Inicia el censo penitenciario en las cárceles de Ecuador: ¿cuál es el objetivo?
En la cárcel de Tulcán, provincia de Carchi, el Gobierno inició, este lunes 22 de agosto de 2022, el primer censo penitenciario en los centros de privación de la libertad a nivel nacional.
Como parte de la implementación de la Política Pública de Rehabilitación Social, el recorrido durará aproximadamente tres meses y arrancó desde hoy en las provincias de Carchi y Loja para culminar en Guayas, donde está la mayor población carcelaria (unas 13.100 personas) y alberga a las cárceles donde más enfrentamientos entre reclusos se han registrado desde el año pasado.
La Secretaría de Derechos Humanos señaló que el objetivo es conocer las necesidades y condiciones de vida de cada una de las personas privadas de la libertad a nivel nacional.
"Entre algunos de los beneficios de este proceso está el fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos, con el fin de mejorar la calidad de vida" de los reos, señaló por Twitter el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Actualmente hay unos 32.000 presos encarcelados en las 36 prisiones del país, donde desde 2020 han muerto asesinados más de 400 reos en diferentes enfrentamientos entre bandas criminales rivales.
El censo penitenciario, que por primera vez se implementa en el Ecuador, levantará y actualizará la información sociodemográfica de aproximadamente 32.543 personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en los 36 centros a nivel nacional.
En la primera jornada del 22 al 24 de agosto en el Centro de Privación de Libertad Carchi N°1 y el segundo en el Centro de Rehabilitación Social de Loja, el equipo técnico entrevistará a 1.593 personas privadas de la libertad para contar con información estadística.
De los más de 32.000 presos que a fines de julio estaban recluidos, 30.440 eran hombres y 2.065 mujeres, según el último informe publicado por el SNAI, y cerca de 13.000 presos, equivalente a más de una tercera parte, están encarcelados sin sentencia, en régimen de prisión provisional.
Según la Secretaría, a cargo de Paola Flores, parte de las prioridades del Gobierno Nacional es el fortalecimiento estructural de los centros de privación de la libertad con enfoque de derechos humanos, para garantizar un trato digno a las personas que se encuentran en los diferentes recintos.
Este proceso está coordinado entre la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno nacional y el SNAI, y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de la dirección general del Registro Civil y de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, que brindará acompañamiento durante los meses que se tiene previsto para realizar el levantamiento de información.