"Parece una justificación para no pagar los casi $30 millones que nos debe", responde accionista de Lafattoria a Daniel Noboa
Ante la notificación a Fiscalía por parte de la Presidencia de la República que alertaba sobre presuntas irregularidades en el servicio de alimentación en los centros de privación de libertad del país, que debían ser investigadas, Richard Villagrán, presidente del grupo Riasem, al que pertenece la empresa Lafattoria, sobre la que pesan las acusaciones, reaccionó por medio de un comunicado.
El accionista de la compañía, que provee este servicio en las cárceles de las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Pichincha, Santo Domingo, Napo, Cotopaxi y en cinco reclusorios de la ciudad de Guayaquil, se dirigió al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, este viernes, y aseguró que le habían proporcionado información falsa.
“No tengo ni la más mínima vinculación” con el narcotráfico, dijo Villagrán, respondiendo a una declaración por parte de Noboa en que afirmaba que ”son 171 millones (de dólares) los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015 (...) Que de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy (jueves) en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar estas organizaciones criminales".
Este jueves, día en el que la Presidencia introdujo una notitia criminis en el Ministerio Público para que se pongan en marcha investigaciones contra Lafattoria, el Gobierno calificó la conducta con respecto al servicio de alimentación en las cárceles como monopólica y adelantó que esta sería "puesta a órdenes de las autoridades".
Sobre los presuntos actos ilícitos que habrían sido perpetrados por la empresa Lafattoria el Ejecutivo no otorgó detalles, puesto que la información en la que estaría basada esta aseveración fue clasificada como secreta.
En el comunicado, Villagrán considera que el planteamiento de que los 171 millones de dólares que ha recibido la empresa por parte del Estado desde el 2015 podrían haber financiado a grupos de crimen organizado “ha golpeado el corazón de miles de personas que participan directa e indirectamente" en la gestión del grupo empresarial que dirige.
Lea también | El monopolio de la alimentación en escuelas y cárceles
“Es errada la información, señor presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley”, acotó posteriormente.
El presidente de Riasem acotó que la empresa ha sido auditada por años, que no ha enfrentado previamente una denuncia penal ni ha sido glosada por la Contraloría General del Estado. En adición, también destacó que esta no ha dejado de presentar reportes con la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Insinuar corrupción sin evidencia "constituiría una difamación y más aún cuando inclusive las cifras que cita son erradas; y ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL's (presos) y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses (...) Me alegro de que se abra una investigación en Fiscalía, ya que una vez que las investigaciones terminen y se confirme que nada ilícito existe terminarán esos rumores maliciosos", concluyó Villagrán.
Esta semana, Lafattoria dejó de proveer el servicio de alimentación en centros de privación del norte del país debido a la deuda referida por Villagrán, de 28.5 millones de dólares. El último contrato de esta empresa para suministrar este sector data del 5 de octubre de 2023, por 23 millones de dólares, según la rendición de cuentas del SNAI.