Sebastián Yunda fue llamado a juicio por presunta asociación ilícita, pero la fase de juzgamiento se suspende
El juez de la Unidad Judicial Penal con sede en la parroquia de Iñaquito, Máximo Ortega, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda. Se investiga el delito de asociación ilícita.
En este caso también fueron llamados Cinthya Puga, exasesora de la Alcaldía; Adrían Haro, exgerente de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana (Emseguridad) y Cesar Yunda (tío de Sebastián), quien se presentaba como Asesor Externo de Tecnología del Municipio de Quito.
En su dictamen acusatorio, la fiscal Tirado señaló a Sebastián Yunda, Adrián Haro, y César Yunda, como autores de la presunta infracción penal; mientras que a Cinthya Puga la acusó como coautora.
De acuerdo con la acusación de Fiscalía, entre los años 2019 y 2021, los procesados habrían conformado un grupo organizado, a través de un acuerdo entre funcionarios del Municipio de Quito y personas naturales.
Aparentemente, ellos se aprovecharon de relaciones familiares y de amistad dentro del cabildo capitalino para cristalizar la firma de dos contratos: “adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial para el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito Fase I” y “adquisición e instalación de cámaras de video vigilancia con reconocimiento facial para el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito Fase II”, suscritos el 4 de octubre de 2019 y el 15 de mayo de 2020 con personas jurídicas, por los montos de 602.976 y 1’110.910 dólares, respectivamente.
La investigación fiscal reveló que, al tener el conocimiento previo de la necesidad de adquirir las cámaras por parte de la EP EMSEGURIDAD del Municipio de Quito, los procesados habrían obtenido réditos económicos por la firma de los dos contratos antes mencionados.
Sebastián Yunda habría aprovechado ser hijo del exalcalde para concretar negociaciones con las empresas proveedoras de las cámaras. De acuerdo a los elementos expuestos por Fiscalía, Cinthya Puga, exasesora de despacho de la primera autoridad de la ciudad, le reportaba información sobre la agenda del entonces alcalde, Jorge Yunda, pero además, incluía a Sebastián Yunda en reuniones del Municipio y proporcionaba información privilegiada sobre los contratos.
Adrían Haro, en su calidad de gerente de EMSEGURIDAD, habría viabilizado todas las etapas de contratación para concretar la negociación con las empresas proveedoras de las cámaras de video vigilancia.
Para sustentar su dictamen, la Fiscal expuso más de 70 elementos de convicción que motivaron al juez Ortega a que dicte el auto de llamamiento a juicio en contra de los cuatro procesados. Entre estos constan: los chats periciados del teléfono de Sebastián Yunda, en los que se evidenciaría una planificación para que estos contratos se cristalicen y así obtener beneficios económicos.
También se presentaron versiones de los procesados, informes técnicos periciales de audio, video y afines, documentos relacionados a los procesos de contratación para la adquisición de las cámaras, entre otros.
La resolución del Juez se dio sobre la base de los elementos de convicción expuestos por la fiscal Mónica del Carmen Tirado, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción No. 4, durante los cuatro días en los que se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.
Pese a que en la diligencia Fiscalía pidió que también se llame a juicio a Pamela N., Christian H., Yinlong W. y Nancy G., por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, el juez Ortega dictó auto de sobreseimiento en favor de ellos.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, Fiscalía y las defensas de los procesados también anunciaron la prueba que practicarán en la etapa de juicio.
No obstante, el juez Ortega suspendió el inicio de la fase de juicio para Sebastián y César Yunda, pues ambos figuran como prófugos de la justicia.
En diciembre de 2021, la Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente a las autoridades de Argentina (donde fue localizado), la extradición de Sebastián Yunda, quien es requerido por la justicia ecuatoriana.
Después de meses sin saber su paradero, agentes de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) lo detuvieron el pasado primero de diciembre, pero dos días después fue dejado en libertad por orden de las autoridades argentinas, mientras se tramitaba la extradición.
Al hijo del exalcalde los chats lo crucificaron: desde tráfico de influencias y uso de recursos públicos, hasta gestión para contratos, con indicios de cobros de por medio. Favores y regalos. Reuniones con lobistas de empresas chinas; contratos de cámaras de vigilancia electrónica, etc.
El delito de asociación ilícita está tipificado y sancionado en el artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).