Familia de Kenny Pinto, el ingeniero que apareció mutilado tras ser secuestrado en Guayaquil, exige justicia

El cuerpo de Kenny Pinto Castillo, un joven ingeniero que trabajaba como fiscalizador de un proyecto de pavimentación del Municipio de Guayaquil, desarrollado en el sector Flor de Bastión, fue encontrado mutilado en el interior de un vehículo incinerado.

El hallazgo se registró el pasado 22 de febrero, en la etapa 5 de la cooperativa Balerio Estacio, al noroeste de la ciudad portuaria. Dentro del automóvil también fue abandonado un cadáver de otro hombre que presentaba signos de violencia.

La familia de Kenny escuchó su voz por última vez a través de un audio enviado por medio de una aplicación de mensajería móvil. “Que alguien pague, que alguien envíe el dinero o me voy a morir, por favor”, dijo con angustia Pinto, de 27 años, el 20 de febrero de este año, día en el que comenzó la retención que devendría en su deceso.

Una semana después de su hallazgo, los restos del fiscalizador, graduado de la Universidad Católica de Guayaquil, no han sido devueltos a sus familiares, puesto que aún se llevan a cabo exámenes antropológicos sobre estos, que se prevé durarán 45 días.

A la angustia por no tener el cuerpo de Kenny se suma, para su familia, el querer que el caso se resuelva lo más pronto posible para que los implicados en su muerte y la del hombre que también fue encontrado al interior del auto, identificado como el ingeniero Javier Morán Salvatierra, sean detenidos y juzgados.

"(La madre) recibe la llamada y en ella se entera que su hijo se encuentra secuestrado y comienza evidentemente una presión por parte de los secuestrados para pedir un rescate. Para pedirlo es el propio hijo el que relata que está en esta situación", explica el abogado defensor de la familia Pinto, Héctor Vanegas, a El Universo.

Los parientes del joven ingeniero, que incluso recibieron grabaciones en las que se lo veía maltratado, las cuales son utilizadas ahora como pruebas dentro del caso, pidieron auxilio a la Policía. No obstante, el afectado no fue localizado hasta que apareció sin vida.

"(La madre) se entera, no por las empresas, las empresas se han alejado del problema, han ocultado esta información tan sensible, se entera de que hay otro secuestrado, y que este fue secuestrado primero, y como no hubo una respuesta, terminan secuestrando al fiscalizador", apuntó Vanegas al medio citado.

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"Ambos son empleados. No son ni los gerentes, ni los dueños, ni los que participan en las decisiones de las empresas. Son empleados que son víctimas de esta banda de extorsión de vacunas que exige, a cambio de protección de los empleados de las empresas, un dinero para que no les pase nada", destaca el abogado.

El abogado Vanegas acotó que se ha requerido la comparecencia de un representante legal de la empresa en la que trabajaba Pinto e indicó que así como el esclarecimiento del caso devendría en la detención de los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, también podría haber personas procesadas por omisión.

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“La empresa conocía el hecho. No dio los medios, ni contrató guardias de seguridad, no le dieron a los empleados la seguridad en una zona sumamente peligrosa, y hecho el secuestro no hicieron ver de qué forma atender un problema propio”, dijo el letrado.

“Vamos a pedir que concurran los gerentes de empresas, funcionarios de empresas, porque a nuestro juicio hubo una omisión”, concluyó.