Bananeros latinoamericanos piden responsabilidad compartida en el negocio
2020/11/0511:24H.
El negocio mundial de banano se determina por la calidad de la fruta, la eficiencia de la gestión logística y por el precio. Estos factores inciden para que el producto sea comprado en percha en los diferentes países y que todos los integrantes de la cadena de valor logren una ganancia.
Sin embargo, las condiciones actuales del comercio han cambiado por el impacto del COVID-19 en la economía global y por la caída de la cotización del barril del petróleo.
En este escenario, la cadena de supermercados ALDI anunció la reducción del precio que pagará por la caja de banano a los diferentes proveedores.
Esa decisión generó el rechazo de los productores de Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica, quienes denunciaron la actitud de la compañía al calificarla de "doble moral".
"El discurso de ALDI abraza la sustentabilidad y, sin embargo, existe una gra discrepancia entre su imagen hacia los consumidores y sus acciones con los productores", destaca un comunicado de cinco organizaciones bananeras latinoamericanas.
Según los gremios, la compañía solicita fruta bajo certificaciones de sustentabilidad, pero dichos costos para los cultivos de este tipo corren exclusivamente por cuenta de los productores, mientras que el resto de actores de la cadena de valor evade cualquier responsabilidad.
Por ello, resaltan que las negociaciones de este tipo, donde se propone pagar menos por caja de banano de parte de los grandes compradores en los mercados de destino, pone en peligro la subsistencia de los productores.
"El comunicado de ALDI contradice la posición del gobierno de Alemania de garantizar 'relaciones justas' entre los actores de la cadena alimentaria, y contradice también los objetivos de la Unión Europea de avanzar hacia una transición sustentable", indican las organizaciones.
Ante esta situación, solicitan que exista una legislación en este ámbito para lograr que toda la cadena productiva de la fruta sea sustentable económica, social y ambientalmente, mediante una responsabilidad compartida efectiva, que redistribuya los costos asociados a la sustentabilidad.