Judicatura anuncia suspensión de jueces: uno de ellos liberó al cabecilla de Los Lobos
El Consejo de la Judicatura suspendió en el ejercicio de sus funciones a tres jueces de primer nivel, luego de una sesion extraordinaria convocada por el presidente Wilman Terán.
Los jueces suspendidos son: Carlos B., de la Unidad Judicial Penal del cantón Quevedo (Los Ríos); Byron O., de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Flavio Alfaro (Manabí); y, Urvano R., de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Bucay (Guayas).
La liberación de Luis Alfredo A., alias "Gordo Luis", cabecilla de la banda delictiva Los Lobos, fue dispuesta durante la noche del pasado viernes 31 de marzo por el juez Byron Orejuela Giler, de la Unidad Multicompetente del cantón Flavio Alfaro, ubicado en Manabí.
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Orejuela también ordenó la liberación de Jairo Fernando Z., procesado por crimen organizado al igual que "Gordo Luis". Ambos cumplían con penas privativas de libertad en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, en Latacunga.
En el caso del juez Urvano R., la suspensión se produce luego de que se conociera que está involucrado en una investigación relacionada con el ámbito penal.
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El artículo 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial faculta al Pleno de la institución a suspender de forma preventiva en el ejercicio de sus funciones a servidores de la Función Judicial, por el plazo máximo de tres meses, incluyendo su remuneración, cuando considere que se ha cometido o se está cometiendo infracciones graves o gravísimas previstas en la mencionada normativa.
La suspensión de los jueces regirá a partir de la correspondiente notificación y en el plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente a la resolución de la medida preventiva, el Consejo de la Judicatura deberá resolver, de forma motivada, la situación de los servidores judiciales que fueron suspendidos.
Asimismo, el Consejo ratificó que, en el marco del debido proceso y la presunción de inocencia, aplicará con rigor las sanciones disciplinarias que correspondan en los casos en los que se compruebe que los operadores de justicia actúan contra la ley y abusan de sus competencias.