Un ICE con sabor amargo para el sector de bebidas alcohólicas

Al sector de bebidas alcohólicas, en especial a la industria ecuatoriana, le preocupa que el incremento del Impuesto de Consumos Especiales (ICE) al alcohol puro incentive el contrabando. Una de las razones de aquello es que antes de la vigencia de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, los precios de los licores en los países vecinos, Perú y Colombia, son más bajos que en Ecuador.

“Esta nueva reforma traerá como consecuencia una mayor producción y consumo de bebidas alcohólicas ilegales y de mala calidad poniendo en riesgo la salud de los ecuatorianos”, indica Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca.

Ese es uno de los impactos que prevé este gremio con el nuevo ICE en la industria nacional de bebidas alcohólicas. Desde el 1 de diciembre, que entró en vigencia esa normativa, el ICE para el litro de alcohol puro se estableció en una tarifa de 10 dólares, cuando antes costaba 7,18 dólares. Eso representa un incremento del 39%. Además, se determinó una tarifa Ad Valorem (tasa por la cantidad) del 75% al alcohol (uso distinto a bebidas alcohólicas y farmacéuticos) y bebidas alcohólicas.

De acuerdo a la Asociación de Importadores de Licores, el impacto de ese impuesto va a ser más alto en las bebidas alcohólicas económicas. Por ejemplo, en el caso de whiskies o rones, los costos pueden subir entre tres o cuatro dólares. En una botella que actualmente cuesta 30 dólares, el incremento de esos valores es menor. En cambio, en productos que tienen precios por debajo de los 10 dólares, que son los que compra la mayoría de la población, el nuevo ICE hasta duplicaría su precio.

Impacto

De acuerdo al gremio cuencano, en esa jurisdicción se encuentran cinco empresas productoras de licor como Corporación Azende, Embotelladora Azuaya, Cósmica, Ron San Miguel y Licsur. Juntas representan el 80% de la producción nacional.

“La afectación al sector será nuevamente un decrecimiento en la ventas, estimamos que podría estar el orden del 10% al 15%, considerando que en estos últimos 14 años el sector formal se ha contraído un 58%”, indica Robalino.

Según estimaciones del SRI, por esta modificación se espera una recaudación de aproximadamente 18 millones de dólares anuales. Sin embargo, para los gremios industriales, el impacto podría ser mayor que el beneficio.

“Impuestos con tasas muy altas hacen más atractivo el negocio ilícito del contrabando y la venta de producto ilegal que ya aumentó durante la pandemia. Los canales de venta tuvieron restricciones en horario de apertura, el consumidor migró a la compra ilegal de alcohol”, asegura Pablo Jiménez, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción (CIP).

Y añade: “Este fenómeno, además, trae consigo otros efectos como defraudación al fisco, por impuestos y aranceles no cobrados, y por supuesto detrimento a la actividad productiva formal”, explica Jiménez.

Según la Asociación de Industriales Licoreros del Ecuador (ADILE), estas alteraciones en el mercado podrían ocasionar una contracción de las ventas del 21% frente a niveles prepandemia, es decir, 2019. A su vez, este sector está vendiendo cada vez menos litros desde hace casi dos décadas. Según esta entidad, en 2004 se vendieron 17,6 millones de litros de bebidas alcohólicas, mientras que en 2020 las ventas fueron 7,8 millones de litros. Eso equivale a una caída de 56% en 16 años.

Para Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil: “La contracción de las ventas en el mercado formal no significa una caída del consumo, que se mantiene y que se ha redirigido al mercado informal, es decir: contrabando, falsificación y adulteración. Estas medidas suelen hacer que el comercio informal de licores vaya ganando terreno”.

Según la Superintendencia de Compañías, con información a 2020, hay 114 empresas activas dentro de las actividades de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y elaboración de vinos. El impacto se daría tanto en empresas productoras como en importadores.

Hace poco, la Cámara de Industrias y Producción organizó el Sexto Encuentro Latinoamericano Anti Contrabando. Las autoridades regionales y expertos mundiales, que participaron de ese evento, señalaron que el contrabando termina financiado redes internacionales de crimen y terrorismo.

De acuerdo a un estudio realizado en 2021 por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Corporación Líderes para Gobernar, el 18% de encuestados ha comprado bebidas alcohólicas ilegales o de procedencia dudosa. Las principales formas de compra de esos productos son ventas a domicilio (41%), vendedores ambulantes (33%), distribuidoras (14%) e internet (12%).

La Cámara de Industrias de Guayaquil señala que 14 mil familias aproximadamente, relacionadas con la producción de licores, serían afectadas por la medida.

“Lo primero que hay que recalcar es que la medida no solo afecta a la venta de licores, sino a todo el encadenamiento productivo, que va desde el cañicultor hasta el distribuidor, pasando por la manufactura, transporte y almacenamiento”, afirma Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

Alternativas

Los principales gremios de industriales del país plantean varias opciones para minimizar el impacto. Una de ellas es la elaboración de un reglamente que considere las observaciones de las cámaras. Incluso, la Cámara de Industrias de Guayaquil propone al Ejecutivo la reducción del ICE para el alcohol puro por decreto ejecutivo.

También esperan que los ministerios de Gobierno y Salud, conjuntamente con Arcsa, controlen y eliminen la producción artesanal de alcohol. Para ello se deben establecer, por ejemplo, sistemas de control para la comercialización del etanol.

A la par que desde el Ministerio de Producción se impulsen acciones para incentivar la producción nacional y la exportación. Por ejemplo, la exoneración del 100% del pago de este impuesto al menos a los productos que utilizan materia prima ecuatoriana o que trabajan con el sector rural del país. En otros casos, las empresas analizarán un posible cambio en sus fórmulas para reducir los grados de alcohol con el fin de minimizar los costos.

Además, que se promueva el desarrollo de estudios sobre consumo de bebidas alcohólicas y que ahí se analice la problemática relacionada al contrabando, adulteración, etc. Esto se debe complementar con la realización de campañas para que los consumidores sepan sobre las ventajas de adquirir productos a través de canales de comercialización formales.

Estas son algunas de las alternativas que proponen los gremios contra el crecimiento del comercio informal. En este caso, ya hay un antecedente negativo debido al incremento del contrabando. En el primer semestre de 2021, la empresa tabacalera Tanasa cerró sus puertas, ya que en los últimos cinco años había operado por debajo del 15% de su capacidad instalada. Una de las razones fue que el 79% del mercado correspondía al comercio ilícito de cigarrillos.

Desde los gremios, esperan que esta medida solo deje un sabor amargo de forma temporal.