Reportan amenazas contra jueces, fiscales y servidores judiciales; mesa interinstitucional analiza medidas
El último ataque con artefactos explosivos en el Complejo Judicial de Portoviejo, provincia de Manabí, motivó la realización de una mesa técnica entre el Consejo de la Judicatura (CJ) con otras instituciones del Estado.
En la cita, desarrollada este lunes 10 de julio, se planteó como objetivo la coordinación de medidas de seguridad integral para los usuarios y servidores del sistema de justicia.
El presidente del CJ, Wilman Terán, explicó que desde febrero de 2023, la Función Judicial es objeto de ataques sistemáticos y generalizados.
Citó como ejemplo, las amenazas de bomba registradas contra unidades judiciales de Pichincha, Manabí, Imbabura, Los Ríos y Guayas; el incendio ocurrido en la Unidad Judicial Civil de Esmeraldas; y, el asesinato de una persona privada de la libertad en el Complejo Judicial de Santo Domingo.
También recordó el ataque contra un juez de Manabí; la muerte violenta de un fiscal de Durán; y, la detonación de un artefacto explosivo en la Unidad Judicial Penal de Portoviejo que dejó a tres personas heridas, entre ellas a una adolescente de 14 años.
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“Son eventos que no pueden ser analizados de manera aislada”, señaló Terán, al agregar que el CJ trabaja en un protocolo de protección a la integridad física y vida de las y los servidores judiciales.
De su parte, el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, destacó la importancia de mantener este espacio de coordinación. Manifestó que es necesario contar con acciones articuladas para detener los ataques contra jueces, fiscales y otros servidores judiciales.
Asimismo, dijo que este tipo de hechos promueven la inseguridad jurídica y el avance del crimen organizado.
Tras la reunión se llegó a varios acuerdos, entre ellos:
-Solicitar que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado se trate, como punto prioritario, la situación de seguridad de las y los servidores judiciales.
-También se acordó impulsar la aprobación inmediata, por parte del Pleno del CJ, del “Protocolo de Protección a la Integridad Física y Vida de las y los servidores de la Función Judicial”.