Violencia obstétrica en mujeres indígenas: el reto de parir en medio de malos tratos

Desde tratos humillantes hasta cesáreas injustificadas o procedimientos médicos que no son informados a la madre en medio del parto; según el INEC, 48 de cada 100 mujeres han experimentado algún hecho de violencia gineco-obstétrica en Ecuador. Pero la situación empeora cuando se trata de mujeres pertenecientes a minorías étnicas.

Fue el caso de Katherine Sánchez, quien a sus 26 años ha pasado por tres embarazos, dos tuvieron un trágico final pues perdió a sus hijos. La joven oriunda de Cotacachi y de nacionalidad indígena recuerda que la primera pérdida fue porque no llegó pronto al hospital, su hija tomó agua de fuente y tras permanecer un mes en la incubadora falleció.

Pero esto no le quitó la esperanza de ser mamá, entonces, a los 22 años se embarazó nuevamente sin imaginar que perdería a su hijo a tan solo tres meses de gestación.

“Una madrugada empecé a tener dolores. Al darme cuenta de que me bajaba sangre acudí al hospital, pero esperé varios minutos para que los doctores me dijeran que no pasa nada y me mandaron a la casa”, mencionó la joven, quien estaba desesperada por ayuda, pues no quería perder otra vez a su bebé.

La familia de Katherine llamó a Marta Arotingo, partera de la zona, para que la ayudara a calmar los dolores, pero ya era demasiado tarde. “Recién ahí el doctor me llamó a preguntarme si estaba bien”.

Tras este amargo episodio, la joven quedó con miedo y desilusión, por ello, en su tercer embarazo decidió parir directamente con expertas en alumbramientos ancestrales. Luego de la tormenta que tuvo que pasar, logró tener a su bebé en brazos de forma natural y sin malos tratos.

“Desde mi punto de vista es mejor dar a luz desde casa. En el hospital me sentía incómoda porque ni siquiera nos dan un abrigo y nos tienen desnudas. Nosotras las mujeres nos maltratamos mucho en esos lugares”.

La desatención de los médicos hacia Katherine en su segundo embarazo es violencia gineco-obstétrica, una problemática que afecta al 70% de mujeres indígenas, según la Encuesta de Violencia contra la Mujer del 2019.

Dicho informe señala a Imbabura como la segunda provincia con mayor prevalencia de la violencia ginecológica y obstétrica en Ecuador.

Este tipo de violencia se fundamenta en una relación de poder donde la mujer no tiene voz, no puede decidir ni expresar sus necesidades y deseos. En un momento tan importante de la vida de una persona gestante, como es el alumbramiento, las mujeres quedan anuladas por prácticas médicas que no son decididas por ellas o porque se vulnera su derecho a recibir salud sexual y reproductiva.

En Ecuador no existe una normativa que regule con especificidad las causales de este tipo de violencia. Sin embargo, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres la define como “toda acción u omisión que limite el derecho de las mujeres embarazadas o no, a recibir servicios de salud gineco-obstétricos”.

La violencia gineco-obstétrica es tan antigua como el embarazo, en todo este tiempo se ha naturalizado la idea de que el parto es un acto de sufrimiento que las mujeres deben atravesar sin dolor y sin quejarse. No fue hasta julio del 2019, cuando la Organización Mundial de la Salud reconoció este tipo de violencia.

INDÍGENAS MÁS VULNERABLES

La PhD Elena Burgaleta, coordinadora de la Carrera de Ciencias Políticas de la UISEK, desarrolló una investigación para identificar las causas de esta violencia en la población indígena, donde explica que en Ecuador hay una vulnerabilidad intercultural por tres razones: etnia, género y clase.

Lo que hace que determinados grupos sociales queden totalmente excluidos de las políticas públicas y del acceso a los servicios de salud, y cuando acceden a ellos, lo hacen en condiciones precarias.

Por ejemplo, según la investigadora, “la información sobre la asistencia al parto en mujeres indígenas que viven en comunidades más aisladas y que no hablan castellano, supone un gran obstáculo en su capacidad para decidir cómo quieren alumbrar o tener información sobre el tratamiento que van a recibir”. Para Burgaleta, este derecho a la información sobre su cuerpo y capacidad de decisión queda totalmente anulado.

Agrega que el problema está en la falta de reconocimiento de las mujeres como sujetos y su capacidad de agencia en la toma de decisiones sobre su cuerpo.

Por su parte, Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, señala que muchas veces a la mujer indígena no le gusta ir a parir a un hospital porque las maltratan por su condición económica y étnica, además, les arrebatan todo el control que la mujer debe tener en este proceso.

“En el hospital no hay el cobijo de la familia, de la casa, del rito. El parto en los espacios indígenas es un hecho social, no es un hecho médico, que transmite júbilo”.

Además recalca que no solo las mujeres indígenas son un grupo altamente vulnerable, sino también las mujeres afrodescendientes, quienes están en medio de un entorno machista que les ha hecho creer que sufrir dolores de parto es natural.

“Ponerse en las manos del médico no es cederle la potestad para que haga cualquier cosa, el doctor debe ir informando del estado de salud”.

PARTO ANCESTRAL

Burgaleta cree que es importante articular los conocimientos ancestrales a las prácticas científicas y reconocer, en el caso de la obstetricia, que el parto no es solo una técnica para que nazcan niños/as sanos/as, sino una experiencia vital para las mujeres que incluye cambios en su cuerpo; su estado anímico y psicológico; su sexualidad y sus condiciones de vida.

Sin embargo, las parteras, patrimonio de la humanidad, son cada vez más escasas.

El cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, es uno de los lugares donde aún se mantiene viva la tradición de dar a luz de forma ancestral, aunque hay menos mujeres que se dedican a este oficio.

Una de las parteras más reconocidas de esta zona es Marta Arotingo, quien se vinculó a estos rituales desde muy pequeña porque su madre fue lideresa de la organización que ayuda a las mujeres a parir en 45 comunidades del cantón.

“Ella cuenta que éramos 100 parteras cuando iniciamos este proceso, ahora estamos 49 y seguimos reduciendo poco a poco”.

Pese a que el Ministerio de Salud ha implementado esta práctica ancestral en algunos hospitales públicos, en la realidad estas mujeres llenas de sabiduría ancestral han quedado como meras captadoras de embarazadas.

“El sistema está haciendo que muchas mujeres tengan miedo de ejercer el oficio. Por ejemplo, hacen talleres donde hablan sobre el Código Integral Penal (COIP) y nos explican sobre qué pasaría en caso de que un bebé falleciera en nuestras manos. Al no ser prestadoras de salud las penas son más grandes y eso causa temor”, señaló Arotingo.

Así mismo, señala que incorporar a las parteras en el sistema público no es una garantía, porque no existe predisposición del Estado para rescatar estos saberes ancestrales.

“Deberíamos de tener un buen presupuesto para seguir formando más parteras y que el Estado establezca una normativa en donde se diga que la partera tradicional también es profesional”.

Marta Arotingo comenta que constantemente se topa con casos de madres que han sufrido agresiones en el parto y es cada vez más común que se les practique cesáreas. De cada 10 mujeres que atiende, a siete se les ha practicado esta cirugía.

“Muchas mujeres se quejan del sistema de salud público y privado. Dicen: 'he pagado tanto dinero para que me maltraten'. Les hacen levantar al siguiente día de su parto o les mandan a bañarse. No hay un trato decente a la mujer que está criando una sociedad”.

CESÁREAS INNECESARIAS

La psicóloga Paola Solís, quien dirige a un grupo de madres que han sufrido este tipo de violencia, explica que a la mujer se le arrebata la oportunidad de vivir el embarazo de forma natural, conforme su cuerpo le va guiando.

“El sistema médico lo que hace es imponer una serie de procedimientos muchas veces innecesarios que hacen que el alumbramiento sea complicado. Esto puede generar riesgos para la mamá y el bebé”.

Solís agrega que aplicar una cesárea sin fundamento, también es otra forma de violencia obstétrica. De hecho, la Organización Mundial de la Salud recomienda que se efectúe esta práctica en uno de cada 10 casos, pero en América Latina y el Caribe, las tasas llegan a 4 de cada 10 (43%) de todos los nacimientos.

Ecuador está entre los países con mayor tasa de cesáreas en el mundo, siendo los hospitales particulares los que más practican esta cirugía. Según un informe del INEC, el 84,2% de los nacidos en instituciones privadas fueron por cesárea el año pasado, mientras los partos naturales apenas llegan al 15, 8%.

Pablo Torres, ginecólogo obstetra de un hospital público, comenta que muchas veces a las mujeres no se les pregunta si desean parto normal o cesárea, pese a que esta cirugía debería realizarse en situaciones emergentes.

“A nivel público, tal vez se intenta que la mayoría de los embarazos terminen en parto natural por los protocolos establecidos. Pero a nivel privado, el porcentaje aumenta por la comodidad de los médicos. Es mucho más sencillo programar la operación de acuerdo al tiempo del doctor”.

Torres, quien es médico pro parto natural, reconoció que en el sistema público hay una presión por la cantidad de pacientes que acuden a los centros, lo que provoca que aceleren el parto.

Una muestra de ello es la historia de Andrea Ortega tiene 32 años y vive en Ambato, nunca se imaginó que tener a su primera hija sería una experiencia traumática. Llegó a un hospital del IESS con cuatro centímetros de dilatación y en labor de parto. “Ahí empezó lo que para mí era normal, lo que me habían comentado”.

La mujer se sentía incómoda ante diferentes situaciones a las que fue sometida previo al alumbramiento. Ella quería hablar con su esposo (quien estaba de viaje) o con algún familiar para que le diga que lo que estaba pasando era normal, pero no permitieron que ninguna persona ingresara.

Al ser un parto natural, el personal de salud le decía que camine, pero ella no podía, quería estar agachada por los intensos dolores. Aun así seguían insistiendo incluso con groserías. Entre tanto, Andrea escuchó decir al doctor: “verá que tengo que irme a tal hora”.

Después vino uno de los peores sufrimientos del parto:

“El médico me hizo un tacto y me dijo que la bebé está con sufrimiento fetal. Sin avisarme jaló las membranas que no estaban rotas porque todavía no se había roto el agua de fuente. Eso fue lo más doloroso que yo he sentido en mi vida”.

Inmediatamente empezaron las contracciones, el líquido amniótico estaba verde y había sufrimiento fetal, por lo que ya no podía ser parto normal sino cesárea.

Ante esta dolorosa situación, la mujer se prometió que no volvería a pasar por lo mismo en su siguiente embarazo y que otras mujeres tampoco sufrirían en el parto, por ello se formó como doula, mujeres que aconsejan, ayudan y dan acompañamiento a embarazadas cuando están por dar a luz.

EFECTOS PSICOLÓGICOS

La violencia obstétrica se ha naturalizado tanto que muchas mujeres no logran identificar el malestar o de dónde viene una posible depresión porque creen que es normal lo que vivieron, así lo explica la psicóloga Paola Solís.

“Muchas mujeres continúan con heridas emocionales, psicológicas y físicas que pueden durar años. También incide en la capacidad de cuidar al bebé, en la lactancia y vida sexual de la víctima”.

¿Qué hacer si sufrió violencia gineco-obstétrica? Solís indicó que lo ideal es encontrar un espacio, ya sea en un proceso terapéutico individual o grupal, para compartir todas estas experiencias y trabajar sobre esas emociones, porque va más allá de la maternidad, “afecta su autoestima”.

SANCIONES

La Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres hace referencia a la violencia gineco-obstétrica. Sin embargo, pese a que se publicó en el 2018 aún no tiene un reglamento por lo tanto no está claro cómo se puede aplicar.

Dependiendo del caso, estas prácticas violentas podrían examinarse bajo el Código Orgánico Integral Penal que castiga la mala praxis médica; o recurrir a la vía constitucional por tratarse de una violación de derechos fundamentales, aunque el proceso es más difícil y demorado.

De hecho, en 2019, la Corte Constitucional dispuso al Ministerio de Salud e IESS elaborar una guía de atención a embarazadas y de prevención de la violencia obstétrica, tras analizar un caso de una mujer embarazada que no recibió atención oportuna y especializada en un hospital al momento del parto.

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