Santo Domingo: Banda de secuestro 'R7' es sentenciada tras amenazar con decapitar a una víctima
En un juicio contra el crimen organizado en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, un Tribunal de Garantías Penales ha declarado culpables a Alister Alberto M. M., Julio Eduardo G. J., Víctor Hugo G. I., Jairo Jonathan G. I. y Jonathan Rodolfo C. Los sentenciados, miembros de una peligrosa banda dedicada al secuestro extorsivo, recibieron una condena de trece años de pena privativa de libertad.
La noche del 16 de enero de 2023, se convirtió en una pesadilla para tres personas que viajaban en un camión transportando carne desde el Camal municipal hasta el centro de la ciudad.
En el sector de la vía a Las Mercedes, los sentenciados interceptaron el vehículo y, utilizando armas de fuego, intimidaron a sus víctimas. El conductor, en un acto desesperado, logró escapar por un barranco hacia el río Toachi, mientras las otras dos personas, incluyendo a un adolescente de 16 años, fueron brutalmente golpeadas y secuestradas.
El adolescente, en manos de la banda, vivió momentos de terror. Fue torturado repetidamente, su cabeza sumergida en el agua una y otra vez. Los criminales enviaron mensajes amenazantes a su madre, exigiendo 8.000 dólares a cambio de su vida.
La siniestra organización “R7” dejó claro que, si el dinero no era entregado en 20 minutos, le cortarían la cabeza al joven.
Rescate y evidencias
Un equipo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, utilizando técnicas avanzadas de investigación, logró ubicar el escondite de los secuestradores.
En una intervención táctica, rescataron al adolescente, quien estaba al borde de la muerte; mientras que los criminales fueron capturados en delito flagrante.
En la audiencia de juicio, el Fiscal de la causa demostró la materialidad del delito y la responsabilidad de los procesados con base en: el testimonio de las víctimas, que detallaron la forma en que fueron interceptadas y trasladadas a un lugar diferente en contra de su voluntad, que fueron torturadas y que exigían a sus familiares 8.000 dólares a cambio de la liberación de una persona menor de edad.
También expuso el testimonio de la perita médico-legista que practicó la valoración médica a los agraviados y los informes de Criminalística, como el de reconocimiento del lugar de los hechos y el de rescate por parte de la Unase.
Asimismo, la transcripción de llamadas de auxilio grabadas por el ECU 9-1-1 y la extracción de la información de los teléfonos celulares de los procesados, evidenciaron las amenazas y mensajes de carácter extorsivos enviados a la madre de la víctima. Como evidencias también se presentaron las amarras con las que sujetaron a los secuestrados y sus teléfonos celulares, entre otras.
El delito de secuestro extorsivo, tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), conlleva una pena máxima de trece años de privación de libertad.