¿Qué es el Código Púrpura para las víctimas de violencia sexual en Ecuador?

El pasado 24 de enero de este año, Ana (nombre protegido) y su novio sufrieron un robo en su casa en Guayaquil. Un sujeto ingresó a su vivienda en la madrugada. Se llevó computadoras, teléfonos, entre otras pertenencias y los drogó mientras dormían.

La pareja se dio cuenta del hecho cuando despertó y vio que algunas cosas de la casa estaban movidas. Ellos no se explican cómo no sintieron nada, suponen que podrían haberles drogado porque tuvieron un sueño profundo y se levantaron con una pesadez particular. Para Ana, su mayor preocupación fue que hayan abusado sexualmente de ella durante el robo.

Acudió a la Fiscalía para poner la denuncia, pero se encontró con un sistema inoperante. Describe que la persona que recogió el testimonio no sabía manejar con fluidez la computadora y cuando pidió que le hicieran un chequeo ginecológico la situación empeoró porque las instalaciones no eran las adecuadas.

“La ginecóloga de Fiscalía me atendió en un lugar deplorable, no era un consultorio, sino una bodega u oficina. Además, la doctora estaba en una reunión por zoom y cuando iba a revisarme le llamaron por teléfono. Con los mismos guantes me tocó y chequeó mis partes íntimas”, narró la mujer a Vistazo.

Agrega que solicitó este examen porque sentía que algo no andaba bien en su cuerpo tras el robo y con la sospecha de que los habían drogado, aumentaba el riesgo de haber sido víctima de alguna agresión. No obstante, la ginecóloga de la Fiscalía recomendó tratamiento médico para enfermedades de transmisión sexual, mientras salían los resultados de las muestras.

Luego acudió a un subcentro de salud, pero le dijeron que no atienden esos casos. Lo mismo ocurrió en el Hospital General Universitario, esta vez no dieron la contención necesaria porque Ana era afiliada al IESS, así que se trasladó al Hospital Los Ceibos, donde finalmente fue recibida.

La mujer comenta que el primer doctor que la atendió le dijo que ahí no hacen esos tratamientos, lo que le causó incomodidad. “Me molestó el hecho de que no sepan actuar ante este tipo de emergencias. Después, el médico llamó a un colega, quien le confirmó que sí debía ser atendida y que tenía que activar el Código Púrpura”.

Es así como Ana pudo acceder al kit púrpura, que incluye varios antibióticos y antirretrovirales, para prevenir cualquier enfermedad sexual. Estuvo internada por tres días y recibió 25 pastillas para su cuidado posterior. Así mismo, menciona que tiene que ir tres meses después para seguir con las revisiones.

“Una violación es una situación por demás dolorosa porque atentan contra tu vida, integridad y futuro, pero si se tiene una sospecha o certeza de un abuso sexual, es mejor tomar el valor dentro de ese momento de vulnerabilidad y pedir el tratamiento lo más pronto posible”, manifiesta Ana.

El Código Púrpura es un protocolo que deben conocer todos los profesionales de la salud, sobre todo aquellos que trabajan en emergencia o consulta externa, para identificar casos de violencia de género. El objetivo es que la víctima sea tratada de manera confidencial y no revictimización.

Consiste en activar un equipo multidisciplinario, integrado por un médico general o especialista, psicólogo, enfermero y trabajador social. La paciente también debe ser trasladada a un área especializada para precautelar su seguridad, según estipula la norma técnica.

Una vez que la paciente entra al hospital, pasa por el sistema de triaje que evalúa el nivel de riesgo. Luego, el jefe de guardia debe activar el Código Púrpura e iniciar con los respectivos análisis.

Dependiendo el caso, el médico dispone un tratamiento. Por ejemplo, si una persona fue violada recibe antirretrovirales (por riesgo de enfermedades infectocontagiosas). Así mismo, la mujer puede acceder al aborto terapéutico si fue víctima de agresión sexual.

“Es más, la Corte Constitucional aprobó que los médicos objetores de conciencia, que trabajan en lugares alejados, donde solo hay un doctor, tienen que atender a las víctimas, independientemente de las creencias que tengan”, menciona Miguel Ángel Crespo, médico especialista en emergencias y desastres.

Agrega que gran parte de las pacientes que son violentadas, acuden con el agresor e incluso muchas veces forman parte de su mismo ambiente familiar. Por ello, parte del protocolo consiste en emitir una alerta a las autoridades competentes para que levanten el parte policial y encaminen a la víctima a poner la denuncia.

Aunque los datos no reflejan este proceso. “En nuestro país casi el 5% de las pacientes víctimas de violencia de género denuncian al agresor y solo el 2% se judicializa. Estas cifras demuestran que no existe esa conexión o lastimosamente los protocolos no se cumplen de una forma adecuada”, señala el especialista.

Crespo, quien también es activista y Director del Hospital General Macas, menciona que si bien hay avances, no todos los hospitales cuentan con espacios de acogida para víctimas, lo que aumenta la posibilidad de revictimización.

“Se debería destinar un presupuesto a la creación, ampliación, readecuación, repotencialización de este tipo de espacios. Contratar al personal también es indispensable. Una de las principales deficiencias es la falta de psicólogos y psiquiatras”, recalca el doctor.

Describe que los fines de semana llegan con mayor frecuencia casos de violencia de género, pero en esos turnos hay poco personal que pueda activar el Código Púrpura. Lo mismo ocurre con la Fiscalía y la Policía. “Es indispensable que exista una cooperación y se dote de personal en las instituciones de salud, que podamos contar las 24 horas, siete días a la semana, con estos médicos”.

Por su parte, el Ministerio de Salud reitera que el Código Púrpura debe aplicarse de manera obligatoria en todo el sistema de salud del país, incluido en los hospitales del IESS. Además, indica que se trabaja en la capacitación de los médicos de manera constante.

“Se han hecho esfuerzos para llegar a más profesionales de la salud, pero los esfuerzos en violencia de género no son suficientes, creo que falta muchísimo por hacer, pero también hay que reconocer que se ha avanzado”, manifestó Desirée Viteri Almeida, directora nacional de Derechos Humanos, Género e Inclusión de la cartera de Estado.

El año pasado, en las unidades de salud pública, a nivel nacional, se atendieron 17.494 personas por razones de género, de este número 15.293 fueron mujeres.

Según datos del ECU 911, entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2023 hubo 19.381 llamadas por violencia intrafamiliar.

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