Sentenciado por el asesinato de un concejal de Riobamba quedó en libertad: Juez otorgó medida cautelar

Fiscalía considera que es un abuso de los recursos constitucionales.
EFE
Fiscalía considera que es un abuso de los recursos constitucionales.

El Servicio Nacional de Atención integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) avanzó este sábado que solicitará la revocatoria de una medida cautelar otorgada por un juez a favor de una persona privada de la libertad, condenada a 24 años de prisión.

En un comunicado, reiteró su llamamiento a los organismos de justicia para orientar sus actuaciones hacia el fortalecimiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

De su lado, la Fiscalía General del Estado reiteró su preocupación por este tipo de decisiones, "ya que considera que es un abuso de los recursos constitucionales por parte de ciertos condenados, y que la valoración de los jueces está apartada de la objetividad que toda decisión judicial amerita".

Así lo señaló en un comunicado ante la concesión de la medida cautelar autónoma en favor de Wilson Vinicio Ruiz Torres, por parte del juez Ángel Lindao, del cantón La Concordia.

Recordó que el mencionado ciudadano se encontraba condenado a 24 años de privación de la libertad "por el delito de sicariato ya que Fiscalía probó -mas allá de toda duda razonable- que participó en la muerte" del concejal principal Patricio Guaranga, hecho suscitado el 14 de julio de 2019, en Riobamba.

Inicialmente, Ruiz se encontraba privado de la libertad en la ciudad de Riobamba, posteriormente fue trasladado a la de Latacunga, luego a la de Cuenca, y hace algunos días fue llevado a la ciudad de Bahía de Caráquez, donde recuperó su libertad a mediodía del 20 de enero de 2023.

El juez, en su decisión, dispuso que, durante el tiempo de condena que falta, no pueda salir del país y se presente una vez al mes en la Fiscalía de Riobamba.

La Fiscalía apuntó que Wilson Ruiz fue condenado a 34 años y 8 meses de cárcel por un tribunal de Riobamba, sentencia que fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Provincial. En casación, la pena se redujo a 24 años.