Prisión preventiva para exdirector de escuela que presuntamente violó a dos niñas en Zamora Chinchipe
Un juez ordenó el ingreso en prisión preventiva para un exdirector de escuela por presuntamente haber violado a una niña de 9 años, según informó este miércoles en un comunicado la Fiscalía General del Estado.
El Ministerio Público detalló que éste es el segundo proceso que sigue en contra de Carlos Leodán S. V. y por la misma infracción penal, pues en febrero de 2024 se le formularon cargos por, presuntamente, haber agredido sexualmente a la prima de la actual víctima, también de 9 años.
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Por este hecho, la audiencia preparatoria de juicio está señalada para el próximo 5 de julio. El fiscal indicó que, entre 2014 y 2016, el procesado se desempeñaba como director y profesor de una escuela unidocente, situada en Zumbi, una localidad rural del cantón de Centinela del Cóndor, en la provincia de Zamora Chinchipe.
"Aprovechándose de su poder, el investigado habría llamado a la niña a su oficina para proyectarle vídeos pornográficos desde su computador, para luego cometer la violación", señaló la Fiscalía.
Estos hechos -añadió- se repetirían de dos a tres veces por semana y, en ocasiones, se registrarían frente a la prima de la víctima, a quien también habría agredido sexualmente bajo la misma modalidad.
La versión de la agraviada -adolescente en la actualidad- fue uno de los elementos de convicción que el fiscal presentó en la audiencia. En su relato indicó que guardó silencio debido a las amenazas del docente, quien le habría dicho que, si contaba lo que estaba pasando, atentaría contra su integridad y la de su familia.
Lo narrado por la víctima guarda coherencia con la valoración médico-ginecológica: la pericia confirma lesiones antiguas en las partes íntimas de la víctima, quien, además, reconoció al procesado como su agresor.
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Este último procedimiento concluyó la presencia de un cuadro de ansiedad que le habría provocado la presunta violación, apuntó la Fiscalía, que recordó que Carlos Leodán S. V. es procesado por un delito que sanciona en Ecuador con la pena máxima de 22 años si la víctima es menor a 10 años y si el agresor es profesional de la educación.