Violaron y torturaron brutalmente a niño de 6 años en Naranjal, pero los principales sospechosos están libres
Quemaduras en el pecho, piernas, espalda, pies y cara. Más de 7 intervenciones quirúrgicas y un pronóstico hospitalario grave. Apenas tiene seis años. Su cuerpo frágil y pequeño registra las huellas de un horroroso delito; cometido presumiblemente por su padre biológico y madrastra.
Hasta Vistazo llegaron las imágenes más crueles de la agresión al menor, en la que se evidencian las quemaduras, golpes y afectaciones genitales. Sin embargo, por respeto a la víctima, se decidió no publicar dichas escenas.
Para el juez de lo penal, Wilmer Tapia, se trató de violencia intrafamiliar, pero las imágenes y pericias de la víctima son la escena de una realidad mayor: al niño “lo violaron y lo torturaron”, asegura María Gabriela García, coordinadora zonal 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), institución encargada del caso.
El pequeño, oriundo del cantón Naranjal, provincia del Guayas, fue llevado el sábado 4 de septiembre de 2021 hasta el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil, por la gravedad de sus heridas. Allí los doctores hicieron un doloroso diagnóstico.
“El niño estaba prácticamente muerto. Tenía pus en las vísceras porque los golpes ya eran de bastante tiempo. (...) Cuando fuimos a revisar el caso del niño nos dimos cuenta, a primera vista, que el niño había sido torturado. Tenía quemado todo el cuerpo... es algo impresionante”, asegura García.
Tres horas después de la llegada del niño al hospital, otra niña arribó al centro hospitalario con heridas similares. Se trataba de la hermana del pequeño, tiene 8 años y llegó con quemaduras y golpes, aunque aún no se ha determinado que fue abusada sexualmente, explica la funcionaria.
UN “CHOQUE” CON LA INOPERANCIA DE LA JUSTICIA
Tras el hallazgo, el MIES activó su protocolo para coordinar, primero, el acogimiento de ambos niños; y para que la Fiscalía cumpla con la obtención de una boleta de captura de los presuntos agresores que, en este caso, eran padre y madrastra. Pero nos “chocamos con la inoperancia por parte de la Fiscalía de Naranjal", cuenta García.
“No nos prestaron el contingente necesario y nos regresamos derrotados. Volvimos a Guayaquil, tocamos puertas y conseguimos que la fiscal provincial del Guayas nos atienda. Ella nos prestó la ayuda. Fue con el equipo técnico del MIES a Naranjal, se logró emitir las boletas, se capturó a los sospechosos, se les dio prisión preventiva por 24 horas y, lastimosamente el juez -pese a que el niño ha pasado por más de 7 intervenciones quirúrgicas y su cuadro clínico es severo- dispuso que se trataba de un caso de violencia intrafamiliar y no levantó cargos contra el padre sino solo contra la madrastra. Así, se dispuso la libertad”, relata.
NEGLIGENCIAS E IRREGULARIDADES EN ESTE CASO
El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM), se hizo cargo recientemente del caso de los menores, con el objetivo de dar un tratamiento legal pertinente, y resolver las “irregularidades” detectadas en la propia justicia.
Consuelo Bowen Manzur, directora de la clínica jurídica feminista del CEPAM y experta el litigio estratégico en el Sistema Interamericano, asegura que, como primer paso, se procederá a presentar este lunes 20 de septiembre una queja en el Consejo de la Judicatura por “algunas negligencias e irregularidades que han ocurrido en este caso”.
“En la pericia hecha al niño se determina que ha existido violación sexual. Además, en su cuerpo hay indicios de tortura, no únicamente de maltrato. Esto ha llevado a considerar que hay un riesgo incluso para los otros niños que habitan en esa casa. En la niña de 8 también hay indicios de graves maltratos”, manifiesta.
No obstante, pese a estas evidencias, no se abordó el caso como violencia sexual ni por tortura, sino por violencia intrafamiliar, lamenta. Por esta razón, el pasado 10 de septiembre, tras conocer el caso, CEPAM emitió una alerta en sus redes sociales para denunciar la actuación del juez Wilmer Tapia.
“Pensamos que existió negligencia por parte del fiscal y del juez. La formulación de cargos que se hizo, evidentemente, contradice todo razonamiento jurídico y deja en indefensión a las víctimas. (...) Anhelamos que el Consejo de la Judicatura tome las medidas necesarias, una vez que presentemos la queja”, dice.
Bowen explica que, tal como se hizo la formulación de cargos, los agresores podrían ser condenados con 30 y 90 días, según el Código Integral Penal (COIP), que podría extenderse hasta un año. Sin embargo, esto no se compara con las evidencias determinadas en las pericias por el delito de violencia sexual incestuosa que podría alcanzar los 22 años de prisión, menciona.
OTROS 5 MENORES DE EDAD EN RIESGO
De acuerdo con información del MIES, tras la hospitalización de los dos niños, la entidad procedió a intervenir a otros cinco menores de edad que vivían en la misma casa; cuatro de ellos, hijos biológicos de la pareja presuntamente agresora, y uno que es su nieto.
Los menores también pasaron por un chequeo médico en el que se determinó que no habían sido violentados, aunque sí se encontró que tenían desnutrición. Sin embargo, tras la disposición del juez, “nos tocó hacer el retorno de los niños a sus casas con sus padres”, señala García.
“UN CICLO DE VIOLENCIA”
Vistazo se contactó con la madre biológica de los pequeños para obtener un relato más directo sobre los hechos. Sin embargo, ella aseguró que no podía hablar sobre la situación de sus hijos porque no había sido “autorizada”.
A decir del MIES, el caso de estos niños está envuelto en un ciclo de violencia del que, asegura, el Ministerio le está poniendo “mucha atención para mejorarlo”, por lo que existiría cierto temor de la madre por hablar.
“En este caso se conoce que el padre agrede a la madre, la madre termina abandonando a los niños. Es una situación bastante frecuente en familias ecuatorianas. Probablemente, para evitar las repercusiones, ella no quiere hablar sobre este tema”, menciona.
LA PANDEMIA HA EMPEORADO LA VIOLENCIA EN LOS HOGARES
Según, la coordinadora zonal 8 del MIES, el caso de ambos niños es uno de los peores que ha visto como funcionaria. Además, reconoce que, tras la llegada de la pandemia, la situación de violencia dentro de los hogares ha empeorado.
“Tenemos muchos casos de pornografía infantil, maltrato a los niños, abandono y, más que nada, embarazo adolescente. De estos últimos hay casos, incluso, en los que se ha visto que obligan a las mujeres a abortar clandestinamente”, sostiene María Gabriela García.
Según datos del MIES, desde marzo de 2020 hasta junio de 2021, en Ecuador se han registrado 756 nuevos ingresos de niños a los albergues, superando con creces la cifra de los 739 menores que ya permanecían en los albergues antes de que comience la pandemia. Lo que implica un aumento del 102 %.