Lo que se sabe de la trama de corrupción que involucra a una directora de la Judicatura y un funcionario de Fiscalía
Por la trama de corrupción que ha salpicado a funcionarios judiciales, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra cinco detenidos por presunto tráfico de influencias.
Un Juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para Patricia V. (directora provincial del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi) y Kléber Y. (funcionario de Fiscalía), mientras que Washington S., Luis G. y Fanny C. quedaron con medidas alternativas como prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
Todos fueron detenidos en el operativo denominado “Lex”, la mañana del martes 14 de noviembre de 2023, llevado a cabo por agentes de Fiscalía y Policía Nacional.
Treinta y un allanamientos se ejecutaron en varios inmuebles de las provincias de Pichincha y Cotopaxi. Entre las instalaciones intervenidas se incluye la Fiscalía de Pujilí y el Complejo Judicial de Cotopaxi.
Se encontraron evidencias como dinero en efectivo, celulares, laptops, dispositivos de almacenamiento electrónico y armas de fuego.
El caso a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción inició el 22 de febrero de 2023, tras una denuncia presentada en la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Institución.
Resoluciones judiciales irregulares
En el desarrollo de la investigación se evidenció la participación de servidores de Fiscalía y Consejo de la Judicatura, que habrían ejercido influencia en funcionarios públicos para obtener un beneficio económico, a fin de favorecer a terceros en procesos judiciales y de contratación de personal.
El fiscal del caso –mediante técnicas de investigación, como seguimientos, vigilancias e interceptaciones telefónicas– encontró indicios de una presunta red de corrupción de funcionarios públicos, liderados presuntamente por Patricia V. y Kléber Y., funcionario de la Fiscalía de Pujilí.
Ambos, supuestamente influyeron en otros servidores públicos para obtener resoluciones judiciales a favor de sujetos procesales, a cambio de beneficios económicos y de otra índole.
También se habría influenciado para la contratación de personal en la función judicial, sin el procedimiento de selección legal establecido.
Además, el fiscal expuso en la audiencia de formulación de cargos los elementos de convicción recabados en la investigación. Entre los más importantes constan: informes de los agentes investigadores, seguimientos, vigilancias y la interceptación de comunicaciones e informes integrados de investigación. El plazo de la instrucción fiscal será de noventa días.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura, comunicó que ha iniciado una intervención en la Dirección Provincial de Cotopaxi, a través de la Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia.
La acción, según la institución, se tomó "en defensa de la transparencia, la institucionalidad y promoviendo la erradicación de toda práctica que pudiese reñir contra el derecho y la moral".
De igual forma, se convocará a Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura para analizar la situación y tomar las medidas correctivas necesarias.
El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.