Leonardo DiCaprio se pronuncia sobre demanda del pueblo kichwa contra el Estado ecuatoriano

El actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, se solidarizó con las comunidades afectadas por el derrame del siete de abril del 2020, en las orillas de los ríos Coca y Napo en la Amazonía ecuatoriana.

“La lucha incansable de las comunidades indígenas por la Justicia en la Amazonía ahora llega a los pasos de la Corte Constitucional de Ecuador con la oportunidad de sentar un precedente nacional y revertir el fallo de los tribunales inferiores que reforzó un legado de impunidad de décadas de la industria petrolera de Ecuador para contaminar la Amazonía sin consecuencias y, lo que es más importante, sin remediar los frágiles ecosistemas de la región ni reparar el daño causado a las comunidades indígenas”, escribió DiCaprio.

Agregó que la Corte Constitucional del Ecuador tiene una gran oportunidad para ser ejemplo en todo el mundo sobre el respeto a los derechos de la naturaleza y las comunidades indígenas.

"Es hora de acabar con la impunidad de la industria petrolera en la Amazonía", dijo en Twitter.

El 7 de abril de 2020 se produjo la rotura de dos oleoductos que van desde la Amazonía hasta la costa ecuatoriana, como consecuencia de un corrimiento de tierra en una región altamente sísmica entre las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Los dirigentes y activistas de organizaciones ecologistas lo consideran el mayor vertido de los últimos 15 años y solicitaron una acción de protección con medidas cautelares contra las petroleras responsables del crudo.

Sin embargo, en septiembre un tribunal provincial desestimó la acción al no considerarse competente, y desde entonces los afectados han recurrido sin éxito en varias instancias.

Las empresas demandadas fueron las operadoras del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), además de los Ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente y Salud Pública y a la Procuraduría del Estado.

Los responsables de los oleoductos aseguraron que cerraron las tuberías tan pronto como supieron de su rotura, y que el combustible derramado es la cantidad remanente desde las válvulas. También documentaron la entrega de agua y kits alimentarios a las poblaciones afectadas.

Adujeron además que el deslizamiento fue una situación de 'causa mayor', aunque los afectados alegan que se trató de un hecho previsible y que el código ambiental obliga a la adopción de medidas tecnológicas por parte de la industria petrolera para minimizar riesgos y daños.

Según varias ONG internacionales, el derrame perjudicó al menos 27.000 personas que viven en las orillas de los ríos.