La ley para reducir la contaminación por plástico en Ecuador que no se cumple

Esta disposición parte de la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, promulgada en diciembre del 2020, con el objetivo de promover el aprovechamiento de este componente y regular su producción.

El cuerpo normativo fijó plazos para la reducción gradual de plásticos considerados de un solo uso. Uno de estos establece que, para mayo de este año, en la composición de las botellas hechas con PET destinadas a envasar bebidas deberá incluirse 25 por ciento de material reciclado.

No obstante, actualmente se yerguen dudas en torno al cumplimiento de estas disposiciones, tanto en lo que respecta al actual porcentaje delimitado como la posibilidad de alcanzar el próximo, pese a que, por la emergencia climática, la eficacia de estos planes se reviste de suma importancia.

Para Javier Díaz, responsable de asuntos corporativos de Enkador, una de las empresas recicladoras de plástico más grandes a escala nacional, el panorama que definiría el rigor de la ley mencionada no es claro. De hecho, él nota con frecuencia situaciones que expondrían su desacato.

“Tienes en la Ley unas prohibiciones clarísimas que debieron haberse cumplido al año de vigencia y aún encuentras en el mercado cosas que no deberían estar”, cuenta, al asegurar que ha visto botellas de plástico de un solo uso en Galápagos, aún cuando no deberían ser expendidas en islas.

Díaz resalta que aparentemente no hay una entidad gubernamental que lleve a cabo un “seguimiento exhaustivo” del cumplimiento del cuerpo normativo. “Ya debió haberse disparado la demanda (de PET reciclado) y no ha ocurrido”, agrega.

El directivo acota que, desde la promulgación de la Ley, no ha visto un balance del Estado que aborde la cifra de botellas plásticas que entran al mercado, durante un periodo determinado de tiempo, en contraste con la cantidad de material reciclado que se vendió para fabricarlas.

“Por eso trabajamos un poco a ciegas”, señala, ya que la ausencia de estadísticas deviene en que no sea posible determinar el cumplimiento de la incorporación progresiva de plástico reciclado en los envases mediante información de acceso público.

En caso de que los plazos establecidos no se estén cumpliendo, no solo en lo que respecta a botellas, sino también a fundas, vasos, tarrinas y recipientes, entre otros objetos fabricados con PET, las consecuencias se extenderían a diversos planos, principalmente al ambiental.

Según la firma estadounidense Franklin Associates, la producción de cada kilogramo de PET virgen (no reciclado) genera 2,53 kilogramos de CO2, un gas compuesto por oxígeno y carbono, cuya excesiva emisión es una de las principales causas del calentamiento global.

Con el reemplazo de PET virgen por PET reciclado se sustituye 1,5 kilos de CO2 por cada kilo de resina reciclada. En el caso de Enkador, durante 2022, este cambio se tradujo en la reducción de cerca de 15 mil toneladas de dicho gas nocivo expulsadas a la atmósfera.

En un planeta que viene de atravesar uno de los años más calurosos jamás registrados, durante el que ocurrió la peor sequía en varias cuencas de la Amazonía andina y brasileña, según se expuso en la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, la reducción de estas emisiones se torna esencial.

Pese a que la ley dirigida a la reutilización de plástico en Ecuador tiene el “espíritu” de alinearse a los requerimientos establecidos por científicos para mitigar los efectos de la crisis climática, considera Díaz, su efecto se vería limitado por la aparente falta de control y rigor.

“Si no hay un control adecuado en su cumplimiento, ¿qué está pasando entonces? Que los materiales de un solo uso plástico se están yendo a la basura, a los rellenos sanitarios, a los ríos, o están llegando a los mares (...) y todo se traslada a contaminación”, explica.

Diaz agrega que los contratiempos en la reducción gradual de la utilización de PET virgen no solo impactarían negativamente al medioambiente, sino también a los recicladores de base. “Habría posibilidad de que esa población vulnerable se quede sin un sustento”, asegura.

“El problema no es el plástico. El problema es la basura plástica. Tenemos que impulsar el uso de material reciclado. Para que haya más hay que hacer que se cumplan las leyes y hacerlas más exigentes”, acota Díaz, abordando la crisis ambiental.

“También hay que involucrar a los productores para que haya recuperación del material post consumo y de los desechos aprovechables para que no se hagan basura. Hay que incorporar a todos”, incluso a la sociedad como “consumidores responsables”, concluye.

¿Cómo se podría lograr que la mayoría de ciudadanos comiencen a emplear prácticas de reutilización de plástico en su vida diaria? Para Carolina Saá, directora de Laboratorio de Reciclaje, un centro de aleccionamiento ambiental y gestión de residuos en Quito, la respuesta es la educación.

Saá destaca que los niños “sí tienen la habilidad” para cambiar los hábitos de consumo en casa, y por ello, en el marco del agravamiento de la emergencia climática a nivel regional, lleva a cabo campañas de enseñanza que abordan el tema en instituciones educativas junto a Enkador.

Ella apunta que “la ley tuvo que haber salido con un plan de educación muy fuerte, empezando con los colegios” y considera que la “voluntad política” es la clave para la “mano dura contra las industrias”. Con respecto a estas, le parece grave que al parecer no tienen responsabilidad extendida si desacatan las disposiciones a favor de la reutilización de plástico.