieren adquirir una vivienda deben tener más recursos, felizmente la medida se desechó”, afirma.
Para el vocero de Constructores Positivos, Joan Proaño, la tasa de interés es un factor clave para el aumento de la demanda de vivienda. Muestra de ello es la reactivación del segmento VIS y VIP, en los cuales, la tasa de interés subsidiada que ofrece Mutualista Pichincha (4,99 por ciento) y el Biess (5,99 por ciento) ha logrado dinamizar el mercado.
“Las viviendas de interés social de menos de 40.000 dólares son un producto que tiene demanda, pero no hay oferta, porque para llegar a esos precios el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda puso muchos requerimientos (al constructor) para calificar a ellas y es muy complicado llegar a esos valores. De 40.000 a 70.000 dólares sí hay más movimiento y tiene una buena recuperación”, manifiesta.
Obra pública
El sector de la construcción está conformado por los segmentos inmobiliario (28,3 por ciento de participación) y de obra civil o pública (72,7 por ciento), esta última cayó debido a la disminución de la inversión por parte del gobierno central y los seccionales.
La falta de obra pública ha producido un gran impacto en el sector. Según datos del Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP, los montos ejecutados para el 2020 alcanzaron los 5.072,5 millones de dólares, mostrando un decrecimiento del 16,38 por ciento en comparación al 2019.
El sistema de contratación pública -a decir del gremio constructor- ha constituido una piedra en el zapato para el segmento, pues no da cabida a la libre competencia ni a la transparencia en los procesos. Para que no se den desigualdades en derechos y obligaciones entre contratantes y contratistas, y se elimine la subjetividad y discrecionalidad normativa y administrativa, la Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) cree necesaria una reforma integral al SERCOP.
“Las diferentes leyes establecidas por cada gobierno para la contratación pública, la burocracia, crédito limitado, falta de desarrollo inmobiliario y coimas que se han presentado para la contratación, han sido las causantes para que el sector haya decaído y no se haya logrado promover soluciones habitacionales”, asegura su presidente, Leopoldo Ocampo.
Desde la institución -expresa- se ha propuesto eliminar el SERCOP y que sus atribuciones y obligaciones pasen a la Contraloría General del Estado, para que sea esta la que ejecute un control preventivo, recurrente y post-contractual entre contratantes y contratistas. Asimismo, se plantea retomar el principio de ‘mora purga la mora’ en el cumplimiento de las obligaciones contractuales o de la irrenunciabilidad del derecho al reajuste de precios, que, en muchos casos, puede ser positivo o negativo matemática y económicamente para los contratistas.
La propuesta es compartida por el Presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, quien recalca que la reforma permitirá que se cumpla con los estándares y que las entidades contratantes no tengan que hacer frente a imprevistos económicos durante la contratación. De la misma forma, en pos de reactivar al segmento inmobiliario y de reducir los costos, propone que se permita a las constructoras aumentar la densidad al momento de construir con el fin de disminuir el precio unitario de vivienda. La normativa actual estipula que de cada 100 m2 urbanizados solo se puede vender 65 m2.
Otro pedido es que se acepte el uso de un sistema mixto para las instalaciones eléctricas (soterradas y aéreas) y que las áreas comunes de las urbanizaciones puedan ser entregadas en comodato, a fin de que generen ingresos para su mantenimiento. Necesidades a las que se suma la reducción de la tramitología para la aprobación de proyectos urbanísticos.
“Sabemos que la situación económica es complicada y que no va a haber milagros, pero estamos convencidos de que podemos realizar un trabajo de manera conjunta que puede ayudarnos a sacar al país adelante”, enfatiza Joan Proaño.