Psicóloga que denunció presunto abuso sexual de un padre contra su hija, es demandada por el acusado

Tanto la profesional, como la madre de la víctima podrían enfrentar hasta 7 años de cárcel, pues la defensa del padre asegura que el informe psicológico carece de sustento y "busca evitar que el padre vea a su hija".

En el 2019, se llevaba a cabo un proceso judicial relacionado con el régimen de visitas, el padre de nacionalidad alemana, pedía ver a su hija. Sin embargo, en esa instancia, la madre fue alertada de que la menor tenía síntomas de agresión sexual y que debía acudir a una unidad del Ministerio de Salud para que desde ahí se realice la denuncia.

La pequeña fue atendida en el hospital Monte Sinaí, donde trabaja la psicóloga clínica Betty Soria, quien recuerda que en las primeras sesiones la menor no mencionó ningún abuso, aunque sí había ciertos indicios.

“Los niños que sufren violencia no logran dimensionar esas situaciones. A veces creen que es una forma de querer o están amenazados. Ellos no pueden comprenderlo”, explica la profesional sobre el tiempo que le toma a una víctima contar lo que le sucedió.

En agosto del 2020, la niña confesó a la psicóloga que fue abusada, por lo que Soria realizó un informe y alertó del hecho al departamento jurídico del hospital.

En aquella época la casa de salud era considerada centinela para casos de covid-19 y había poco personal. La psicóloga recuerda que habló con la única abogada de la casa de salud, pero esta respondió que no podía hacer la denuncia debido a la carga de trabajo en otros temas.

La madre pidió una copia del documento a la psicóloga para presentarlo en el proceso de régimen de visitas e interponer la denuncia. “El abogado de la otra parte, al ver ese informe dice que aparecí de la nada, cuando yo ya había entregado un informe el año pasado”, indica la psicóloga.

Agrega que luego la defensa del presunto abusador solicitó la historia clínica de la niña, pese a que el mandato constitucional estipula que debía mantenerse en reserva. “Recordemos que es una menor de edad y se trata de un abuso sexual, hay doble vulnerabilidad y no fue autorizada por la madre”.

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Al poco tiempo, Betty Soria se enteró de que el padre, a través de un procurador judicial, interpuso una denuncia contra ella y la madre de la niña por falsificación y uso de documentos públicos, apoyándose en supuestas irregularidades de la historia clínica.

“Ahí empieza mi camino de sufrimiento porque, en enero del 2021, yo estaba embarazada y un mes después, perdí a mi papá por un cáncer. Producto de ese impacto casi pierdo a mi bebé. Me formularon cargos porque no fui a rendir versiones, pese a que les dije que estaba embarazada”.

Tras dar a luz, la psicóloga buscó un abogado e intentó defenderse, pero los esfuerzos fueron insuficientes. Denuncia que este proceso avanzó en tiempo récord, pues el próximo viernes 24 de marzo del 2023, se instalará la audiencia de juicio. Mientras tanto, la denuncia de abuso sexual contra el padre de la menor ni siquiera ha pasado a fase de investigación.

“Todo servidor público tiene el deber de denunciar, yo hice mi trabajo, y que el perito se encargue de ver si hay o no delito”, dice Soria, quien también recuerda que existe un informe de la Judicatura y del Instituto de Neurociencias de Guayaquil en el que se habla de indicios de abuso sexual en la niña.

Añade que el proceso en su contra ha dañado su vida, porque ahora todos cuestionan sus diagnósticos y ha sufrido ataques de ansiedad. “No puedo concebir que el sistema de justicia se preste para este tipo de acciones y nos persigan al gremio de profesionales que defienden a las víctimas de abuso sexual”.

Antonio Gagliardo, abogado del padre, explica que tras el divorcio de la madre con el ciudadano alemán se desencadenaron una serie de procesos con el objetivo de impedir que la niña viera a su progenitor.

“El día de la audiencia en el que se iba a revocar medidas de protección que impedían al padre ver a su hija, la señora presentó un informe de la doctora Betty Soria, indicando que mi cliente presuntamente había abusado a la hija. Peritaje que no fue ordenado por nadie, ningún juez o fiscal”.

Agrega que los jueces que trataban el régimen de visitas no aceptaron el informe y revocaron la medida de protección, fue entonces cuando la madre interpuso la denuncia por abuso.

Sobre la historia clínica de la niña, con la que se basa la denuncia por falsificación contra la psicóloga, el jurista indica que la obtuvo con autorización del director del hospital. Entonces “saltaron irregularidades”.

Gagliardo dice que halló falta de concordancia entre las fechas de atención descritas y los días de trabajo de la psicóloga; que el caso fue atendido por emergencia, cuando debía ser por consulta externa; las consultas no fueron registradas en el sistema Pras; inconsistencia en las fechas de pedido y entrega del informe y que el documento no contaba con la autorización del director del sanitario.

Según Gagliardo, la asesora jurídica del Hospital Monte Sinaí habría dicho que el informe estaba mal hecho.

Agrega que los peritos de Fiscalía determinaron que el documento de la acusada no era técnico, sino subjetivo. Así mismo, exámenes psicológicos darían cuenta de que la niña sufrió alienación parental o interferencia parental, que es cuando un progenitor siembra odio en su hijo contra el otro padre.

Organizaciones que defienden los Derechos Humanos han alertado que la denuncia por falsificación contra la madre y la psicóloga sería una estrategia para anular el caso de abuso sexual. Además, afirman que si el fallo es en contra de las mujeres, podría generar un "mal precedente".

“Se estaría criminalizando el ejercicio profesional de los psicólogos y psicólogas que detectan casos de violencia sexual”, menciona Consuelo Bowen, gestora de incidencia política de CEPAM Guayaquil.

Además, recalca que el Ministerio de Salud no ha dado respuesta de cómo se obtuvo la historia clínica de la víctima, sin el consentimiento de la madre, lo cual viola el derecho a la intimidad y privacidad de la niña.

En caso de que se hallara culpable a la madre y psicóloga, Bowen dice que podría acarrear responsabilidad del Estado frente a la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La abogada María de Lourdes Maldonado, directora de la organización Dignidad y Derecho, comentó que la institución está analizando posibles acciones constitucionales y detectando violaciones a los Derechos Humanos dentro del caso.

“Una vez que tengamos los elementos, estamos listos para presentar las acciones que correspondan para defender los derechos de estas tres mujeres víctimas de violencia en distintas instancias”.

Maldonado manifiesta que quieren crear un precedente para que no se utilice procesos judiciales como intimidación para esconder delitos como la violencia sexual.

“Las consecuencias de un resultado negativo serían gravísimas, sería darles una herramienta a posibles agresores para que puedan invalidar procesos de investigación de un delito tan grave como es el abuso sexual mediante artimañas jurídicas. Y lo más preocupante es que una niña víctima de abuso se quedaría en absoluta indefensión”.

Por su parte, Antonio Gagliardo, abogado del padre de la niña, manifiesta que la obtención de la historia clínica "no tiene nada de irregular" porque fue autorizada por el director del hospital. "Más bien, el informe que usó la madre para el juicio y evitar la revocatoria de las medidas de protección fue sin autorización y con oposición del jurídico".

Según datos de Fiscalía, durante el 2021 se reportaron 4.107 casos de abuso sexual a nivel nacional, mientras que en el 2022 la cifra aumentó a 5.863.

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