Salud mental: una deuda pendiente que pocos presidenciables toman en cuenta

La pandemia de Covid-19 no solo ha causado miles de contagios y fallecidos en Ecuador, también deja secuelas emocionales que se agudizaron en los meses de confinamiento.

 

Los jóvenes fueron la población más afectada en cuanto a salud mental, de hecho, un estudio de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), mostró que durante la cuarentena “los estados de ansiedad se incrementaron tanto en hombres como mujeres cuyas edades van de los 18 a 36 años”.

 

Además, la herramienta U-Report, sistema de recolección de datos desarrollado por UNICEF, hizo una encuesta, donde se evidencia que la población de 15 a 19 años es la que más ha experimentado sentimientos de depresión, ansiedad y preocupación durante la pandemia. 

 

A esto hay que sumar el difícil acceso a un tratamiento de salud mental en el sistema de salud público y los costos que implican. 

 

 

“La salud mental es una de las deudas que tiene el Gobierno y el Estado en el ámbito de salud, sobre todo en la ruta de atención que existe, la cual debería constar de la evaluación, diagnóstico, intervención, alta y seguimiento de los casos”, señala Adrián Vásquez, miembro del grupo Idea Consulting y de la Asociación Ecuatoriana de Psicoterapia.

 

El psicólogo explica que las personas que quieren acceder a un tratamiento psicológico en el sistema público deben pasar por varias etapas: los agendamientos, el tiempo de espera para recibir una cita e intervención del paciente, que en promedio dura entre 15 a 25 minutos.

 

“Sumado al exceso de demanda, significa una cita en fechas muy posteriores al agendamiento”, recalcó Vásquez, en cambio en la ruta privada el acceso se dificulta por los costos.

 

Una consulta privada fluctúa entre 8 y 35 dólares, pero la salud mental no es cuestión de un día, sino de varias sesiones, por lo que los costos aumentan hasta 350 dólares o más, si se hacen 10 intervenciones.

 

A esto hay que sumar el uso de fármacos, las medicinas relacionadas a la salud mental son costosas y “no siempre se cuenta con los recursos para acceder a ellas, incluso, hay algunos que son difíciles de encontrar tanto en farmacias como en el sistema público”, señaló Vásquez.

 

Además, algunas personas necesitan equipos multidisciplinarios, donde interviene el psicólogo y el psicoterapeuta, entonces los precios aumentan.

 

 

El Ministerio de Salud garantiza la atención por medio de la red de salud mental comunitaria, que incluye 591 servicios ambulatorios, 69 intensivos, 105 unidades de salud mental hospitalaria, 128 unidades de intervención en crisis, un centro ambulatorio y un hospital especializado en salud mental, según reza un boletín del año pasado.

 

Durante el 2018, el sistema de salud público atendió a 1’010.249 personas con problemas de salud mental, en 2019 la cifra aumentó a 2’078.638  en los tres niveles de atención. Y durante el confinamiento, se intervino a 231 mil personas hasta octubre del 2020.

 

Así mismo, existe un número de primeros auxilios psicológicos, la línea 171, opción 6, que cuenta con profesionales de la Red Pública Integral de Salud y Red Privada Complementaria.

 

“Se suma, además, la provisión de medicamentos y recetarios especiales para los usuarios con trastornos mentales graves”, señala la cartera de Estado en el comunicado. 

 

Al momento, se cuenta con 848 psicólogos y 76 psiquiatras a escala nacional, que no son suficientes para atender las necesidades psicológicas de la población.

 

Así lo menciona la psicóloga clínica Jazmín Soto, de SOS Mental, “si tu llamas al 171 te dan una cita cada tres meses”, además, “existen distritos que tienen tres cantones y cuentan con un psicólogo” y muchos de los profesionales no tienen especialización en terapia.

 

 

Los psicólogos Jazmín Soto y Juan Pablo Mazón, coinciden en que hay varias cosas por hacer y que el próximo Gobierno debería tomar en cuenta, como la dotación de más personal capacitado en salud mental para el sistema público, desde las zonas rurales hasta la ciudad.

 

Además, leyes que abarquen el contexto entero de salud mental, no solo trastornos, planes de prevención y centros de salud especializados en salud mental, son otros puntos que faltan por concretarse.

 

“Que el estado garantice acceso a la salud mental, no solo a la terapia, sino prevención y acceso a programas de calidad, que en las mismas escuelas se fomenten clases de regulación emocional”, menciona Soto.

 

De su lado, Juan Pablo Mazón dijo que en el contexto social, todavía existen estigmas sobre las personas que asisten a donde un psicólogo, “se debe visibilizar lo que hace un psicólogo clínico, campañas de promoción y prevención”.

 

 

La mayoría de candidatos tiene como eje central de sus planes de Gobierno potenciar el sistema de salud, sin embargo, pocos lo hacen de manera integral, a excepción de Xavier Hervas. 

 

Hervas, de la Izquierda Democrática, menciona en el documento, que replanteará el sistema de salud, para que incluya la salud mental como uno de sus ejes principales. Para ello, implementará centros de salud con énfasis en este tema, programas de concientización, capacitaciones a instituciones educativas, planteará un consejo de especialistas y servicios gratis y accesibles.

 

En cambio Montufar, menciona brevemente que garantizará el derechos a la salud, “incluida la salud mental”. 

 

Y Juan Fernando Velasco señala la importancia del correcto desarrollo de los jóvenes, tanto físico como mental, pero no dice cómo lo hará. 

 

Gustavo Larrea implementará centros de salud familiar y médico familiar para un servicio inmediato, además, generará alternativas para intervención psicosocial.

 

Y Guillermo Lasso combatirá el abuso y acoso escolar con programas en escuelas y colegios.