"Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio": Los devastadores efectos de la minería ilegal en Napo

Después de provocar daños ambientales en el cantón Arosemena Tola, y recibir la suspensión por parte de la autoridad ambiental, la empresa china Terraearth recibió una nueva licencia para operar el proyecto Tena. La firma niega estar apoyando a la minería ilegal, y asegura que hay una campaña en su contra.

Del río Jatunyacu, en Napo, nacía la vida. Hoy, los pobladores de la comunidad de Talag esperan con ansias la lluvia. Es el único líquido que hoy pueden beber, desde que el agua de la corriente empezó a enfermar a las personas.

Antes la zona era un punto turístico. Ahora, la devastación es provocada por la minería ilegal que tiene redes de apoyo a todo nivel, desde autoridades locales hasta funcionarios públicos, según coinciden expertos y representantes de organizaciones ciudadanas y ambientalistas.

Un foco de las demandas es la minera china Terraearth Resources S.A. La firma tiene seis concesiones mineras a su favor, en los cantones de Tena y Carlos Julio Arosemena, en la provincia amazónica del Napo. Las concesiones son: Regina 1S, Vista Anzu, El Icho, Anzu Norte, Confluencia y Talag.

Las concesiones inicialmente fueron otorgadas a una empresa canadiense. Entre 2013 y 2015, pasaron a manos de la firma china. En total, los títulos mineros abarcan una superficie cercana a 9.800 hectáreas. No obstante, la concesión en Talag que fue expedida en 2001, ya expiró en el registro minero a fines de septiembre de 2022. Las demás concesiones están vigentes hasta 2031. Para el exviceministro de Minas Fernando Benalcázar, llama la atención que se les haya entregado concesiones por 30 años, dado que el límite no supera los 25.

Entre 2009 y 2017, las autoridades de esa época autorizaron que varias empresas modificaran sus títulos mineros de gran escala a mediana y pequeña. Para los cambios no fueron necesarios justificativos que sustentaran reducción en los niveles de producción. Esto, en la práctica, benefició a las entidades, al obtener el título de pequeña minería, realizaron en simultánea las actividades de exploración y explotación, según explica el exviceministro.

Recién en 2020, por iniciativa de Benalcázar, se expidió el reglamento que establece requisitos para cambio de régimen. Según esta normativa, las mineras deben justificar que su capacidad de producción no está dentro de los parámetros de gran o mediana minería, para cambiar de régimen.

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En 2020, justamente, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica suspendió las actividades de la minera, por incumplimiento de la normativa ambiental. En octubre de ese año, ese Ministerio reportó que dispuso la suspensión total de actividades de la minera. Esto, “tras identificar afectaciones al río Chumbiyacu por descargas directas sin tratamiento previo y modificación al cauce hídrico, además de no contar con los documentos habilitantes para operar”.

Meses atrás, la cartera de Estado había dispuesto a la empresa que corrigiera las fallas, sin eco. En consecuencia, la firma quedó inhabilitada para operar en la concesión minera Regina 1S, en los sectores Estrella del Oriente, Moretecocha y Siguacocha en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola.

La empresa señaló que había sido blanco de una campaña de desprestigio, y que fue excluida de las reuniones entre autoridades y la sociedad civil, para tratar la problemática de la minería ilegal. “Hay ciertos personajes que distorsionan la verdad de los hechos y sin sustento pretenden inculparnos, sin permitirnos el derecho a la defensa de cada acusación”.

La empresa asegura que la campaña pretende vincularla con la minería ilegal, “cuando hemos sido firmes en la lucha contra este mal que nos afecta a todos; las denuncias y amparos solicitados a los entes de control así lo demuestran”.

Según la firma, los daños ambientales fueron causados por mineros ilegales. Sin embargo, afirma que los remedió, en apego a las normas vigentes. “Presentamos nuestra predisposición para en conjunto con las comunidades y las autoridades delinear estrategias para erradicar la minería ilegal que pulula en el sector”.

Los daños por la explotación minera en los poblados a lo largo del río Napo son más visibles entre los niños. Problemas en la piel y en el sistema respiratorio son recurrentes. De ese fenómeno dio testimonio Leonardo Cerda, miembro de la ONG Napo Resiste, durante su comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea, a mediados de febrero. En los centros de salud, los médicos no logran diagnosticar qué pasa, explicó, y atribuyó a los efectos del mercurio que se utiliza para extraer el oro, que se mezcla con el agua.

En febrero de 2022, el gobierno realizó una intervención con cientos de militares y policías en Yutzupino, también en Napo. Encontraron más de 600 operarios en dos centenares de máquinas retroexcavadoras, en cuencas hídricas desde las cuales se extraía el mineral. Luego del operativo, varias personas fueron detenidas. Entre ellos, funcionarios públicos de la época.

Estudios descubrieron altos índices de contaminación, por los materiales arrojados a los ríos Anzu, Poroto, Zapallo, Yutzupino, Yaku, Jatunyacu. Tres de ellos fueron declarados ríos muertos.

La firma debía presentar a la autoridad ambiental un plan de remediación. No lo hizo. Por entonces, estaba concentrada en tramitar la licencia ambiental para un nuevo proyecto, el Tena. A fines de octubre de 2022, el informe favorable fue presentado para la operación del proyecto Tena.

Eso causó que organizaciones sociales, entre ellas Napo por la Vida, Napo Resiste, Puerto Napo y comités de defensores de derechos humanos y la naturaleza, así como la Defensoría del Pueblo, emitieran voces de alertas. Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Napo, pide que se suspenda la licencia ambiental. En su argumento, la experiencia de lo ocurrido en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola sienta un mal precedente.

Pero las autoridades ambientales explican que no se puede confundir lo ocurrido en las concesiones Vista Anzu y Regina S1, con las operaciones aprobadas en el proyecto Tena. Las dos primeras están vigentes desde 2012, y han sido sujetos de control, según explicó José Dávalos, viceministro de Ambiente, durante su comparecencia ante la Comisión de Biodiversidad del Legislativo. El asambleísta Washington Varela, representante de la provincia de Napo, preside esa comisión.

Según la autoridad ambiental, las concesiones suspendidas se suman a otros 154 frentes mineros, en los cuales se detectaron incumplimientos.

No obstante, él aclaró que las sanciones y suspensiones a la empresa china no impiden que reciba una nueva autorización. La licencia ambiental podría ser revocada si se detectan incumplimientos.

El proyecto Tena tiene una suspensión vigente, porque se detectó presencia de minería ilegal, explicó la autoridad. Esta suspensión solo se levantará cuando exista una ejecución cabal del plan de acción.

“No hay prevención ni reacción inmediata para frenar a los mineros”, según denunció Francisco Rodríguez, un emprendedor turístico, propietario de Anaconda Lodge, en una isla ubicada entre los ríos Napo y Arajuno. “Lo que ocurre en esta provincia es un biocidio, con responsabilidad directa de las autoridades locales, que apoyan con su maquinaria la depredación”.

El presidente de la Comisión Legislativa, Washington Varela, dijo tener conocimiento de que la firma china “contrató a los mismos mineros ilegales para hacer la remedación ambiental”.

Para inicios de febrero, la firma llevaba 12 días de trabajo en remediación ambiental en uno de los frentes de la minería ilegal, conocido como El Icho.

Según el representante de Napo Resiste, la extracción de oro no es nueva, pero anteriormente se realizaba con procesos artesanales, como la extracción, el lavado en bateas, en ríos como el Jatunyacu. Según estimaciones locales, solo para el proyecto Tena se abrieron seis puntos de extracción y se destrozaron unas 600 hectáreas de selva.

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Los colectivos sociales presentaron una acción de protección. En el escrito, a mediados de 2022, destacan los resultados de un recorrido por la zona devastada. “La afectación de los ríos es preocupante porque la minería ha asentado y se sigue expandiendo a orillas de varios afluentes de dos ríos principales por su extensión, como son el Anzu y el Napo, este último, va más allá de la frontera provincial (...) su contaminación llega a muchos más espacios de los visibles dentro del Napo”.

La minera, establece el documento, causa deforestación, apertura de nuevos caminos, contaminación del suelo, ruido, baja capacidad de regeneración de la vegetación después de terminada la explotación, desvío de ríos. “Los problemas ambientales se seguirán reproduciendo si la minería avanza”.

Los actores dedicados a la exploración no aplican mecanismos técnicos para el manejo de desechos y la prevención de la contaminación del agua y suelo. Los efectos se detallan: pérdida de acceso a fuentes de agua para el consumo humano, la contaminación de los ríos no permite su uso para la pesca o la agricultura. La gente, advierte el documento, pierde autonomía sobre el territorio y se acentúa la división de las poblaciones, lo cual beneficia a los actores de la minería. “Los gobiernos locales no hacen lo debido para que los conflictos frenen, al contrario, dan muestras de apoyo a la explotación o de quemeimportismo”.

Un informe clasificado al que accedió esta alianza revela que en la zona aledaña a la ribera del río Jatunyacu la actividad ilegal provoca daños a la salud y al medio ambiente. La extracción promedio de 32.400 gramos de oro en forma antitécnica implica un perjuicio de 54 dólares por gramo. Esto es 1,7 millones de dólares por día, o 638 millones de dólares en un año.