El triple femicidio que conmocionó a Vinces y la indefensión de los menores en situación de orfandad

Hace un año, el 26 de noviembre del 2020, el mundo y la vida de Camila Arellano cambiaron para siempre, de la forma más cruel y salvaje. Su madre y sus dos hermanas fueron envenenadas por su padrastro en el cantón Vinces, de la provincia de Los Ríos. Después de cometer el crimen, el sujeto se suicidó.

“Mi mamá vivía en un hogar donde existía violencia intrafamiliar, mis hermanas también eran víctimas de abuso psicológico y físico”, dice la joven de 18 años, quien en varias ocasiones presenció las agresiones de su padrastro.

En esa casa había gritos, insultos, manipulaciones y desconfianza, es decir, todos los componentes de la violencia de género. “A mi hermana pequeña de 10 años le daban crisis cuando veía a su papá y a mamá pelear. En una ocasión la tuvieron que llevar a un psicólogo y les manifestaron que tenía depresión, estaba sumamente afectada”.

Arellano señala que su madre, Vilma Ubilla, nunca buscó ayuda porque tenía miedo, pues la familia del agresor trabaja en el sistema judicial de Vinces, “sabía que no la iban a ayudar”. Además, sentía vergüenza de contar su historia, los únicos que conocían lo que pasaba en esa casa eran su entorno familiar cercano.

La semana del femicidio, Ubilla planeaba huir de su agresor, pero fue demasiado tarde. Una noche después de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; el individuo, identificado como Parménides Montecé, envenenó y asfixió a esposa e hijas, de seis y nueve años.

La hija comenta que ella y su hermana menor, que vivían con su padre en Guayaquil, se enteraron de la noticia dos días después.

“El viernes le escribí y no me contestó, el sábado volví a insistirle y no me respondía. Entonces, les avisé a mis familiares que viven en Vinces, que por favor vayan a la casa de mi mamá a verla”.

Minutos más tarde, Camila confirmó lo que tanto temía: su madre y hermanas habían fallecido. “Encontraron a los cuatro cuerpos en descomposición total. Había sangre en el piso, mi mami estaba hinchada, mis hermanas con moho; pero lo extraño es que los suegros de ella vivían al frente y pese al olor que salía de la casa, nunca se percataron de lo sucedido”.

Tras el fatídico femicidio de las tres mujeres, se abrió una investigación para determinar las causas de la muerte, pero hasta el momento no hay avances, según relató Arellano, quien cree que existen cómplices que no han sido acusados. También denuncia que al abogado de su padre, quien inició el proceso, lo quisieron sobornar.

“Aún no se logra hacer justicia, que a la gente no se les olvide el tema, el Estado no nos ha prestado atención, nos han dejado abandonadas a mí y a mi hermana como víctimas de femicidio”.

Detrás de un femicidio hay familias enteras que son impactadas por la violencia extrema contra la mujer, especialmente niños, niñas, adolescentes y jóvenes que, en muchos casos, presenciaron las agresiones, resultaron heridos o se convirtieron en sobrevivientes de estos hechos.

Los hijos de madres que fallecieron por violencia de género se han convertido en víctimas invisibles que deben enfrentar numerosos obstáculos, desde los traumas psicológicos hasta privaciones económicas, pues generalmente quedan al cuidado de sus abuelas. Es una cadena de indefensión que los persigue por años.

Son al menos 1.095 los hijos e hijas -mayores y menores de edad-, quienes perdieron a sus madres por femicidios cometidos desde el 2014 al 2020, según un informe desarrollado por Fundación Aldea, que forma parte de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los femicidios.

INDEFENSIÓN PSICOLÓGICA Y ECONÓMICA

Previo al asesinato de su madre y hermanas, Camila llevaba un tratamiento psicológico, pero luego del triple femicidio los padecimientos se agrabaron. “Yo estaba llena de ira, enojo, no lloraba, estaba en shock y llena de odio hacia mi padrastro y su familia”.

Por su parte, su hermana de 14 años, quien también vivía en Guayaquil, tuvo que acudir a terapia. “Hasta ahora le afecta mucho, le dan crisis de ansiedad, llora, extraña a mi mamá, se tira al suelo, es algo incontrolable”.

Consuelo Bowen, integrante del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam) Guayaquil, menciona que no existe por parte del Estado acompañamiento psicológico, ni educativo hacia las víctimas colaterales, al contrario, son revictimizadas.

“Hay que trabajar mucho en el impacto que sufren, sobre todo los más pequeños que a veces pensamos que no van a recordar nada, pero al contrario tenemos casos de menores de tres o cuatro años que al haber sido testigos de estos actos, incluso los simulan como un juego. Así mismo, hay niños que quieren hacerle daño al padre, suponiendo que eso es justicia”.

Luego de un femicidio muchos menores pasan a vivir en otros ambientes, generalmente con las abuelas maternas aunque también pueden quedarse con tíos, hermanos mayores e incluso con familiares del implicado en el asesinato. También hay casos en que, al no haber alguien que los cuide, pasan a manos de hogares estatales.

Así lo explica Bowen, quien indica que los niños que quedan al cuidado de sus abuelos, a veces viven escasez de recursos, porque los adultos mayores “ya no están en condiciones de trabajar o están en estado precarizado, más en un contexto actual donde hay desempleo o subempleo”.

De ahí se pueden derivar otros problemas, como la desnutrición o el difícil acceso a la educación.

BONO POR FEMICIDIO

En marzo del 2019 se creó un bono o compensación económica para los menores de 18 años que quedan en la orfandad por el femicidio de su madre, con el objetivo de “limitar los impactos negativos de la experiencia traumática”.

Según el Decreto Ejecutivo 696, firmado por el expresidente Lenín Moreno, para acceder a este beneficio es necesario cumplir los siguientes requisitos: el caso debe tener una sentencia ejecutoriada donde conste que fue femicidio; el menor debe estar a cargo de un representante legal en pobreza o pobreza extrema (según el registro social) y este debe contar con documento avalado por un juez.

Si un hijo pierde a su madre por violencia extrema recibe el 20,49% de un salario básico (USD 400), cuando son dos el porcentaje aumenta a 43,13% y si son tres sube al 54.23%.

Sin embargo, según la plataforma ‘FemicidiosEc’, del Consejo de la Judicatura, de las 495 causas ingresadas por femicidios desde agosto del 2014 hasta el siete de noviembre del 2021, solo 262 se han resuelto, es decir el 53%. La mayoría están en investigación previa.

Tanto Consuelo Bowen de Cepam Guayaquil como Carla Espín de la organización Luna Roja, que brinda acompañamiento psicológico y legal a las víctimas de violencia y femicidio, concuerdan en que el requisito de la sentencia condenatoria es un limitante.

“No es un acto reparatorio en sí mismo, es un bono muy escuálido, no cubre demasiado, entonces los menores quedan a la deriva”, apuntó Bowen.

Por su parte, Espín comenta que las investigaciones sobre feminicidios “son lentas, pasan años para que puedan realmente llegar a una solución del caso, algunos están estancados por mucho tiempo, incluso algunas se mantienen en Fiscalías de Tránsito y no en una Fiscalía de Género”.

Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desde el 2019 hasta noviembre de este año, existen 195 titulares del bono, de estos, 103 son mujeres y 92 hombres que están a cargo de los menores.

CAMBIO ESTRUCTURAL

Según la Fundación Aldea, el año 2021 se ha configurado como el año más violento para las mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en Ecuador. “Vivimos en el segundo país con mayor cantidad de femicidios totales en América Latina y Caribe en el contexto de la pandemia”, reza el informe.

“En lo que va del 2021, registramos un femicidio, transfemicidio o muerte violenta de mujeres cada 44 horas, es decir, cada 1,8 días”, manifiestan las organizaciones.

De su lado, Carla Espín, de la organización Luna Roja, señala que se debe entender la problemática femenina desde un aspecto más estructural e integral, “cosas esenciales como el acceso a la salud reproductiva y sexual de calidad, acorde a los Derechos Humanos”.

“Todo lo que dice en la normativa legal, en la práctica no se está cumpliendo, se están vulnerando los derechos de la mujer, a la no revictimización, a la no repetición de un acto de violencia y sobre todo el que no caiga su caso en la impunidad”.