¿Por qué es tan complejo focalizar los subsidios en Ecuador?
“Van muchos años sin tomarse serias decisiones en el tema y cada vez que se lo topa o debate sobre la mesa, se convierte en el primer pretexto para que nuestra frágil democracia tambalee”. Esta frase del economista José Gabriel Castillo, data de hace más de 13 años, pero igual pudo haber sido dicha hoy.
Los gobiernos de Hurtado, Bucaram, Mahuad, Gutiérrez, Moreno y Lasso lo han vivido en carne propia. La política de subsidios empezó en los años 80 con la finalidad de proteger el costo de la vida para afectar lo menos posible a las clases más vulnerables.
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Un estudio del Banco Mundial hecho en 2019, determinó que el promedio anual destinado a todos los subsidios es de unos 3.500 millones de dólares.
De cada 10 dólares en subsidios, siete se van en combustibles, apenas dos en bonos de desarrollo humano y el uno restante en agua, luz y otros. Y de los siete dólares destinados a combustible, más de cuatro benefician a las clases sociales media-alta y alta.
Cómo corregir estas distorsiones es un dilema que en el Ecuador no se ha podido resolver. Hay varias ideas de focalización.
EN BASE AL BONO DE POBREZA
El bono mensual en dinero efectivo nació durante la crisis bancaria. Su universo depende de una base de datos que incluyen, principalmente, a personas con ingresos muy bajos y sin una relación de dependencia laboral. La idea fue tan buena que varios países de la región la copiaron.
Según la última cifra disponible, de febrero de este año, los diferentes bonos disponibles son entregados mensualmente a un millón 430 mil personas. Esto representa una inversión anual de 640 millones de dólares. Uno de los problemas es que no hay una confiabilidad plena en que la base de datos de beneficiarios, llamada Registro Social, refleje exactamente la realidad.
Los estudios se basan en los censos de población a los que se les hacen ajustes anuales, el último fue hecho en enero de 2021 sobre datos de 2018. La base censal de 2010 está desactualizada. En 2020 tocaba un nuevo censo de población y vivienda, pero fue pospuesto por la pandemia.
Hay estudios que estiman que el universo de beneficiarios debería ser un 30 por ciento mayor. Un registro actualizado y confiable sería de gran ayuda a la hora de redirigir o focalizar parte de los millones del subsidio a los combustibles.
POR HISTORIAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLES
Otro registro que se tiene, aunque no se ha hecho público, es el promedio de consumo de cada automotor, identificado por su placa al momento de la compra de combustible.
Esta base la generan las estaciones de servicio al instante de emitir las facturas. A este último registro le apuntan los estudios de focalización. Así se podría asignara cada vehículo un cupo mínimo subsidiado cada mes. Esto, sin embargo, dejaría algunas puertas abiertas. El ingreso de la información es manual y se podrían originar errores o corrupción.
Otra alternativa que se baraja es la de colocar chips (Tags) en cada uno de los vehículos que necesiten consumir diésel o gasolina subsidiados. Esto implica que los vendedores de combustible dispongan de lectores de radiofrecuencia. Los gasolineros han advertido que no están dispuestos a aceptar métodos que les implique aumentos de costos de servicio.
Una tercera alternativa es la que ya se usa en México. Es el uso de una tarjeta donde conste la placa del vehículo y que le permita acceder a un combustible más barato. En el país azteca la usan los conductores de transporte público masivo. Eso impediría el alza de los pasajes del transporte urbano o interprovincial.
Sea cual fuere la opción, es urgente para el país buscar la opción más saludable. Cuando los precios internacionales del petróleo suben, los subsidios se multiplican.
Tuvimos ya un pico en 2014 donde los subsidios crecieron hasta los 3.900 millones de dólares. Para este año, se proyecta que, de mantenerse los subsidios actuales, hasta finde año se habrán consumido un poco más de 3.000 millones. Y ese dinero estaría mejor invertido en salud, educación y seguridad.
Para el economista Jaime Carrera, “El tema de fondo es que aquí no logramos entender que ante necesidades ilimitadas tenemos recursos muy limitados. Eliminar o reducir el subsidio es, en este momento, la única vía”, sentenció.