Justicia y narco: informes revelan manipulaciones en el sistema judicial, rebaja de penas y más irregularidades
Informes del Consejo de la Judicatura alertan sobre mecanismos para manipular el sistema informático y lograr que ciertas causas se direccionen a jueces, que aplican sentencias favorables a los acusados. Los funcionarios honestos, que son la mayoría, deben poder actuar en Derecho, sin miedo a represalias ni amenazas del crimen organizado.
Acababa de cumplir 39 años de edad. El 28 de diciembre de 2020, en un centro comercial de Manta, Jorge Luis Zambrano fue asesinado con tres disparos en el pecho. Había salido dela cárcel seis meses antes. La noticia de su excarcelación causó revuelo y despertó dudas sobre el accionar de los funcionarios que conocieron su caso.
“Rasquiña”o “JL”, como también se conoció a Zambrano, era identificado como el líder de la organización criminal “Los Choneros”, brazo operativo del cartel de Sinaloa, según informes en poder de Vistazo. Mantenía 34 expedientes delictivos, incluido el del ingreso de la falsa ambulancia a la cárcel Regional Guayas. Fue detenido en 11 ocasiones. La última vez cumplía una pena como coautor del crimen de Roddy Figueroa, por el cual en mayo de 2013 fue sentenciado a 20 años de prisión.
En febrero de 2019, el juez de Garantías Penitenciarias J. Tamayo aplicó el principio de favorabilidad y reformó la sentencia, reduciendo la pena a ocho años. El caso había llegado por sorteo a su despacho a fines de 2018.
El Consejo de la Judicatura abrió un expediente para investigar la razón del cambio que favorecía al acusado, en julio de 2019. El funcionario observado ingresó a la función nueve años antes, como el mejor puntuado del concurso para juez de Garantías. “Equivocada y malsanamente, los medios de comunicación, ejerciendo presión mediática, han indicado que Jorge Luis Zambrano salía libre con mi resolución”, argumentaba el juez, según consta en el expediente disciplinario. Él insistió en que su decisión estaba fundamentada en Derecho, ya que previamente el Tribunal de Garantías Penales de Manabí había fijado la duración de la pena en ocho años. Sin embargo, la Corte Provincial de Manabí apeló y determinó que Zambrano tuvo “participación directa” en el delito y reformuló la pena a 20 años. En ese contexto, el caso llegó hasta su despacho.
El proceso comenzado por la Judicatura terminó en la destitución del juez, a la par se inició un juicio por prevaricato. Él impugnó esa resolución: pelea en los tribunales la nulidad; pide su restitución al cargo y el pago de las remuneraciones que dejó de percibir desde principios de 2020.
Diálogos comprometedores
A inicios de 2020, en medio de una investigación, se registraron mensajes telefónicos del círculo cercano de Jorge Luis Zambrano.
Su abogado defensor, Harrison Salcedo (también conocido como “Hulk Mena”), habló con la pareja de Zambrano sobre las gestiones con “el doctor Santa, para ver qué nos dice, si él quiere asumir el riesgo de despachar la prelibertad sin la sustentación de audiencia”. Buscaban a toda costa que pudiera acogerse a la prelibertad, aduciendo que había cumplido buena parte de la pena. El mismo abogado Salcedo reportaba que “Ya era definitivo”, que el domingo “se reunía con Santa”.
Una investigación interna del Consejo de la Judicatura concluyó que el juez de la Unidad de Garantías Penales en Latacunga, que conoció sobre el pedido de la prelibertad, mantuvo conversaciones sobre “sentencias y el trámite que se va a dar a favor del privado de la libertad”. Manuel Santamaría es uno de los ocho funcionarios suspendidos en 2020, según un reporte del CJ. El exfuncionario judicial falleció en medio de la crisis sanitaria.
El coronel del Ejército (sp) Mario Carrillo fue director del Centro de Cotopaxi entre agosto de 2019 y mayo de 2020. Reveló a Vistazo que en abril de 2020 participó en la audiencia para la prelibertad de Zambrano. “Fue una audiencia telemática, teníamos restricción de movilidad por la pandemia. Le expliqué al juez Santamaría que no era posible que Zambrano consiguiera la prelibertad, porque incumplía el requisito de encontrarse en un pabellón de mínima seguridad; estaba en un área de mediana seguridad. Recibí amenazas del abogado Salcedo”.
Carrillo relató que a su llegada encontró a “Rasquiña” y detenidos de alto perfil político en el área transitoria del centro, en un entorno de privilegios. Una norma prohibía que permanecieran más de 30 días en ese lugar; él corrigió esas distorsiones. No duró ni un año en el cargo y más bien enfrentó represalias.
Una investigación fiscal por presunta asociación ilícita se abrió en contra de Zambrano, Harrison Salcedo, y otros, por posibles irregularidades. “Rasquiña” fue victimado en diciembre de 2020. Cuatro meses después, el abogado Salcedo murió por disparos, mientras conducía su auto. Acudía a una audiencia en el marco de la apertura de la instrucción fiscal por ese delito.
Investigación interna
El caso llevó a funcionarios de la Judicatura a sospechar. Quizás no eran hechos aislados. Un rastreo inicial mostró indicios: procesos que llegaban a un grupo de jueces, a partir de la manipulación del sistema de sorteos; luego se aplicaba una rebaja de penas. Esto consta en documentos oficiales que revelamos.
El último día de febrero de 2020, cuatro responsables de las direcciones de Tecnologías de Información; Seguridad de la Información; Infraestructuras, Servicios y Telecomunicaciones de la Judicatura, presentaron ante Fiscalía la denuncia sobre un posible delito. “Desde hace varios meses hemos notado que existe una posible vulneración que alteraría los resultados en el módulo de sorteos en el sistema informático (...) se estaría realizando desde Guayaquil”.
Un reporte interno del sorteo de causas judiciales, hecho por técnicos del CJ a fines de febrero, estableció que el algoritmo es “automático, aleatorio y no predecible”. Sin embargo, identificó riesgos en las opciones de activación y desactivación de puestos de trabajo para sorteo de causas. “Hay un alto número de usuarios activos y administradores del módulo de talento humano”.
El 12 de marzo, a días de que estallara la crisis sanitaria por el brote de COVID-19, un documento del CJ alertó sobre la actuación de “jueces en Manabí”.
El entonces director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), de la época, había reportado que dos jueces conocían todas las causas relacionadas con personas privadas de libertad en Bahía de Caráquez y Portoviejo. De medio centenar de expedientes, la mayoría fue conocida por dos jueces de Garantías Penitenciarias. Los casos tienen un denominador común: “tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización”.
El análisis determinó que el posible mecanismo para direccionar las causas sería el uso del mecanismo de “flagrancia” en el sistema. Los técnicos presentaron recomendaciones. Sugirieron que se realizaran controles y supervisiones periódicas “de las actuaciones de los servidores que ostenten dichos permisos”.
Otra manera de manipular el sistema sería el registro como “oculto”. Otro reporte interno en torno a la rebaja de una sentencia por narcotráfico así lo demostró. Cuatro personas fueron condenadas a 17 años y cuatro meses en octubre de 2015. Un ciudadano de origen serbio, de 36 años, fue beneficiado.
En octubre de 2018, el juez penitenciario de la Unidad Norte de Guayaquil aplicó el principio de favorabilidad y bajó la pena a 10 años. Dispuso su prelibertad, asegurando que cumplía los requisitos fijados por la Ley. Entre otras medidas, dictó que leyera un libro educativo por mes y que realizara una tesis, con un tema libre, en relación con “el perjuicio de la droga a la salud pública”. Mientras tanto en 2019, otro juez de la misma unidad judicial dictó la extinción de la pena.
La polémica
No imparte justicia, porque eso está a cargo de las cortes. Hay una dicotomía. El Consejo de la Judicatura está a cargo de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. El control disciplinario es uno de sus ejes de acción. En ese contexto, el Pleno del CJ destituyó en 2021 a 66 servidores, 11 jueces, cinco notarios, cuatro fiscales, dos defensores públicos y otros por infracciones graves y gravísimas. El Pleno está integrado por cinco miembros.
El pronunciamiento del embajador de Estados Unidos, en diciembre, agitó las aguas, al insinuar que hay operadores de justicia y abogados inmersos en actos de corrupción. Señaló que se les había revocado su visa de ingreso, sin mencionar cuántos casos.
En enero, la declaración del presidente Lasso, sobre una posible pregunta en la consulta popular para eliminar el Consejo de la Judicatura, volvió a sacudir el tablero.
¿Es hora de borrarlo del mapa o de fortalecerlo para que se convierta en un ente de control efectivo frente a la amenaza del crimen organizado? Sin embargo, también se debe garantizar que actúe sin violar el principio de independencia que debe primar en la administración de justicia.
Paúl Ocaña, jurista que patrocina a la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces, en una acción de protección contra el Consejo de Judicatura, explicó a los medios que tanto la Fiscalía como el mismo Consejo realizan procesos investigativos y sumarios disciplinarios, contra posibles hechos de corrupción. Afirmó que los jueces no tienen temor a ser investigados y que la asociación a la que defiende no conoce de casos de revocatoria de visas. En la investigación por posibles irregularidades, advierten, debe primar el debido proceso.
La justicia se representa como una mujer con ojos vendados para actuar con equidad en todas las causas. Ya no es suficiente. Hay que evitar que el crimen organizado logre impunidad. Y los servidores judiciales que hacen su trabajo con honestidad, que son la gran mayoría, deben sentenciar según su conciencia y en apego a la Ley, sin temor a sufrir represalias ni amenazas.