Un viaje al Fondo de Salud del IESS reveló que sus días están contados

“El Fondo de Salud está quebrado. Y no va a estar quebrado después de un año, está quebrado después de un mes. ¡Después de un mes, señores, el IESS no tendrá dinero para prestar servicios de salud!”. Aunque era un secreto a voces, finalmente, la alerta la dio César Rodríguez Talbot, representante de los empleadores en el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

¿Qué es el Fondo de Salud? La prestación de salud es solo una parte del complejo sistema de seguridad social ecuatoriano, quizá la más visible. En líneas generales es un fondo que se nutre mes a mes con aproximadamente la cuarta parte de las aportaciones que realizan los dos y medio millones de empleados activos que actualmente existen. Pero, además, la Ley de Seguridad Social determina que ese fondo también se alimente de “la contribución obligatoria del Estado”.

Esto último no se da. Según las cifras que maneja el IESS, el Estado está debiendo 5.000 millones de dólares. Si no hay pago inmediato parcial o total, el fondo está agotado. Incluso si el pago se diera completo, las atenciones de salud se quedarían sin recursos en 2033.

Es decir que más allá de que se pague o no, es necesaria una reforma integral que inyecte dinero para que los servicios de medicina preventiva, consultas, exámenes clínicos, cirugías, hospitalización, medicamentos, maternidad, atención odontológica, rehabilitación, tratamiento de enfermedades degenerativas o catastróficas, entre otros, puedan mantenerse en el tiempo.

PROBLEMA AGRAVADO

Originalmente se calculó que la atención de salud que brinda el IESS se debe cubrir mediante el sistema de aseguramiento denominado “de prima y siniestro”. Es decir que todos los gastos que este genere deben ser cubiertos por el aporte mensual de los afiliados.

Para salud se destina el 5,94 por ciento del sueldo del trabajador. Mensualmente, casi una décima parte del salario de un empleado es descontada por el patrono y depositada en el IESS. A eso se suma otra cantidad superior al 10 por ciento del mismo sueldo que aporta el empleador por cada trabajador. Es decir que el IESS recolecta cada mes más de la quinta parte del sueldo de cada trabajador ecuatoriano.

Esto se ha venido cumpliendo puntualmente en un alto porcentaje. Pero no hay que desconocer que el IESS tiene un acumulado histórico de deudas patronales que sumarían 1.200 millones de dólares y que, en algunos casos, se vienen arrastrando desde antes de la crisis bancaria de 1999.

La gestión de cobranza tampoco ha sido la mejor. De esta cantidad, al Fondo de Salud le corresponderían unos 350 millones. Si todos pagaran, el Fondo viviría solo tres meses más.

Entonces, el mayor deudor definitivamente es el Estado. Solo al Fondo de Salud le adeuda 5.000 millones de dólares, según cálculos del mismo IESS. ¿Por qué? Porque los diferentes gobiernos han ido obligando al Instituto a atender a ciudadanos que no cotizan, es decir que no aportan cada mes. Recordemos que el esquema está diseñado para que sea atendido solo el que paga la prima.

Así, los primeros en que técnicamente estarían sin cobertura son los jubilados ya que ellos no aportan. Por ello, la Comisión Interventora que a fines del siglo pasado recomendó cambios al sistema, ratificó que es el Estado el que debe cubrir los costos de la atención a los jubilados.

En 2020 eso significó 200 millones de dólares. Varias decisiones políticas fueron sumando más demandantes de servicios médicos sin crear paralelamente su fuente de financiamiento. El primer ejemplo fue el Seguro Social Campesino masificado en los años ochenta y que protege a la población rural y a la dedicada a la pesca artesanal. En este sistema, el jefe de familia afiliado aporta apenas 2,26 dólares mensuales con los cuales su grupo familiar tiene derecho a prestaciones de salud y maternidad. En 2020 este seguro le costó al IESS 168 millones de dólares que debieron o deberán en su mayoría ser cubiertos por el Estado.

La herida mayor se produjo durante la administración de Ramiro González, en el gobierno de Rafael Correa, ambos hoy requeridos por la justicia. Entonces se extendió la cobertura al cónyuge o conviviente del afiliado y a sus hijos menores de edad. En este caso, solo para proteger al cónyuge existe una aportación adicional del trabajador del 3,41 por ciento del salario, pero nada por los hijos. Aquí se generó otro hueco financiero ya que el IESS gasta unos 230 millones de dólares anuales en esta prestación.

Otra fuente de desfinanciamiento es la obligación del IESS de cubrir el tratamiento de enfermedades catastróficas que afecten a cualquiera de los beneficiarios, no solo a los afiliados activos. Un estudio actuarial de 2018 revela que estos padecimientos representan el tres porciento de todas las atenciones médicas, pero que en ellos se gasta el 15 por ciento del presupuesto de salud. La deuda histórica del Estado por este concepto ya superó los 1.100 millones de dólares.

En general, las prestaciones de salud por las cuales el Estado ha asumido su paternidad representan casi la mitad de los 1.500 millones de dólares que gasta anualmente el Instituto en servicios médicos.

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS

Informes actuariales a los diferentes fondos del IESS no han faltado. Sin embargo, establecer las cuentas claras y exactas es difícil debido a la deficiente prolijidad con que se controlan las prestaciones.

Una auditoría de 2018 descubrió que “la información médica se encuentra en tres bases de datos con forma tos diferentes y que no son complementarias entre sí”. En los archivos se hallaron inconsistencias como hombres atendidos en servicios de obstetricia o mujeres a las que, según las fichas, se les habrían hecho cirugías prostáticas. Eso sin contar las anotaciones sobre tratamientos pediátricos a afiliados de más de 40 años y las presuntas hospitalizaciones de hasta tres años para un mismo paciente.

Otra anomalía descubierta fue que en varias unidades médicas no se censa a los pacientes sino hasta 48 horas después de su llegada. Esto origina que algunos que fallecieron a poco de haber llegado al centro de salud, no consten en el registro de defunciones.

Por si fuera poco, ni de las enfermedades atendidas se lleva un registro confiable. La auditoría encontró que “el actual método permite la formulación de tres diagnósticos presuntivos y tres definitivos, lo que dificulta identificar con certeza el diagnóstico real”.

En el caos ya no resultaron extrañas las duplicaciones de datos de identidad de afiliados o la existencia de beneficiarios con múltiples fechas de nacimiento asignadas a un mismo número de cédula de identidad.

El manejo de salud se brinda tanto en los dispensarios, clínicas y hospitales propiedad del IESS cuanto a través de “prestadores externos”. En 2020 la facturación a los externos significó el 46 por ciento de todo el gasto en salud, unos 700 millones de dólares.

Entre las novedades detalladas en la “Valuación actuarial del seguro general de salud individual y familiar”, se mencionó el hallazgo de pagos por cesáreas que costaron hasta cinco veces más de lo que los mismos procedimientos les cuestan a los hospitales propios del IESS. También mencionan que la relación entre partos naturales y cesáreas en el IESS es superior a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud.

Esto y mucho más ha hecho que paulatinamente se haya minado por diferentes vías el famoso Fondo de Salud. Este se ha vuelto insuficiente y amenaza con extinguirse. El parche emergente lo debe estar buscando el Banco del IESS extrayendo dinero de otros fondos o buscando fuentes extraordinarias de liquidez.

El definitivo es un acuerdo urgente con el Estado para alcanzar al menos un convenio de pago. Las alternativas ya se las ha conversado durante muchos años y pasan incluso por las de ceder al IESS la propiedad de acciones en empresas estatales rentables como la CNT o el Banco del Pacífico. Los debates serán para largo, la salud no espera.