Una realidad incómoda: algunas cifras sobre las poblaciones LGBTIQ+ en Ecuador
El 12 de junio del 2019 Ecuador decidió reconocer un derecho fundamental a las personas LGBTIQ+: el matrimonio civil igualitario; fue el resultado de años de lucha. Este logro, sin embargo, no borra la realidad actual de un país en el que un 72 por ciento de personas LGBTIQ+* siente que debe ocultar su identidad de género en el trabajo por miedo a la discriminación, o a perder su empleo. Y esta no es la única cifra que duele.
La consultora española Llorente y Cuenca realizó una investigación durante tres años para determinar qué tanto interviene en la comunicación de las empresas el ámbito de la diversidad LGBTIQ+. Descubrieron que muchas lo hacen como una suerte de “rainbow washing”, especialmente en el mes del Orgullo, para ganar clientes y limpiar su imagen, y no como un compromiso real de apoyo a este colectivo históricamente discriminado. Esos volúmenes de conversación suponen apenas el 0,46 por ciento.
“Ecuador tiene un volumen de conversación mínimo, sin picos relevantes. Tan solo una compañía (de las consultadas) incluye contenido sobre la temática en 2021 y exclusivamente durante la celebración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+”, concluye el estudio. Junto a Perú y Chile estamos entre los países, de toda América del Sur, que menos incorporan este tema en sus dinámicas comunicacionales.
Esta realidad contrasta con la búsqueda de una sociedad más inclusiva y diversa, como principio ético, pero además, según la firma consultora, reconocer y darle espacios a estos temas compensa tanto en la reputación como en la productividad y el negocio.
Incluso, después de que se aprobara el matrimonio civil igualitario, un 42 por ciento de la población cree que las parejas del mismo sexo no deberían casarse, contra un 39 por ciento que está de acuerdo con el reconocimiento de este derecho, según datos de Ipsos Ecuador.
En el ámbito de salud, un estudio nacional realizado por la organización Mujer & Mujer encontró que el 72% de mujeres sexo-diversas, siente o ha sentido discriminación en centros de salud.
La misma organización halló que un 54 por ciento de mujeres sexo-diversas temían por violencia doméstica durante el tiempo de confinamiento durante los meses más duros de la pandemia. Lo que ilustra la situación de violencia a la que se ven expuestas, fuera y dentro de casa.
AVANCE GENERACIONAL
También hay cifras que generan esperanza: 5 de cada 10 ecuatorianos ecuatorianos apoyan fuertemente las leyes que prohíben la discriminación contra personas LGBTI cuando se legisla sobre empleo, acceso a viviendas, educación y servicios sociales.
O que las generaciones más jóvenes como los GEN Z y Millenials son los que más apoyan a la comunidad LGBTI. Por ejemplo, un 56,4 por ciento de centennials están de acuerdo con que las personas LGBTIQ+ sean abiertas sobre su orientación sexual o identidad de género.
Detrás de estas nuevas generaciones están los colectivos -como Coccineli, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Triángulo Andino y Tolerancia- que tuvieron que luchar contra una represión judicial y policial, hoy inimaginable. Gracias a ellos, en septiembre de 1997 al Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo del Código Penal, de aquel entonces, que declaraba el “homosexualismo” como un delito.
Hoy Ecuador está entre los cinco países del mundo que prohíben las terapias de conversión o “clínicas de deshomosexualización”, y reconoce y condena los delitos de odio.
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UNA LUCHA QUE CONTINÚA
Los derechos fundamentales son todos aquellos que corresponden universalmente a todos los seres humanos. Ya en 1997 el jurista italiano -tan citado en la jurisprudencia ecuatoriana-, Luigi Ferrajoli, hablaba de la necesidad de refundar un Estado social que tenga como base los principios de la ley, el principal de estos: la igualdad de los ciudadanos.
“Si son normativamente de 'todos' (los miembros de una determinada clase de sujetos), estos derechos no son alienables o negociables”, explicaba el defensor del modelo garantista de los derechos y discípulo de otro jurista que ha inspirado decenas de marcos legales y constituciones, Norberto Bobbio. Pero en Ecuador, los derechos aún no son para todos.
La fundadora de la organización de Mujer & Mujer, Lía Burbano, hace hincapié en la necesidad de crear una política pública integral “que le ponga recursos y tiempos a cada una de las instituciones del Estado cuya competencia directa es garantizar los DDHH de las personas”, porque nuestra Constitución ya garantiza la universalidad de los derechos a todos los ciudadanos.
“Necesitamos que esa Subsecretaría de Diversidades cumpla su rol de ser la institución que garantice lo que está en la Constitución, esta dice que todos somos iguales, pero ¿quién garantiza que no se violen nuestros derechos?, ¿a dónde voy?, ¿dónde me quejo?, ¿qué protocolo sigo?”.
Históricamente, dos instituciones estatales han sido las únicas que han velado por la erradicación de la violencia contra las poblaciones LGBTIQ+, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Según Burbano, las bases ya están creadas, ahora Ecuador tiene que “transformar los patrones socioculturales, las estructuras mentales que refuerzan los estereotipos de género, racistas, entre otros”.