Excomandante va a juicio por tortura de extranjeros: los acusaba de planear atentado contra un presidente colombiano
Un excomandante militar de Inteligencia fue llamado a juicio como autor mediato de privación ilegal de la libertad y tortura contra cuatro extranjeros, a quienes pretendía inculpar de la planificación de un atentado en contra de la vida del presidente colombiano de ese entonces, Ernesto Samper.
El 18 de agosto de 1995, cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana –con estatus de refugiados– fueron detenidos ilegalmente en Quito por militares de Inteligencia, bajo órdenes y mando del entonces comandante teniente coronel de Estado Mayor, Lenin A. O.
Uno por uno, los extrajeron fueron sacados de sus domicilios y lugares de trabajo.
Una vez detenidos, sin una orden expedida por autoridad competente o por hecho flagrante, habrían sido trasladadas a las instalaciones del Agrupamiento Escuela de Inteligencia Militar, ubicadas en la parroquia Conocoto, donde habrían sido incomunicados en calabozos situados en la parte subterránea de las edificaciones.
Ahí fueron interrogados por militares –en presencia y bajo la dirección de Lenin A. O.– y torturados de distintas formas para que se declaren culpables de planificar un atentado en contra de la vida del presidente colombiano de ese entonces, Ernesto Samper, quien participaría en la IX Cumbre del Grupo de Río, del 1 al 5 de septiembre de 1995 en Quito.
Dichas torturas consistían en la aplicación de electricidad en el cuerpo, golpes, ahogamiento con la colocación de fundas plásticas con gas en la cabeza y sumersión, amenazas de muerte a las víctimas y a sus familiares, amenazas de violación a las víctimas y sus familiares, desnudez obligada, simulación de ejecución, colocación de cal en los oídos y ojos, ingesta de papel, entre otras.
Al no lograr una autoinculpación, el 24 de agosto de 1995, el comandante de Inteligencia, Lenin A. O., entregó a las cuatro víctimas –Ramón Alirio P. V., Martha Cecilia S., César Guillermo D. G. y Chesman C. T.–, al Intendente General de Policía de Pichincha para que sean expulsados del país, luego de que permanecieran cinco días detenidos, incomunicados y torturados.
En la audiencia preparatoria de juicio que se desarrolló en el Complejo Judicial de Rumiñahui, Fiscalía emitió su dictamen acusatorio sustentada en más de setenta elementos de convicción, mismos que tomó en cuenta el juez de Garantías Penales para su resolución.
El magistrado recapituló las pericias médico-legales, el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los certificados que avalan el estatus de refugiados de las víctimas, versiones, experticias de entorno social, informes emitidos por las agencias de Inteligencia Militar y Policía Nacional respecto a la detención de los agraviados, entre otras.
También mantuvo las presentaciones periódicas y ordenó la retención de las cuentas bancarias del procesado, por el valor de la multa correspondiente. Además, como medidas de protección, prohibió al procesado realizar actos de persecución o de intimidación a las víctimas o a sus familiares por sí mismo o a través de terceros.
Los delitos fueron cometidos en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, considerados imprescriptibles por el derecho internacional y de obligatorio cumplimiento para el Ecuador, según la Constitución.