La violencia que vivió Nina Gualinga y su lucha por justicia: "Comencé a dudar de mí misma"

Esa es la pesadilla que vive Nina Gualinga, lideresa de la comunidad Kichwa de Sarayacu, desde hace años. Es conocida internacionalmente por su lucha por los derechos de la Amazonía. Pero libra dos batallas más que pocos saben: una en su interior para vencer el miedo, y otra con el sistema judicial que parece no entender la violencia de género.

La activista ha interpuesto tres denuncias contra su expareja. La primera por violencia física fue archivada porque no se entregó la citación al victimario.

En el 2020, Nina volvió a confiar en la justicia y denunció violencia psicológica, pero la investigación previa demoró más de tres años e incluso pasó por las manos de varios fiscales, que tramitan el hecho en la Unidad de Patrimonio Ciudadano.

Mientras que la tercera denuncia se tramita desde marzo del 2022. La activista ambiental acusó al sujeto por incumplir las medidas de protección que pesaban sobre ella, tras ingresar sin autorización a la casa de su familia.

“El sistema judicial se ha burlado de todo lo que me pasó y sigo viviendo”, afirma Gualinga, quien pide que se realice la acusación formal en contra del agresor.

Su caso demuestra la cruda realidad que enfrentan las mujeres que deciden denunciar actos de violencia, pero en el camino son revictimizadas incluso por las instituciones creadas para garantizar sus derechos.

Nina Gualinga conoció a su agresor cuando tenía 13 años, pero a los 19 se formalizó el noviazgo y empezaron a convivir en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza. Para la joven indígena fue un reto porque era un entorno distinto al de su natal Sarayacu.

Desde esa época, ella cuenta que sintió manipulación por parte de su pareja, pues la aislaba de sus amigos e incluso de su familia. “Comencé a dudar de mí misma y pensar que es culpa mía. Uno empieza a justificar y desafiar los límites de lo que está bien o está mal”, narró la joven a Vistazo.

La violencia psicológica luego se transformó en física. “Me empujaba para que me cayera y empezaba a sangrar la rodilla, pero yo decía: no me golpeó, solo me empujó”.

“Hasta que un día me golpeó en la cara. En ese momento me di cuenta que él era violento. Después, vinieron otros sucesos con golpes en distintas partes del cuerpo, pero también seguía la violencia psicológica”.

Nina Gualinga terminó la relación y puso una denuncia en el 2015 ante la Unidad Judicial de Violencia Contra la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar en Puyo.

“Denúnciame, nadie te va a creer”, le dijo el agresor. En efecto, la causa fue archivada porque el agente encargado de entregar la citación no localizó al sujeto, pese a que el implicado es ampliamente conocido en la ciudad y que la parte interesada facilitó datos de la ubicación.

“Es una persona (el denunciado) que tiene influencia económica y política. Yo creo que eso ha tenido que ver mucho en cómo se ha manejado mi caso”, resalta Gualinga.

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Luego de la primera denuncia, la relación continuó de manera disfuncional. Hubo un tiempo de calma, pero después la violencia siguió escalando.

Nina narra que, un día mientras cargaba a su bebé, el sujeto le dio una patada en la espalda baja, lo que le provocó una fractura en su columna. No podía caminar ni sentarse bien. Él le decía: “No hagas dramas”. Incluso, en una ocasión la amenazó de muerte con una escopeta apuntándole a la cabeza.

“Con estos antecedentes, yo dije: ‘A los 30 no sé si estaré viva’”. La joven incluso sintió vergüenza de la situación que estaba atravesando porque públicamente luchaba por los derechos de la naturaleza, pero dentro de su casa había dolor y desesperación.

Nina volvió a poner una segunda denuncia por el delito de violencia psicológica en el 2020, además, hizo pública la violencia sufrida durante años. Al poco tiempo, el agresor interpuso una acción en contra de la activista por supuesta violencia psicológica.

Actualmente, el caso de Nina se encuentra en la Unidad de Patrimonio Ciudadano. Mientras que el proceso del agresor es tratado en la Fiscalía de género.

La joven también menciona que la investigación previa de la segunda causa ha durado más de tres años y ha sido expuesta a una constante revictimización. Cuenta, por ejemplo, que salió del país por el miedo que sentía, pero al tener un bebé junto al acusado, el sistema judicial la obligaba a tener contacto con su victimario.

Además, el sujeto continuaba amenazando con publicar fotos íntimas de ella. “Todo el mundo te dice que hay que denunciar, pero en el momento que lo haces nadie te ampara, los policías incluso se burlan de la situación”.

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En marzo del 2022, Nina interpuso una tercera denuncia por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, debido a que el procesado incumplió las medidas de protección que fueron dispuestas a favor de la víctima, mediante la boleta de auxilio entregada en el año 2020.

El agresor habría ingresado sin autorización a la casa de la familia de la víctima para amedrentarla.

Nina relata que aparte de la negligencia judicial, debe sobrellevar efectos psicológicos que cada día trata de sanar. “No puedo caminar tranquila por la calle, siempre estoy escuchando si viene el carro porque una vez me intentó atropellar”.

“El mayor reto que tengo es sanar el miedo. Todos estos años sembraron en mí un miedo que está tan presente y constantemente cuando duermo, viajo o me estoy divirtiendo”, manifiesta Gualinga.

Pero dentro de esta lucha, la joven también ha descubierto la solidaridad de otras mujeres que han pasado por la misma situación. Ellas la mueven para seguir con el caso.

Además, expone su historia para que otras víctimas se den cuenta de los círculos de violencia y denuncien ante las autoridades. “Merecemos ser libres, merecemos estar seguras y merecemos salir de esas situaciones de violencia”.

Durante el 2023 el caso de Nina Gualinga pasó a la etapa de instrucción fiscal y ahora se ha convocado a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, que se desarrollará el 5 de enero del 2024.

Gualinga espera que las autoridades “dejen de obstaculizar la justicia” y que formalicen cargos en contra de su agresor.

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