Especial: Endeudados con el Estado

En la Asamblea se estudia una reforma a la Ley para el Cierre de la Crisis bancaria, una norma que le permite al Banco Central cobrar deudas de la banca cerrada sin presentar documentos de respaldo.

 

"Así no vamos a poder pagar”, lo dijeron alto y claro en la Asamblea Nacional cuando se debatía la ‘Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria de 1999’. Pero la ley se aprobó, en febrero de 2014, con las condiciones que los asambleístas creyeron convenientes, y dos años después muchos deudores se encuentran en la misma situación que antes: con deudas “reversadas” a su estado original, en mora, en central de riesgo, con prohibición de salida del país y con el eterno terror de que las propiedades que pusieron en garantía, que en muchos casos son las casas donde viven, sean incautadas y rematadas. En otros casos el Banco Central ya remató la garantía, casi siempre por montos ínfimos, y a los deudores les sigue exigiendo que paguen la diferencia. 

 

La idea era que esta ley les permita a los deudores de los bancos que cerraron, que tenían créditos que acumularon intereses altísimos y mora, saldar sus deudas y reactivar su vida. Para esto, la ley les permitió acogerse a un recálculo, y sobre el capital inicial, es decir, lo que debían en 1999, les cobró un cinco por ciento de interés por cada año que ha pasado, les dio un año de gracia, y cinco años para pagar. Pero esa ley fue un balde de agua fría para el colectivo ‘Deudores de Buena Fe’ que pedía cero por ciento de interés y 10 años de plazo. “Fueron años de lucha hasta que por fin fuimos escuchados“, dice Jackeline Chacón, una de las líderes del grupo, “llegamos hasta el Presidente y cuando ya teníamos el borrador de la ley, tuve la oportunidad de hablar ante el pleno de la Asamblea y decirles con el corazón en la mano, no vamos a poder pagar”. 

 

 

Antes de la aplicación de esta ley, el Banco Central tenía registrados a 3.339 deudores en total. Los que se autodenominan “de buena fe”, que no eran accionistas ni tenían vínculo alguno con los bancos cerrados, son 941 personas. En total, 508 deudores se acogieron al recálculo de sus deudas y de éstos, 144 están en mora y sus deudas han sido “reversadas”, conforme indica el Banco Central, aunque según el grupo de deudores ya son muchos más. El doctor Dalton Ávila Gamboa fue uno de los primeros en recalcular su deuda.

 

“Me atrasé en dos pagos y ya volví a tener la deuda completa, el plazo es demasiado corto”. “Hemos estado 16 años enterrados, estigmatizados, sin trabajo, sin crédito, esta era una oportunidad para volver a empezar”, dice una deudora que no quiere que se publique su nombre, porque aunque está pagando su deuda, sigue en la central de riesgos. “Para el Estado solo somos una cuenta por cobrar”. El gobierno ha calculado que los deudores de la banca cerrada le deben al Estado unos $ 2.700 millones.

 

 

Unos tienen sus cuentas claras y lo único que piden es mayor plazo para pagar. Otros, como Alfredo Amador Jouvín, endeudado por unos terrenos agrícolas que llevan más de 15 años incautados, piden la “dación en pago”, que la entrega de la garantía extinga la deuda. “Esto es lo que el presidente Correa exigió para los migrantes en España, pero aquí se cumple parcialmente”. 

 

Para otros deudores, sin embargo, la situación es mucho más compleja: dicen que el Banco Central les cobra basándose en documentos con firmas falsas, llenos de irregularidades e incluso sin documentos. La crisis de 1999 provocó el colapso de 32 bancos y financieras, las dos terceras partes de las instituciones bancarias del país. Después del congelamiento de depósitos, de la dolarización de la economía y de la eventual persecución y huida de los banqueros, la cartera de los bancos cerrados, es decir los pagarés, hipotecas y demás documentos que respaldan los préstamos, migraron por varias instituciones. Patricio Dávila fue el quinto de 17 gerentes que tuvo la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), la institución estatal creada para sanear los bancos quebrados que funcionó entre 1998 y 2009. “Los bancos en saneamiento pasaron a la AGD sin que se haga un análisis de los activos ni de la cartera, esto nace con desorden, la prioridad era pagar a los depositantes”, asegura.

 

“Se recibió todo sin beneficio de inventario, llegó cartera que luego estuvo refundida por años y nunca fue revisada”. En 2009 el gobierno ordenó el cierre de la AGD y recién entonces el Banco Central se hizo cargo de los balances y activos de los bancos cerrados, 11 años después de la crisis bancaria. A Inmobiliar pasaron los bienes inmuebles. 

 

Miles de documentos que estaban embodegados fueron trasladados hasta el edificio La Previsora, en Guayaquil. Una veeduría ciudadana que consta en la web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social advirtió a las autoridades del banco “sobre los riesgos que corrían más de 4.000 procesos judiciales entregados sin los soportes respectivos”.

 

La veeduría relata cómo varios funcionarios sacaban carpetas sin autorización y además adjunta un reporte de la procuradora judicial de ese entonces, Lucrecia Córdova, donde asegura que recibió “sin actas ni documentos”, cartones con expedientes de las instituciones financieras cerradas. La procuradora se queja de las “pésimas condiciones” de trabajo. “Recién nueve meses después de que funcionarios y documentos del Banco Central del Ecuador permanecen en estas oficinas han sido colocadas cámaras de seguridad”, escribe.

 

 

En febrero de 2011 la Superintendencia de Bancos realizó una auditoría de los juzgados de coactiva para conocer el estado de los juicios de la banca cerrada, pero solo revisó el inventario físico “por muestreo”. La Superintendencia concluyó que los juzgados de coactiva “no cuentan con un inventario confiable de los juicios que fueron transferidos”. 

 

 

Esto ponía al Estado en una situación difícil, miles de cuentas por cobrar sin los soportes para cobrarlas. La solución la dio la Asamblea Nacional: en la Ley para el Cierre de la Crisis Bancaria, artículo 28, dice que “se concede la calidad de títulos ejecutivos a los asientos contables globales que posee el Banco Central del Ecuador en virtud de la transferencia de activos”, de las entidades financieras en liquidación. Es decir, el Estado avala sin más las cuentas que llevaban los bancos que cerraron. “Una deuda puede estar en la contabilidad del Banco Central porque hace años un funcionario de una de las instituciones cerradas la introdujo en el sistema, pero puede que nadie en el Banco Central haya visto un documento que la respalde”, dice Hugo Sánchez López, abogado de varios deudores. 

 

En estos casos, el deudor puede presentar juicio civil. Pero hay una trampa en el sistema, introducida en 2011 cuando se reformó el Código Civil: el juicio solo se acepta si el deudor cancela la totalidad de su deuda. “Cómo llegaron los documentos, si son legales o no, si están completos o no, no le compete al juez de coactiva”, dice Sánchez, “recordemos que realmente no es un juez”.

 

 

“Algo está mal con el sistema y todos lo sabemos”, continúa García Carrión, “al respecto hay pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, de la Superintendencia de Compañías, de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, dirigidos a funcionarios de coactiva cuestionando sus abusos”. 

 

Para García Carrión, el problema empeora desde la expedición de la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales en 2011, porque en su artículo 1, empodera a los funcionarios de todas las instituciones estatales que tienen capacidad de coactiva para incautar bienes de los hijos de los deudores y de “todos los obligados por ley”, que puede ser cualquier familiar o socio del deudor. “El Estado va a tener que responder tarde o temprano por el abuso del derecho, yo he advertido, esto es un búmeran, porque se pueden plantear juicios en instancias internacionales”.