Sector camaronero demanda mayor seguridad para la actividad

Desde hace algunos años la in­dustria camaronera ecuato­riana viene afrontando un grave problema de inseguri­dad en toda su cadena productiva. De acuerdo con los registros de la Dirección de Seguridad de la Cáma­ra Nacional de Acuacultura (CNA), del 2017 al 2020 se registraron al menos 12 muertes violentas relacionadas al sec­tor, más de 90 heridos en cerca de 200 actos delictivos y pérdidas de producto superiores a los 4,5 millones de dólares.

En lo que va del 2022, no se han re­portado actos delictivos a la Dirección de Seguridad de la CNA por parte de sus empresas afiliadas. Sin embargo, el año pasado se contabilizaron 13 casos en Guayas en vías terrestres y fluviales que dejaron pérdidas por 250.000 dóla­res, así como tres heridos por armas de fuego y cuatro personas contusas. Ese mismo año, la policía desar­ticuló seis organizaciones delictivas que atentaron contra embarcaciones y transportes de carga de producto.

Las provincias afectadas por la de­lincuencia son: Guayas (77%), El Oro (22%) y Manabí (1%). Los ataques se dan por vía fluvial (70%), terrestre (25%) y en isla (5%). En territorio guayasense, por ejem­plo, las organizaciones delictivas ope­ran en los ejes viales: Durán-Tambo, Durán-Boliche, Taura-Churute, Km 26 Naranjal-Recinto 100 filas, Balao y Tenguel, donde se registran robos y asaltos a camiones de balanceado, mientras que en los espacios acuáticos hay 11 puntos en el Golfo de Guayaquil donde hay mayor incidencia de asaltos y robos de embarcaciones. Mientras que en El Oro se contabi­lizan robos de motores fuera de borda y equipos de comunicación o rastreo, los cuales son comercializados ilegal­mente a Perú.

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Actualmente, la Cámara Nacional de Acuacultura solo registra los repor­tes de eventos delictivos en contra de sus afiliados, por lo que estos índices son referenciales, y hay la posibilidad de que un mayor número de delitos es­tén registrados en los indicadores de la Policía y en las denuncias presentadas en Fiscalía.

Esfuerzos privados

Desde el 2017, según detalla la CNA, el sector camaronero destina anualmente más de 60 millones de dólares por con­cepto de seguridad. La inversión incluye: contratación de guardias, cámaras de video vigilan­cia, equipos de monitoreo y rastreo; sistemas de comunicación, infraestruc­tura, entre otros rubros que hoy llegan hasta los 80 millones de dólares.

Mónica Román, socia de la Cáma­ra de Productores de Camarón de El Oro y productora archipiélago de Jam­belí, señala que a pesar de la gran nece­sidad que hay en materia de seguridad, lamentablemente no todos los produc­tores, especialmente los pequeños, es­tán en capacidad de afrontar los gastos que esto conlleva.

Instalar una cámara de vigilancia más una torre de 30 o 40 metros, por ejemplo, puede costar entre 50 y 60 mil dólares; mientras que la contratación de un guardia privado puede llegar a 1.900 dólares mensuales por turno.

Un ejemplo de cómo el sector pri­vado se ha unido para volver más segu­ra la actividad es el accionar de la Aso­ciación de Camaroneros Fronterizos de Huaquillas, (ASOCAM), esta agru­pación conformada por 138 socios co­menzó en el 2019 una iniciativa para brindar seguridad y monitoreo a las más de 1.000 hectáreas de camaroneras en el archipiélago de Jambelí.

Su presidente, Edison Villavicen­cio, cuenta que viendo el riesgo que los socios vivían a diario se organizaron y con autogestión desarrollaron un pro­yecto, que en cuatro etapas dotará de 25 cámaras al archipiélago. La primera ya está en marcha con el funcionamiento de cuatro cámaras, las cuales son monitoreadas 24/7 a do­ble turno. Las llamadas de auxilio son atendidas por la Infantería de Marina, pues recalca que su acción es disuasi­va y no busca enfrentamientos con los delincuentes.

La ASOCAM cuenta además con personal de seguridad y cuatro botes con motores rápidos con los que custodian las embarcaciones de los agremia­dos que salen con carga y auxilian a los botes de turismo. Para mayo próximo entrará en fun­cionamiento la segunda etapa del pro­yecto con la instalación de 11 equipos más, con los que se espera cubrir los rincones con más problemas de la isla. Villavicencio señala que gracias a este trabajo se ha logrado reducir en un 80 por ciento los actos delincuenciales.

“La inseguridad nos afectaba muchísi­mo nos robaban los motores, se metían en las fincas, nos atarrayaban y se lleva­ban los equipos y la producción deján­donos a veces sin nada... en vista que no hemos tenido el respaldo de las au­toridades nos organizamos y con auto­gestión nos estamos protegiendo con recursos propios”, resalta.

La inversión del proyecto de la ASOCAM bordea el millón de dólares, a futuro el gremio aspira tener un heli­cóptero para las labores de patrullaje y asistencia de emergencia.

Pedidos

Mónica Román recalca que no exis­te una estructura global para el mane­jo de la seguridad en el sector camaro­nero. Para esta productora es necesario crear leyes firmes que lo amparen, y entre los pedidos que hace está un ma­yor presupuesto, personal, patrullaje, tecnología y embarcaciones adecuadas para la custodia, tanto en mar abierto como en el perfil costero.

Otra necesidad es la instalación de cámaras de vigilancia para el monito­reo y que se derogue el cobro del 300 por ciento del Impuesto de Consumos Especiales para poder renovar las ar­mas del segmento, pues gran parte de las que tienen están obsoletas. Pide también que se incluya un in­dicador de ‘delitos acuícolas’ en el Cua­dro de Mando Integral, para tener un análisis real de los ataques contra los camaroneros.

Este mismo pedido lo hizo la Cá­mara Nacional de Acuacultura en ene­ro pasado, cuando se reunió con las autoridades para discutir el tema de seguridad, entre las propuestas que se abordaron estuvieron también la crea­ción de una unidad encargada de los delitos acuáticos (similar a la del abi­geato); patrullaje permanente en La fragata, un punto importante de em­barque y desembarque de producto.

Asimismo, se solicitó que aero-po­licial tome en cuenta la orden de ope­raciones para realizar control aéreo so­bre el Golfo, especialmente en aguaje; mayor presencia del grupo GEMA en el puerto, el cual ha permitido neutrali­zar acciones de estructuras delincuen­ciales; impulsar el trabajo de los gru­pos de inteligencia, a fin de identificar y desarticular estructuras delictivas; así como presencia policial en corredores viales terrestres (Guayas-El Oro-Gua­yas y Manabí-Esmeraldas), para evitar asaltos a los transportes que llevan pro­ductos, especialmente del camarón que sale de Pedernales.

“La inseguridad resta competiti­vidad porque la inversión en seguri­dad es alta y la asume el sector privado, costos que encarecen las operaciones y cada vez son mayores”, manifiesta la Cámara Nacional de Acuacultura.