Fiscalía presenta unas 140 pruebas en caso que involucra a Jorge Yunda en presunto peculado
Luego de catorce días de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado terminó con la presentación de su prueba contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda; el exsecretario de Salud, Lenin M.; y, doce personas más por su presunta participación en el delito de peculado, que se habría cometido en el proceso precontractual, contractual y de ejecución para la adquisición de pruebas para detectar Covid-19.
El fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, convocó a veinticinco peritos y dieciséis testigos, y presentó alrededor de 100 pruebas documentales, entre las que se cuentan oficios, informes, memorandos, actas, resoluciones y contratos, que deberán ser valorados por la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, integrada por los jueces Patlova Guerra, Wilson Lema (ponente) y Fabián Fabara.
En su tesis, Fiscalía argumenta el posible incumplimiento de las especificaciones técnicas del proceso de adquisición de pruebas para detectar Covid-19 era de conocimiento del exalcalde de Quito, de otros exfuncionarios del Municipio capitalino y del representante de la empresa a la que se adjudicó el contrato, quienes habrían intercambiado mensajes vía WhatsApp, respecto a que las pruebas entregadas no eran las que constaban en el objeto del contrato. Sin embargo, decidieron validarlas para que se firmara el acta de terminación del contrato por mutuo acuerdo.
Los procesados en este caso habrían terminado por mutuo acuerdo –el 20 de julio de 2020– el “Contrato de emergencia para la adquisición de reactivos para la determinación de Covid-19 por PCR polimerasa”, suscrito por 4,2 millones de dólares, entre la Secretaría de Salud del Municipio de Quito y la empresa Salumed S. A.
Sin embargo, lo que correspondía –según las investigaciones de Fiscalía– era terminarlo unilateralmente por incumplimiento de su objeto, declarar incumplida a la empresa contratista y ejecutar las garantías contractuales.
La prueba de Fiscalía
Los testigos convocados por Fiscalía informaron a la Sala sobre las presuntas irregularidades.
Fiscalía presentó dos testimonios anticipados. El de de M. A. G (testigo protegido), investigador de la Universidad de las Américas: PhD en Bioquímica y posdoctorado obtenido en Atlanta (EUA), quien se ha desempeñado como director científico de proyectos de investigación asociados a Covid-19 en Ecuador, con 12 años de experiencia, y quien elaboró informes a petición de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, a través de Linda G. (procesada).
Estos documentos se relacionan con la valoración de las pruebas diagnóstico RT-Lamp (técnica Isopollo) para Covid-19.
También se reprodujo el testimonio anticipado de T. L. (testigo protegida de Fiscalía), investigadora de una universidad privada, quien señaló que –ante la solicitud de ayuda por parte de Jorge Yunda– recibió una llamada de Lenin M., y que como respuesta le envió los insertos de diferentes kits, información que fue analizada por un especialista en genética. Las recomendaciones fueron enviadas por correo electrónico, entre estas que el protocolo LAMP no cumplía con el IDD, certificación de la FDA, organismo calificado para certificar.
Otros testigos de Fiscalía corroboraron estos datos en sus testimonios. Este fue el caso de las pericias contable financiera, de contratación pública y el peritaje informático, que determinaron que el objeto del contrato no se cumplió y que –además– los entonces funcionarios municipales no actuaron conforme a la normativa, perjudicando económicamente al Estado con ese proceso de adquisición.
También se escucharon los testimonios de dos concejales del Distrito Metropolitano de Quito. Una de ellos explicó que el proceso de contratación suscrito entre la Secretaría de Salud y la empresa Salumed S. A. le generó dudas por presuntas irregularidades, por lo que se contactó con Linda G. (procesada) para solicitarle los detalles sobre el informe de necesidad debido a que el Municipio buscaba externalizar el procesamiento de las pruebas.
Recordó que –en sus palabras– la ex Coordinadora Técnica de la Secretaría de Salud le señaló: “no son PCR. Les decimos así para que la gente entienda”. De todas sus averiguaciones, la testigo dedujo que lo que se pidió en el contrato de adquisición de pruebas no fue lo que la empresa contratista entregó.
El otro Concejal llamado a testificar señaló que –en principio– el alcalde de ese entonces hablaba de la compra de 200.000 pruebas que tenían la mejor tecnología del mundo y que serían traídas a Quito, pero que –finalmente– se firmó el contrato con Salumed S.A. por 100.000 unidades. Agregó que, tras la suscripción del contrato para la adquisición de los kits, se conoció que el proceso de externalización generó un gasto al Municipio que no estaba contemplado en el contrato original.
Otro de los testigos fue uno de los denunciantes del exalcalde, quien solicitó –el 12 de enero de 2021– la vinculación del ahora procesado a la instrucción fiscal por presuntas irregularidades en la adquisición de pruebas para detectar Covid-19.
Precisó que la Secretaría de Salud y Salumed S. A. suscribieron el contrato el 16 de abril, fecha en que el expresidente de la República, Lenin Moreno, envió el Proyecto de Ley de Apoyo Humanitario a la Asamblea Nacional, normativa que prohibió la terminación unilateral de contratos desde que se publicó en el Registro Oficial. Añadió que hasta el 22 de junio –fecha en que la Ley de Apoyo Humanitario se publicó en el Registro Oficial–, las autoridades municipales no ejecutaron acciones para dar por terminado el contrato unilateralmente por los incumplimientos. A su criterio, las autoridades municipales actuaron con pleno conocimiento de esta normativa para celebrar un contrato que benefició a la empresa Salumed S. A.
Fiscalía también llamó a comparecer a la perita de audio, video y afines, quien analizó las conversaciones de WhatsApp obtenidas de los teléfonos de las procesadas Linda G., Ximena A. y Sandra H., en los cuales se demostraría que tanto las exfuncionarias como el ex Alcalde de Quito conocían sobre el porcentaje de sensibilidad de las pruebas adquiridas por el Municipio y que –aun así– se dieron disposiciones para continuar con los testeos, incluso con la información de que se determinaban falsos positivos del virus en la población.
A estos testimonios se sumaron los de los funcionarios de Contraloría que elaboraron, revisaron y supervisaron el examen especial al proceso de contratación y del que se derivó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal.
En los siguientes días, las defensas técnicas de los procesados presentarán sus pruebas.