Estafa masiva: atraían a personas que buscaban adquirir una casa propia
2019/12/0401:59H.
La inmobiliaria Innovantconstru S. A. ofrecía proyectos habitacionales en los sectores de Quitumbe, Carcelén y Pomasqui, en Quito, y los promocionaban en las ferias de vivienda, en los portales de compra y venta de productos, y en redes sociales.
Para reservar las unidades habitacionales, las personas entregaban –como entrada– una cuota de 2.000 dólares por las viviendas que supuestamente recibirían en el plazo de un año.
Cuando los clientes constataron que en los terrenos a donde los llevaban inicialmente no había nada construido, acudieron a las oficinas de la inmobiliaria, pero estaban cerradas.
Más de 250 personas habrían sido perjudicadas. Sus denuncias empezaron a recibirse desde enero del 2017 en Fiscalía.
La entidad fiscal demostró que, con publicidad engañosa, atraían a personas que buscaban adquirir una casa propia.
Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal emitió sentencia condenatoria de trece años y cuatro meses de prisión contra Jaime C., Óscar H., David T. y Javier E., en calidad de coautores del delito de estafa masiva, mientras que para la ciudadana Ana M., cuatro años y ocho meses como cómplice.
Los magistrados también dispusieron el pago de cuarenta salarios básicos unificados cono multa. Como reparación integral a las víctimas, los procesados deben cancelar el monto establecido de la estafa: 484.500 dólares.
En la audiencia de juzgamiento, que culminó la noche del martes 3 de diciembre, el fiscal Samuel Benavides, de Pichincha, sustentó su acusación con el testimonio de la perito financiera, quien indicó que la empresa no tenía bienes (como terrenos o casas) y que tampoco estaba legalmente capacitada para intermediar planes de vivienda.
Expuso además, el informe del Servicio de Rentas Internas (SRI), que concluye que Innovatconstru no tuvo proveedores en el ámbito de la construcción y se estableció que el monto de la estafa alcanza los 484.500 dólares.
En la audiencia también rindió su testimonio el Procurador que representaba a las víctimas de estafa y los agentes de Policía que participaron en el reconocimiento del lugar de los hechos.
Según el artículo 186, inciso 3, del Código Orgánico integral Penal (COIP), el delito de estafa masiva está sancionado con pena privativa de libertad de siete a diez años. En este caso se aplicó la agravante de artículo 47, numeral 5, del mismo cuerpo legal, por cometer el delito entre dos o más personas.