Jueces que exculparon a 18 acusados de narcotráfico, en la mira de Fiscalía por asociación ilícita

Procesos de cooperación internacional, participación de varios países en un megaoperativo, incautación de 20 toneladas de cocaína y decenas de testimonios, incluido el de un agente de la DEA que participó de una investigación inédita. Nada de eso pesó a la hora crucial, cuando dos jueces decidieron dictar una sentencia absolutoria por el caso conocido como ‘Pangueros locos’.

La mayoría del tribunal, conformado por los jueces José Luis Alarcón Bowen, Mary Quintero Prado y Carlos Fuentes, declaró inocentes a 18 procesados por narcotráfico, en un polémico fallo no unánime emitido el 16 de diciembre pasado. Fuentes dio su voto salvado. El 23 de diciembre, la unidad provincial de Control Disciplinario de Manabí del Consejo de la Judicatura (CJ) conoció la denuncia que la Fiscalía puso en contra de los jueces por esta decisión. Solicitó su suspensión.

El documento, firmado por la fiscal Diana Salazar, consiguió su objetivo: Alarcón y Quintero fueron suspendidos por haber “incurrido en infracciones gravísimas en el ejercicio de sus funciones (...), por transgredir el principio de responsabilidad”, según el Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, el pasado 21 de marzo, el Consejo de la Judicatura (CJ) revocó la suspensión para ambos. Faltaban dos días para que se cumplieran los tres meses de sanción. Este pronunciamiento fue expedido por el pleno del CJ, presidido por Wilman Terán. En éste se dispuso “que se continúe con la sustanciación del expediente disciplinario”. Del resultado del trámite de ese expediente dependerá la sanción final para los jueces, que podría ser su destitución.

En enero, tres jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí decidieron que la sentencia que emitieron en contra de los 18 imputados por narcotráfico incurría en un error inexcusable.

El 10 de marzo pasado, Marcelo Villegas, director Provincial de Manabí de la Judicatura, emitió el informe y recomendó que la sanción definitiva sea la destitución. Alarcón y Quintero, sin embargo, buscan la forma de defenderse. El 13 de marzo solicitaron que se fije día y hora para exponer sus argumentos sobre el sumario.

La Judicatura informó a esta alianza que el expediente disciplinario se encuentra en trámite, en la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. El 22 de marzo pasado se realizó la audiencia solicitada por Quintero y Alarcón. “Se está elaborando el proyecto de resolución correspondiente para conocimiento del Pleno”.

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Mientras, Alarcón sigue al frente del Tribunal de Garantías Penales de Manta y Quintero, en el Tribunal de Garantías Penales de Portoviejo. Ambos también enfrentan una investigación previa de la Fiscalía por asociación ilícita.

Alarcón y Quintero consideraron que los 18 imputados, entre ellos un exmarino que era propietario de una embarcación, eran inocentes del delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícitos de drogas. Esto a pesar de que hay una abundante evidencia testimonial, documental y de peritajes sobre la participación de los 18 procesados en este delito, según Fiscalía.

Para los jueces, en este caso solo se probó que los procesados participaron en el abastecimiento de combustible de las lanchas que transportaban la droga. Sin embargo, en vista de que ellos supuestamente no eran los dueños de la droga o quienes la financiaban, solo podrían ser imputados como colaboradores, responsables de delincuencia organizada o asociación ilícita. Pero, por el principio de congruencia, no podían condenarlos por esos delitos.

La decisión de los jueces generó la reacción del presidente Guillermo Lasso, quien en febrero pasado dijo que ellos y otros magistrados eran “una amenaza para la justicia y la paz”. Según el mandatario, esta decisión terminó con una investigación de la Policía y con más de un año de trabajo coordinado con la DEA, de Estados Unidos. El Gobierno anunció que presentaría la queja en el Consejo de la Judicatura y la denuncia ante la Fiscalía.

Mary Quintero es esmeraldeña. Ha sido jueza del Tribunal de Garantías Penales desde 2015. Entre 2009 y 2015, fue secretaria de fiscales y agente en la Fiscalía General. Se graduó como doctora en Jurisprudencia y abogada en la Universidad Central, con especialidad en Derecho Penal. Además, es licenciada en Ciencias Públicas y Sociales.

Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), entre 2013 y 2021, hubo un incremento en la declaración del impuesto a la renta de la jueza: de USD 1.607 iniciales pasó a montos que oscilaban entre los USD 2.500 y 2.900. El año pasado, su declaración subió a USD 5.775.

Además de la denuncia de Fiscalía en el caso Pangueros locos, Quintero solo tiene una causa en el sistema del Consejo de la Judicatura. Se trata de una recusación que no prosperó. Coincidencialmente, uno de los jueces que estuvo a cargo de este proceso fue José Luis Alarcón, como ponente del tribunal.

Su patrimonio alcanza los USD 128.059, de acuerdo con su más reciente declaración patrimonial en la Contraloría. En sus pasivos constan créditos hipotecarios, quirografarios, personales y con tarjetas suman USD 194.093. En cuanto a bienes inmuebles, valorados en USD 270.029, se incluyen un terreno, una casa y una construcción en Esmeraldas y una casa en Manabí.

En el rubro de obras de arte, joyas y colecciones declaró un monto de USD 15.000 e informó de dos vehículos (del 2016 y 2012), por un avalúo de USD 8.000 cada uno y son los mismos autos que declaró en 2018. En ese año ya era propietaria de dos terrenos y una casa en Esmeraldas.

Como conductora, Quintero tiene siete multas pendientes de pago que suman USD 814, por estacionarse mal, manejar a exceso de velocidad e irrespetar señales de tránsito. Esas infracciones se registraron entre mayo de 2019 y marzo de 2023. Además, en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito constan seis multas anuladas y dos pagadas. Conserva 29 de 30 puntos en su licencia vehicular.

En declaraciones a la prensa, Quintero dijo que le indignó que desconocieran su trabajo como juez y se criminalizara su facultad de absolver, por la polémica en el caso Pangueros locos. “No se verifica ni se nos da la oportunidad de defendernos a través de la sentencia”, pues según su testimonio, la denuncia de la Fiscalía General se dio luego de que el Tribunal emitiera el fallo oral, pero el escrito tardaría alrededor de un mes en estar listo y allí constaría la explicación de su fallo.

Por otro lado, ella presentó el pasado 13 de marzo una Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte Constitucional, que por sorteo recayó en la jueza Teresa Nuques. Ella deberá resolver si le concede este pedido. Quintero interpuso este recurso por otro tema: en septiembre de 2022 fue notificada de una acción de personal que la designaba como jueza del Tribunal Penal de Portoviejo y la retiraba de un cargo similar en Manta.

La Judicatura de Manabí argumentó su decisión de trasladarla en los resultados de un informe remitido por unidades de Estudios Jurimétricos y Gestión Procesal. Estos revelaron que Quintero tenía una tasa muy baja de de resolución y un alto índice de causas pendientes, en trámite, entre 2019 y 2022.

La jueza Quintero considera que el traslado administrativo vulnera la seguridad jurídica, porque ella no aceptó el cambio, porque la productividad no es un parámetro legal para realizar cambios administrativos y porque no se realizó el sorteo previsto en la ley para conformar el Tribunal de Manta.

En su acción de protección aclara, además, que en 2019 y 2022 sus tasas resolutivas fueron mayores, pero que bajó su productividad, entre 2020 y 2021, porque tuvo licencia de maternidad, por un parto múltiple y lactancia. Agrega que esta licencia garantiza una protección especial, de acuerdo con disposiciones constitucionales. Por otro lado, subraya que para trasladarla no se consideró paridad de género ni se tomaron acciones afirmativas por su etnia afroecuatoriana.

La acción de protección en la Corte Constitucional llegó luego de que la jueza Ingrid Mera le negara su demanda, en octubre de 2022, y luego de que en diciembre también perdiera en la apelación ante los jueces provinciales Dolores Garda, Gina Mora y Mauro Pinargoty, de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí. Por eso, el 23 de diciembre la acción de personal fue ejecutoriada.

Quintero vive en Manta pero ahora trabaja en Portoviejo, a pesar de que es madre de tres niños, dos de ellos menores de tres años. Además, es la única responsable del cuidado de sus hijos, pues está separada. Ella pide que se acepte la acción extraordinaria de protección, pues se habrían vulnerado sus derechos constitucionales a la seguridad jurídica y al debido proceso. Por este motivo, pide que se dejen sin efecto las sentencias de la justicia ordinaria y su traslado del Tribunal de Manta al de Portoviejo. Además solicita que se disponga reparación material por haberla enviado a trabajar en una ciudad distinta a su residencia sin que ella haya aceptado ese cambio.

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El juez José Luis Alarcón fue funcionario de la Presidencia y la Fiscalía, durante el gobierno de Rafael Correa.

Fue esposo de Estefanía Grunauer, concejal electa al Municipio de Quito, por la lista del exalcalde Jorge Yunda, con Pachakutik. Ella era cercana al correísmo y a partir de 2019 se convirtió en una estrecha colaboradora de Yunda en la Alcaldía de Quito. Está a punto de posesionarse como concejala de la capital.

Entre 2010 y 2022, Alarcón ocupó cargos en la Fiscalía, la Presidencia y el Poder Judicial.

En 2010, Alarcón fue secretario de Fiscalía. Para 2014, ya actuaba como asesor jurídico de la Presidencia de la República, en el segundo período de Rafael Correa en el poder. Un distributivo de la época lo muestra como asesor 2 en la Secretaría General Jurídica, entonces liderada por Alexis Mera, hoy sentenciado y preso por el caso Sobornos.

En 2015 y 2016 probó suerte en la Justicia: fue juez en el tribunal de garantías penales de Manabí. Pero en 2016 volvió a asesorar a la Presidencia, en la Secretaría Jurídica. Y dos años después regresó como juez a los tribunales en Manabí.

Desde 2018 se desempeña como juez de tribunal de garantías penales. En 2022 aparece como integrante del tribunal de garantías penales de Manta. No obstante, en la base de datos del Ministerio de Trabajo no está registrada su relación laboral presente.

A pesar de que Lasso pidió al resto de funciones del Estado “sumarse a esta cruzada por la seguridad, enseguida y con acciones concretas en contra de quienes defienden a los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas y demás actores del crimen organizado”, las decisiones de los jueces causan alarma y molestia.

Por ejemplo, tras un amplio operativo en la Guacharaca, un violento barrio de la ciudad de Esmeraldas, policías y militares capturaron a alias ‘Elbi’, uno de los cabecillas de la banda de Los Tiguerones. Sin embargo, en menos de 24 horas quedó en libertad, pues un juez decidió aplicar medidas sustitutivas, en lugar de detención. El juez fue suspendido temporalmente por tres meses.

En Ecuador, a diario salen titulares de prensa sobre sanciones preventivas o destituciones a jueces por fallos controversiales. Este mes, los jueces Carlos B, Byron O y Urvano R. fueron suspendidos. Ellos están señalados por el caso de Gordo Lucho, quien fue liberado pese a ser considerado como el segundo al mando de Los Lobos. También están en la mira por sobreseer a imputados por el caso Big Money.

Estas decisiones judiciales polémicas preocupan por el incremento de delitos relacionados con narcotráfico. Para Renato Rivera, Coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se está abriendo una ventana de oportunidad a los delincuentes para tener relación directa con jueces o fiscales. Además, en casos como este, los jueces usan argumentos jurídicamente débiles para sentenciar.

Cada decisión de este tipo deja un precedente y puede derivar en que otros juzgadores emitan sentencias similares en causas distintas, dice Rivera. Detalla que en el Observatorio han visto esta tipología en varios casos y que tienen una particularidad: la justificación que dan los jueces sobre la tipología penal es “bastante mecánica”.

Esos patrones se dan especialmente en cortes como las de Manabí o Guayas. Otros patrones detectados: los jueces que reciben casos por sorteo luego se excusan de conocerlos. En esas situaciones se puede presumir amenazas e historias similares: mientras el juez ponente se hace a un lado, luego los otros jueces sobreseen o declaran inocentes a los imputados.

Según el Resumen de análisis de registros judiciales por delincuencia organizada en Ecuador, del Observatorio, del 11 % de personas que recibieron condenas mediante procedimiento ordinario, solo el 2 % fueron sentenciadas por delincuencia organizada en concurso y el 9 % restante recibió una sentencia condenatoria únicamente por delincuencia organizada como delito autónomo.

Cerca de la mitad de estos casos reciben penas mínimas por este delito y que las condenas por delincuencia organizada se dividen en cuatro bloques: sentencias por delitos por delincuencia organizada, con penas que van entre 10 a 17 años; penas para líderes, de entre siete y 10 años; fallos para colaboradores, con penas entre cinco y seis años; y cómplices, con penas de entre 28 y 48 meses.

Otro dato importante de este informe revela que 8,5 de cada 10 condenas por delincuencia organizada se obtienen bajo procedimiento abreviado y el 1,15 de casos restantes, se realizan por proceso ordinario.

El abogado penalista Xavier Andrade, subraya que los dictámenes polémicos, equivocados u osados que emiten ciertos jueces en casos complejos pueden responder a varios factores: son amedrentados, son presa de la corrupción, ignoran la legislación al respecto o, finalmente, su decisión depende de la suma de estos tres factores.

Para Rivera es importante escuchar a los operadores de justicia que denuncian amenazas en algunas provincias y que no hay garantías para ejercer su trabajo. Además, las organizaciones delincuenciales ya conocen a los jueces y ellos requieren de cierta protección. Por eso, sugiere que se deben tomar en serio las alertas de fallos erróneos, sea por corrupción, amenazas o desconocimiento y tomar más precauciones.

Ahora que están iniciando las labores de los nuevos jueces anticorrupción y delincuencia organizada, dice Rivera, ellos deberían tomar conocimiento de causas complicadas dentro de sus competencias, pues ellos pueden actuar con garantías adicionales, al trabajar desde Quito y no directamente en territorio.

Rivera y Andrade coinciden en que si las sanciones son relativamente bajas o nulas, aportan a que se normalice este tipo de sentencias polémicas y ocurran cada vez con mayor frecuencia, pus no se sientan precedentes. La decisión final sobre los jueces Alarcón y Quintero podría aportar a que se perpetúen prácticas dudosas o convertirse en un paso para que las medidas disciplinarias en el sistema de justicia sean ejemplificadoras.