¿Por qué el juez Walter Macías se convirtió en una figura incómoda para la Judicatura?

Hoy miércoles 7 de junio empezó la audiencia para la formulación de cargos, por un supuesto tráfico de influencias que presentó la fiscal Diana Salazar contra los vocales del Consejo de la Judicatura, José Morillo y Maribel Barreno, y el juez de Pichincha Vladimir Jhayya. La Fiscal pidió la prisión preventiva de los vocales y la prohibición de salida del país y uso de grillete para el juez.

El primero en conocer este caso fue el magistrado Walter Macías, quien se convirtió en una figura incómoda, según fuentes judiciales, en el contexto de una confrontación abierta entre la Judicatura y la Fiscalía.

El 10 de mayo pasado, Barreno y Morillo participaron en la reunión del Pleno de la Judicatura que suspendió al magistrado por 90 días, en medio de violaciones procesales de forma y fondo, denunciadas por sus abogados y por juristas consultados.

Así, Macías dejó de conocer el caso de los vocales y otros procesos de gran connotación, relacionados con hechos de corrupción, incluidos algunos contra exfuncionarios del correísmo. En esa lista está el caso Sobornos, que involucra al expresidente prófugo Rafael Correa y funcionarios de su Gobierno. También el proceso Las Torres, en el que fue sentenciado el excontralor Pablo Celi. Además, tramitaba la causa penal en contra del exasambleísta Peter Calo, acusado de violación.

Lea también: Fiscalía pide prisión para vocales de la Judicatura por presunto tráfico de influencias y medidas contra un juez

Días después de la suspensión, la Fiscalía allanó las oficinas de los vocales por sospechas de obstrucción de la justicia.

Al suspender al Juez, la causa fue asignada al juzgador Javier de la Cadena Correa, quien aparece en fotografías junto a importantes personajes del correísmo como Gabriela Rivadeneira, asilada en México, y el exfiscal Galo Chiriboga. Cadena convocó a la audiencia contra los vocales un mes después de la solicitud, aunque debía hacerlo a los 5 días de haber conocido la causa. Los judiciales son señalados por Fiscalía por una supuesta presión a los jueces de la Corte de Pichincha, en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exlegisladora Guadalupe Llori, en junio de 2022, con el fin de recuperar la presidencia de la Asamblea. Sobre estos hechos hay audios de una conversación ocurrida el 2 de junio pasado.

Apartar al juez Macías del trámite de varios procesos a su cago no fue fácil. El principal artífice fue el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Él convocó a los cuatro vocales para una votación que defina la suerte de Macías, la madrugada del 10 de mayo. Morillo y Barreno se abstuvieron de votar, mientras el vocal Fausto Murillo se opuso a la suspensión porque no estaba motivada y carecía de sustento legal. Los únicos que votaron a favor de la suspensión fueron el vocal Xavier Muñoz y el presidente Terán. Este último decidió apelar a su voto dirimente para decidir la suerte de Macías. En la práctica, Macías fue suspendido con los votos de dos de los cinco vocales del CJ.

Esta atropellada votación, según funcionarios de la Judicatura que pidieron la reserva, habría evidenciado que Barreno y Morillo apoyaron tácitamente a Terán. Pese a que no votaron, porque podrían incurrir en un conflicto de interés, tampoco designaron a sus suplentes para que pudieran votar.

Terán, quien llegó a la Judicatura en febrero pasado, se mantiene como cabeza de un Pleno que tiene a tres de sus vocales investigados por la Fiscalía. Xavier Muñoz se unió a esta lista, tras ser señalado por lavado de activos, el pasado 18 de mayo.

Lea también: Judicatura reacciona tras informe de Contraloría sobre irregularidades en sorteos judiciales

Terán ha llevado a cabo varias acciones para intentar blindar a los tres vocales.

Eso quedó al descubierto el 9 de mayo, cuando un juez negó las pretensiones de la vocal Barreno, quien recusó al juez Macías. Lo recusó por «falta de imparcialidad». Horas después, Terán impulsó su suspensión.

El año pasado, sin embargo, un tribunal de Cuenca ya había sentado un precedente en un caso similar contra Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional. La Judicatura, según sus argumentos, no puede suspender a ningún magistrado, sin la suficiente motivación.

En agosto de 2020, la Corte Constitucional se pronunció indicando que la Judicatura no podía sancionar directamente a jueces o funcionarios judiciales que tengan denuncias por dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable. Previamente se requiere la resolución de un juez superior que determine si se cometió alguna de esas tres faltas. Eso no se cumple en el caso de Macías.

Con esta resolución se dejó sin efecto, en 2022, la suspensión que la misma Judicatura le impuso al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Él también fue sancionado por la entidad y estuvo suspendido 40 días.

Saquicela presentó una acción de protección que fue aceptada en julio pasado por la Corte de Azuay. Tres jueces establecieron que en su caso fue vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la defensa y a la motivación de las resoluciones del poder público.

En el caso del Juez Macías, la Judicatura también se basó en una denuncia de Esteban Celi, sentenciado junto a su hermano en el caso Las Torres.

Lea también: Investigan a un juez y dos vocales de la Judicatura por tráfico de influencias: Fiscalía pide formulación de cargos

La suspensión de Macías afecta al caso Sobornos. Macías es uno de los jueces encargados de ejecutar la sentencia en contra de Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. También figuran exministros como los prófugos Vinicio Alvarado, Walter Solís y María de los Ángeles Duarte. Todos fueron sentenciados por corrupción y adeudan USD 14,7 millones.

Este mes el juez Macías tenía previstas diligencias para incautar los bienes de los sentenciados. Todos esos trámites están en suspenso, hasta que regrese al cargo.

Si Correa interpone un recurso extraordinario de revisión durante la suspensión de Macías, el caso recaería en otro juez, quien podría descartar la solicitud o aceptarla y declararlo inocente.

La reunión para suspender a Macías fue a puerta cerrada y sin transmisión en redes sociales. Terán ordenó que la sesión no sea transmitida, como es usual, por Facebook. Incluso, para tratar el tema, el Pleno de la Judicatura se ha reunido en la madrugada. Eso ocurrió el 24 de mayo pasado. Era la 01:50 cuando Terán y los vocales se reunieron de forma telemática para tratar la admisibilidad de la denuncia con la que suspendieron a Macías. El contenido de esa reunión fue declarado reservado. Este medio consultó a los vocales Barreno y Morillo sobre su participación en la suspensión de Macías. Por escrito, Barreno dijo que no participó en el debate ni en la votación porque su “imparcialidad se encuentra afectada con respecto al referido juez”.

El sigilo de la Judicatura también ha trascendido al proceso por tráfico de influencias de los dos vocales, que no está subido al sistema de de Gestión Procesal de la Función Judicial.

Lea también: Vocal de la Judicatura es investigado por presunto lavado de activos: se ejecutaron cinco allanamientos

Otro hecho que han mantenido en reserva y del que evitan pronunciarse los vocales Barreno y Morillo es la supuesta revocatoria de sus visas a Estados Unidos. En el cuestionario que este medio envió a Barreno se incluyeron cuatro preguntas sobre este tema. Ninguna fue respondida. Sus asesores dijeron que la vocal no se pronunciaría.

En los últimos dos años, la embajada de EE.UU. ha retirado la visa a políticos, jueces y generales de la Policía, por su supuesta vinculación con casos de corrupción y crimen organizado.

En el caso de los vocales Barreno y Morillo trascendió que la decisión respondería al hecho de que no podían garantizar su permanencia en el país. El Pleno de la Judicatura tampoco se ha pronunciado.

Tampoco se conoce si el vocal Xavier Muñoz ha sido afectado por la vía diplomática al enfrentar un proceso por lavado de activos. Él tampoco se pronunció. Lo mismo ocurrió con el presidente de la Judicatura, Wilman Terán. Su equipo de comunicación no ha respondido a las solicitudes de información remitidas hace un mes.

La suspensión de Macías generó reacciones entre abogados y funcionarios judiciales. En Manabí, de donde es oriundo el magistrado, se presentaron al menos dos medidas cautelares para evitar la suspensión.

En los escritos se denuncia que se ha vulnerado los derechos de Macías y que se trata de una persecución para beneficiar a casos de repercusión social por corrupción.

Una de las ponentes de estas medidas es la abogada Johanna Cevallos. La jurista dice que la suspensión de Macías fue arbitraria. Además, que está “hastiada de tantas irregularidades de la Judicatura, sobre todo la arbitrariedad de violentar la ley y sus propios reglamentos para encubrir a sus vocales inventándose suspensiones”.

La separación temporal de Macías está en firme, pues un juez negó el recurso de protección de Cevallos. En el acta dice que el juez no ha perdido sus funciones definitivamente y por eso no se considera una acción grave. En tanto, abogados del magistrado recopilan información sobre todos los procesos para analizar futuras acciones contra la decisión de la Judicatura.