La dura lucha de las madres de desaparecidos en Ecuador

 

No saber su paradero. Si están vivos o muertos. Preguntarse una y otra vez si han sufrido o no. Mantener la esperanza de que algún día puedan regresar. Todo esto genera una situación de vulnerabilidad en los familiares de las personas desaparecidas, que se asocia a la tortura, por el profundo dolor que se puede llegar a sentir. 

 

A esto se suma el tratamiento negligente dado a la mayoría de casos de desapariciones, por parte del sistema judicial. Lo que constituye además, una grave violación a derechos como el de la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita (Art. 75 Constitución del Ecuador), las garantías básicas del debido proceso (Art. 76 CE), la reparación integral y, sobre todo, el derecho a la verdad (Art. 78 CE). 

 

En Ecuador actualmente existen 1.359 casos de desaparecidos, de los cuales la mayoría se registran en la provincia de Pichincha, según datos del Ministerio del Interior. Detrás de cada caso hay una historia desoladora. Por eso, en este Día de la Madre resaltamos la dura lucha de estas valientes mujeres, que darían lo que sea por volver a tener a sus hijos e hijas entre brazos, como cuando se vieron por primera vez. 

 

 

María Fernanda desapareció el 15 de enero del 2010, cuatro años después de haberse separado de su esposo, quien a través de sus abogados le generaba trabas para obtener el divorcio. Ese viernes ella había acordado reunirse con él, afuera del trabajo de este, con la promesa de finalmente firmar los papeles de la separación. 

 

Al notar que María Fernanda no llegaba a casa, María de Lourdes puso en aviso a las autoridades y denunció a su yerno como presunto responsable de la desaparición. 

 

Tres años después, el esposo de María Fernanda asesinó a una joven de la misma edad que ella, se llamaba Valeria Chávez y era oriunda de El Carmen. Según María de Lourdes, tenían menos de un año saliendo cuando sucedió el asesinato. Valeria vivía en el mismo barrio. En 2014 lo arrestaron y luego le dictaron 25 años de prisión por femicidio. Ya en la cárcel, cuando lo interrogaron por la desaparición de María Fernanda, él se acogió a su derecho al silencio. 

 

Han pasado nueve años y la vida de esta madre ha cambiado por completo. Luego de haber sido gerente y propietaria de una agencia de viajes, hoy dirige una de las fundaciones más grandes que trata casos de personas desaparecidas, DESENDOR (Desaparecidos en Ecuador). 

 

“Nunca en la vida imaginé que iría a liderar una fundación tan grande, nunca imaginé estar al frente de cosas tan dolorosas como las que veo día a día, involucrada en las morgues para reconocer cadáveres (...), pero ahora sirvo dignamente a esa gente que son mis compañeros de lucha, para seguir adelante y esperando esa verdad que todos esperamos, no solo las madres, todos los que tenemos familiares de víctimas”, comenta con tristeza pero orgullo a la vez, porque ahora su propósito de vida es otro y lo lleva en alto.  

 

Sin embargo, el camino de espinas de María de Lourdes le ha pasado varias facturas a su salud. Hace menos de cinco meses dejó el hospital, luego de sufrir una pancreatitis aguda que la puso en riesgo de muerte, generado por un cuadro de depresión. “Tengo depresiones, tengo presión alta, me duele el corazón, lamentablemente eso es lo que genera este tema de desapariciones, que uno caiga en un estado crítico de salud”. 

 

Mientras tanto, la justicia ecuatoriana sigue siendo su mayor decepción: “No ha habido un compromiso estatal, de ningún gobierno. Desgraciadamente hay gente muy irresponsable, los asesores manejan a la maldita sea las cifras, las estadísticas, la atención a los familiares de los desaparecidos”. 

 

En este día especial, para María de Lourdes su mayor deseo es encontrar a su hija. “Tenerle a mi hija sería el regalo más grande, así no vengan regalos, tenerla justo ese día tan especial que es el Día de la Madre, es el día más terrible cuando hay la ausencia de un hijo. No entiendo hasta el día de hoy (...) parece una pesadilla lo que yo vivo. Uno no puede reponerse de ese dolor”. 

 

 

Este 12 de mayo, Día de la Madre en Ecuador, Alexandra Ayala se encuentra en Cuzco, Perú, moviendo cielo y tierra para poder localizar a su hija. Es otro más de los viajes que ella, su esposo, Marcelo Salazar, y sus otras hijas han tenido que realizar desde España para evitar que el caso de Nathaly Salazar Ayala se estanque, y no quede en la impunidad. 

 

El 2 de enero de 2018, Nathaly de 28 años desapareció en la localidad turística de Maras, ubicada en el valle Sagrado de los Incas, en Perú. La joven de nacionalidad ecuatoriana llegó desde la ciudad española de Valencia, en donde residía junto a su familia, con la finalidad de conocer los proyectos turísticos de la zona y luego ir a Pifo, en la capital ecuatoriana, para montar un hotel. 

 

Cuando Alexandra supo de la desaparición de su hija, la primera respuesta que obtuvo de la policía peruana fue: “es una turista más que debe estar drogada, tirada en la montaña con el novio”. Y cuando intentó recurrir al Estado ecuatoriano, el embajador le dijo que como su hija había ingresado con la nacionalidad española, debía ser España el país encargado de emprender las labores de búsqueda. Aunque luego se demostró que Nathaly entró a Perú como ciudadana ecuatoriana. 

 

En Perú intentaron darla por muerta sin siquiera haber encontrado sus restos, basándose en unas cuantas declaraciones de quienes están implicados en su desaparición. En este punto, la familia tuvo que recurrir a organizaciones de Derechos Humanos, para evitar que se publique una acta de defunción y exigir mayor celeridad en la investigación. 

 

Sin embargo, los esfuerzos de Alexandra y toda su familia no parecen ser suficientes para hacer justicia en un sistema estatal indolente que poco ha hecho para encontrar la verdad. “Hemos escrito dos cartas al señor presidente peruano, hasta el día de hoy no tengo su respuesta. Hemos hecho escritos y llamados y todo ha quedado en papel mojado, papeles, trámites tras trámites, reuniones tras reuniones, que no han llegado a absolutamente nada”. 

 

De este caso, se conoce que dos hombres fueron detenidos en Cuzco. El dueño y un trabajador de un servicio de transporte rústico elevado, similar a un teleférico (o tarabita), que ofrecía a los viajeros una visión panorámica de ese valle. En sus declaraciones, ambos manifestaron que Salazar falleció practicando esa actividad y que arrojaron el cadáver en el río Vilcanota-Urubamba. Aunque la Fiscalía peruana aseguró que los sospechosos se contradijeron al recordar las circunstancias en torno al traslado del cuerpo y cómo lo colocaron en el río. 

 

Ante todo, Alexandra mantiene la esperanza de que su hija esté viva, y aquello la ha impulsado a seguir buscando, a miles de kilómetros de su hogar, cualquier indicio que la conduzca hacia su amada Nathaly. “Vivimos como los zombies, muertos en vida, ha cambiado totalmente nuestra vida, la comparación que le puedo decir es que por más que el día tenga un sol hermoso, siempre hay nubarrones en nuestra vida. No encontramos ni la paz, ni la tranquilidad porque no está nuestra hija”.

 

 

Han pasado 6 años, 10 meses y 5 días desde que Juliana desapareció en Quito, su madre Elizabeth Rodríguez lo tiene muy presente, porque no ha habido un solo día desde entonces, en el que no esté buscando a su hija. 

 

Juliana tenía 18 años cuando desapareció, minutos antes se había despedido de su madre en una gasolinera para caminar cinco cuadras hasta el negocio que dirigía. En ese transcurso, fue interceptada por Jonathan C., pastor evangélico de la iglesia a la que solía asistir, este la habría drogado y conducido hasta un motel, en donde se presume que la violó y asesinó. Para llegar a esta conclusión tuvieron que pasar seis años, aunque Elizabeth lo sospechó desde el primer día. 

 

Su caso ha estado plagado de negligencias tanto de los operadores de justicia, como de las autoridades y la Policía. Apenas sus padres notaron la ausencia de Juliana, dieron aviso, pero no fueron escuchados. Una fiscal les dijo que seguramente había huído con algún novio y que espere 8 meses porque podría estar embarazada y luego de ese tiempo reaparecería con un bebé en brazos. La misma fiscal prefirió creer ciegamente los comentarios denigrantes de la familia del pastor, todos miembros activos de la iglesia, antes que las bien fundamentadas sospechas de Elizabeth. 

 

“La fiscal no me permitió estar en las versiones. Nos dijo: ‘ya ve, los pastores no son, en todas las versiones han dicho que July es una chica que ha tenido malas amistades, esperen no más, los pastores no son, yo puedo poner las manos al fuego por ellos”, le dijo a la madre, después le entregó un afiche de otra iglesia a donde la envió a rezar para que aparezca su hija. 

 

Hoy, después de que el caso ha pasado por 10 fiscales, se sabe que Jonathan C. se vio con Juliana el día de su desaparición, que puso el chip de la joven en su celular para escribirle a los padres haciéndose pasar por ella, y que incluso se metió a su cuenta en Facebook para escribir un mensaje falso: “Gracias amigos por su preocupación, he tomado mi propia decisión y espero que la respeten, no se metan en mi vida”. Pero Elizabeth siempre supo que no era su hija, aunque los investigadores no le creían y preferían lanzar comentarios como: “ahí está, su hija le está diciendo que está bien”. 

 

También se sabe que Jonathan C. creó una cuenta falsa en Facebook para escribirle a Juliana y hacerla desistir de viajar a Argentina en donde tenía pensado estudiar música. Le aseguró que Dios le había dicho que ella tenía que casarse con su hermano. En su computadora, los agentes encontraron que el pastor había consultado en internet cómo preparar escopolamina y cómo desaparecer un cuerpo. 

 

Para esta madre han sido los peores seis años de su vida, aunque el cansancio no la ha hecho claudicar en su causa. “Destrozaron mi vida en mil pedazos, no puedo continuar, he luchado incansablemente para encontrar a mi hija, tantas noches he llorado sin consuelo, no he podido dormir ni comer tranquila, he estado siempre ahí, insistentemente, para que me digan qué han investigado, a diario. Tuve que renunciar a mi trabajo. Nosotros no podemos continuar, solo estamos a la espera de que me devuelvan a mi hija. Le exijo a Jonathan C. que me la devuelva, porque no podemos continuar”. 

 

 

Carolina es una joven llena de vida, independiente y empoderada, así la describe su madre. Enamorada de Quito, planificaba terminar sus estudios en Colombia para establecerse en la capital ecuatoriana. Pero fue en esta ciudad en la que desapareció, presuntamente el 28 de abril de 2012, a sus 22 años. Aún hoy la Fiscalía no ha conseguido determinar el día, ni las circunstancias de su desaparición. 

 

Desde el principio hubo un mal manejo del caso por parte de la justicia ecuatoriana y colombiana. Alix cuenta que cuando el investigador tomó las primeras versiones de los compañeros de apartamento de Carolina en Quito, lo hizo sin tomar nota o grabarlos. Tiempo después fue encontrado un saco de Carolina en el río Machángara, en Cuenca, totalmente intacto, que fue puesto en una bolsa cualquiera y entregado a los familiares sin ningún tipo de protocolo. Aunque luego se determinó, por las pericias realizadas en la zona, que fue una evidencia plantada. Como el saco no llegó directamente a Fiscalía, la prueba fue desestimada. Así mismo, la cámara de Carolina encontrada en su cuarto, desapareció pese a haber estado en cadena de custodia. 

 

Nuevamente, investigadores y fiscales sacaron a flote estereotipos: “Nos decían, su hija ya ha de aparecer, o se fue con el enamorado, o andaba en malos pasos, así le dijeron al padre de mi hija, que andaba con malas compañías”. 

 

Esto solo ha alimentado la lucha de Alix y los familiares de Carolina, que constantemente han viajado a Ecuador por el caso. Y es lo que impulsó al padre de la joven, Walter Garzón, a fundar ASFADEC (Asociación de familiares y amigos de personas desaparecidas en Ecuador), pero la depresión y el estrés con el que venía lidiando desde la desaparición de su hija le provocaron una crisis que terminó con su vida el 12 de septiembre de 2016. 

 

El caso llegó recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) “por vulnerar los derechos de verdad y justicia en la investigación por la desaparición de Stephany Carolina Garzón Ardila” según un comunicado publicado el viernes, 26 de abril del 2019, por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). 

 

“Toda la gestión ha sido por parte de la abogada y la familia porque no han tenido iniciativa procesal para hacer las investigaciones y análisis correspondientes (...) El caso está en la Comisión por la cantidad de irregularidades e inconsistencia. No tienen una posible hipótesis, han vulnerado mi derecho a verdad y justicia y los de mi hija. 2577 días luchando contra la impunidad”.