¿Sentenciar a menores como si fueran adultos? Sicarios adolescentes y el asesinato de un policía en Esmeraldas abren el debate

El hecho ocurrió a las 21:45 del pasado lunes, cuando el agente Bonilla pasaba por una calle del barrio Tiwinza, al sur de Esmeraldas. Cinco personas, incluidos menores de edad, lo esperaban para robarle su arma de dotación y la motocicleta en la que se movilizaba.

La cámara de seguridad del sector captó el momento en el que la banda agrede al uniformado. Un menor le disparó primero en la pierna. Luego, el policía intentó entrar a una casa, pero no recibió ayuda y volvió a la moto para huir. En ese momento, otro adolescente lo asesinó con un segundo disparo.

Llama la atención que un adulto es quien incita a los menores a disparar contra la víctima y da las indicaciones para ejecutar el hurto. De hecho, en las imágenes se observa que el sujeto agarra el brazo del menor para que no falle en su disparo.

El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que se logró la detención de tres implicados. Uno es mayor de edad: David P., de 24 años, quien guarda prisión preventiva por el delito de robo con resultado de muerte y tenencia de armas de fuego.

Mientras que los adolescentes fueron identificados como alias ‘Jeremy’ y alias ‘Medina’, a quienes se les dictó internamiento preventivo en un centro de adolescentes infractores de la provincia verde.

“En lo que va del año, 497 menores de edad han sido detenidos por la Policía. Por lo tanto, es hora de diferenciar las sanciones que deben imponerse a un menor de edad que está ligado a sicariato, crimen organizado o narcotráfico”, dijo Zapata durante la rueda de prensa.

No es la primera vez que la autoridad ha mencionado la necesidad de endurecer las penas para los menores que participan en actos criminales, así como para los adultos que los entrenan. “Deben tener una sentencia y pena diferenciada”.

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Diana Ocampo, abogada especialista en Sistemas de Protección y Derechos Humanos, menciona que aumentar las sanciones solo surte efecto cuando el Estado realmente es garantista de derechos, es decir que provee de servicios básicos a las comunidades de manera equitativa. Lo que no sucede en provincias como Esmeraldas.

“Lo que estamos viendo en Esmeraldas responde a la absoluta desinversión social. Es una provincia que todavía no tiene alcantarillado. Siendo la más necesitada, tiene pocos programas sociales sostenibles. Esa desatención es la que provoca que los niños estén en constante estado de vulneración”, señala la jurista en entrevista con Vistazo.

Explica que no se puede pensar que los adolescentes y niños han tomado solos la decisión de participar en actos delictivos. “Ellos son producto del contexto familiar y social en el que se desarrollan”. Agrega que algunos empiezan en el crimen porque asumen la responsabilidad de sus familias empobrecidas, otros, en cambio, fueron criados en un entorno delictivo y lo ven como normal.

Ocampo plantea penas más rígidas para los reclutadores y padres que ponen en extremo riesgo a sus hijos. Así mismo, crear verdaderos procesos de inversión social. “Son provincias que están invisibilizadas. No vamos a ganar nada metiendo a todos los menores en cárceles, la única forma de ganar es haciendo inversión social en por lo menos una década”.

Por su parte, el abogado penalista Julio César Cueva también concuerda en que la solución no está necesariamente en el área penal, sino en la rehabilitación de los infractores y políticas públicas.

“Incrementar las penas no va a resolver el problema, cuando alguien entra a la cárcel sale igual o peor. El Estado lo ha mandado a profesionalizarse en delitos más graves. Es necesario una solución integral que empieza con un verdadero sistema de rehabilitación y reinserción social”.

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El abogado penalista Antonio Gagliardo considera que es necesario endurecer las sanciones para los menores que cometen delitos execrables y que lo hacen con continuidad.

“Cuando ya están en grupos que matan a varias personas, que son hasta líderes de estas bandas, las leyes deben actuar de otra manera. Ser un poco más duras, como es en Estados Unidos. Ahí también tomaron esa decisión porque había niños que mataban a sus compañeros en las escuelas”.

Añade que los adolescentes en Ecuador son presa fácil para el crimen organizado porque están amparados en leyes que los protegen: pueden cumplir prisión en la casa o cuando salen de los centros pueden borrar todos sus antecedentes, entre otros beneficios.

Más allá de endurecer las penas para los menores o no, hay otros problemas estructurales que, de no resolverse, van a seguir generando más violencia.

En Esmeraldas, por ejemplo, la cifra de pobreza extrema representa el doble del promedio nacional. El narcotráfico no es la causa, sino la consecuencia de la invisibilización aplicada a la provincia por parte del Estado ecuatoriano.

“Tenemos los peores índices en educación, salud y empleo, solo en un indicador Esmeraldas está ganando, es en la cifra de muertes violentas por cada 100 mil habitantes”, decía José Antonio Maeso, misionero católico, nacido en Burgos (España), en un reportaje de Revista Vistazo del pasado mes de noviembre.

En el informe, Maeso explicaba que la pandemia agravó la situación de la zona. La escasa presencia estatal aumentó la economía ilícita. Aunque recuerda que esto no es nuevo, solo cambiaron los actores. Antes eran los carteles de Colombia, ahora son organizaciones distintas.

“El problema es sumamente complejo, acaba viéndose en las hojas y no en las raíces. Hay una violencia estructural, intrafamiliar, la pandemia ha generado un problema de salud mental. El tejido social se viene rompiendo desde años anteriores. Quien tiene hambre y no tiene plata, piensa en el hoy y no tiene la opción de pensar en el mañana”, sentenció el misionero.

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