Presidente Moreno veta parcialmente Ley de Extinción de Dominio

Ana Rivera
El presidente de la República

 
El Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, presentó este viernes 19 de febrero su objeción parcial, y objeción parcial por inconstitucionalidad, al Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio remitido por la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero.
 
La decisión se da, señala un boletín, "para tener seguridad en la eficacia de la aplicación de esta norma, es necesario contar con un dictamen previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, de tal manera que el Estado ecuatoriano tenga absoluta garantía de que el contenido de la norma, y su aplicación, se realizarán en el marco del respeto de los derechos constitucionales".
 
En el marco de la 'objeción parcial', el Gobierno ha enviado a la Asamblea Nacional varios textos alternativos que tienen como finalidad fortalecer y mejorar la institucionalidad necesaria para la operatividad de la extinción de dominio en el Estado ecuatoriano.
 
Agrega, que se han realizado ciertas precisiones que deben considerarse en el marco de la cooperación internacional, para poder realizar investigaciones y procesos de extinción de dominio sobre bienes que se encuentren fuera del país.
 
En cuanto a la "objeción parcial por inconstitucionalidad", señala el texto, han surgido algunas preocupaciones respecto de la seguridad jurídica y el debido proceso en el proceso judicial, mismas que por su alcance deben ser analizadas por la Corte Constitucional. 
 
En el documento, el Gobierno reitera "su indeclinable compromiso de lucha contra la corrupción, y reconoce la necesidad de contar con una normativa que permita la recuperación de los bienes obtenidos de manera ilegal".
 
Previamente, el Comité Empresarial Ecuatoriano solicitó al primer mandatario el veto parcial del proyecto, aprobado por la Asamblea Nacional el pasado 19 de enero.
 
Las dos observaciones que detallan son: la incautación sin sentencia y la carga de la prueba. En la primera, se señaló que nadie debe ser privado de sus derechos sin sentencia judicial ejecutoriada.
 
En cuanto a la carga, el gremio se refiere al respeto del debido proceso, es decir que quien hace una alegación es el encargado de demostrarla. A decir del Comité, el proyecto invierte esa carga, poniendo al afectado en situación de reconstruir información que puede haber sucedido hace décadas y además sin que exista un estándar probatorio razonable que le dé la confianza al ciudadano honesto de que podrá acreditar la forma en que obtuvo su patrimonio.
 
El gobierno asegura en el comunicado que ha recibido opiniones formalmente presentadas y firmadas por profesionales en el ámbito legal, así como por miembros de la academia y organizaciones que velan por el correcto manejo jurídico de la legislación ecuatoriana, que exhortan al Presidente de la República el veto parcial al Proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
 
En sus declaraciones resaltaron su preocupación por el contenido, enfatizando que el texto viola el principio de irretroactividad de la ley, viola el principio de responsabilidad penal individual, y viola el derecho a la propiedad. En su conclusión expresan que, tal como está redactado el Proyecto, este “pase de ser un instrumento de combate a la corrupción para convertirse en una herramienta de confiscación arbitraria y persecución política, porque, una norma que viola tantos principios constitucionales no es sostenible ni deseable”.