Esto se sabe del asesinato de un policía en Santo Domingo: uno de los sicarios fue capturado y procesado
Por su presunta participación en el asesinato de un agente de Policía, en Santo Domingo de los Tsáchilas, fue aprehendido y procesado uno de los tres sicarios implicados.
Fiscalía formuló cargos contra el sospechoso del crimen ocurrido la tarde del lunes 27 de marzo, en los exteriores del edificio de la Fiscalía Provincial.
Las tres personas que habrían participado en el crimen se movilizaban en una motocicleta. Dos de ellos se acercaron al agente policial, le dispararon varias veces y huyeron del lugar.
La víctima habría recibido cuarenta y seis impactos de proyectiles de armas de fuego.
En un video captado por una cámara de seguridad de la zona se observa el instante en que los hombres arriban al sitio y atacan al servidor que se encontraba vestido de civil.
El fallecido, identificado como Pablo Velasco, era un sargento segundo del área de Antinarcóticos, que llevaba cinco años en esa función en la provincia tsáchila.
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EVIDENCIAS DEL CRIMEN
Por información reservada se conoció que los presuntos autores del crimen habrían ocultado las armas y la motocicleta en un inmueble de la localidad, donde se levantaron indicios (una pistola y una subametralladora, teléfonos celulares, entre otras), por lo que el ahora procesado –que se encontraba en el lugar– fue aprehendido en flagrancia.
En el desarrollo de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el agente Fiscal de turno expuso como elementos de convicción: el acta de levantamiento de cadáver, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, las pericias balísticas practicadas a las dos armas de fuego, las versiones del procesado y de los agentes aprehensores.
A petición de Fiscalía, el Juez dictó prisión preventiva y medidas cautelares de carácter real para el procesado, entre las que se incluyen: prohibición de enajenar bienes y retención de valores en el sistema financiero.
El delito de asesinato se encuentra tipificado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.