"Fiscalía persigue delitos, no personas", dice la institución ante la condena de Santiago Olmedo
La sentencia del cabo segundo de la Policía Santiago Olmedo ha causado diferentes reacciones en la ciudadanía y en las principales autoridades ecuatorianas.
El presidente Guillermo Lasso calificó de “indignante e incomprensible” la condena, así mismo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela dijo que la decisión fue “insólita”.
Ahora es el turno de la Fiscalía General del Estado que recordó a la ciudadanía que con base en las conductas tipificadas y sancionadas por la ley, esta institución “persigue delitos, no personas, bajo la premisa de que todos somos iguales ante la ley”.
“Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la Ley”, reza el comunicado emitido la tarde de este miércoles.
Así mismo, rememora que el derecho a la vida es reconocido por la Constitución, la Ley y los tratados internacionales, como la base para el ejercicio de los demás derechos.
De ahí que “se sanciona, acertadamente, cualquier atentado o violación al mismo y por ello la necesidad de que se investigue, juzgue y sancione - de ser el caso- cuando se comprueba que ha existido una violación a este derecho”.
El pasado 11 de junio en Riobamba, el policía Santiago Olmedo intervino en un asalto, pues dos delincuentes armados intentaron agredir a un menor. El agente disparó contra los involucrados, que murieron por las heridas de bala.
Este miércoles, 19 de enero, un tribunal sentenció al policía a tres años y cuatro meses de cárcel por el delito de extralimitación de la fuerza.
Al respecto, la Fiscalía expuso que los servidores policiales son instruidos y formados en el uso progresivo de la fuerza, para garantizar su actuación conforme a la ley y tratados internacionales.
“La Fiscalía General del Estado saluda a la institución policial y reconoce su importante rol como garante de la seguridad y los derechos, así como su papel como auxiliar de las investigaciones penales. Pero también ratifica a la ciudadanía que continuará actuando en estricto apego a la ley, al principio de objetividad y de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, investigando y acusando a cualquier persona, sin importar su calidad o profesión, si llega a infringir la ley”, finaliza el boletín.