El paradero del violador de Paola Guzmán Albarracín

Las fotos -de la última navidad, junto a un ‘año viejo’, de su más reciente cumpleaños- dejan ver a un hombre de 73 años, un anciano de pelo blanco y escaso, con el abdomen prominente y la piel de un tono moreno profundo, que a la vista de las personas podría ser el padre, el abuelo o el vecino de cualquiera. Pero no lo es. 

 

Dieciocho años después de la muerte de Paola del Rosario Guzmán Albarracín, la joven de la que abusó sexualmente durante dos años mientras era vicerrector del colegio fiscal Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, Bolívar E. Z. luce como si ningún huracán hubiese arrasado con su vida. Sonríe en las fotos y celebra sus cumpleaños con abrazos cada 5 de diciembre. 

 

El pasado 15 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado ecuatoriano por la violación sexual de la que fue víctima en su colegio la niña Paola del Rosario Guzmán Albarracín, lo que la llevó a suicidarse en el año 2002 a sus 16 años de edad.

 

Paola se suicidó ingiriendo 11 diablillos (fósforo blanco) en 2002, luego de ser acosada y abusada sexualmente por Bolívar E., quien era vicerrector del colegio público Miguel Martínez Serrano de Guayaquil, donde ella estudiaba.

 

E., quien tenía 54 años en ese momento, la acosó sexualmente y abusó de ella durante dos años. Paola quedó embarazada y él la obligó a abortar, enviándola donde Raúl O. G., el médico del colegio, quien le puso como condición tener relaciones sexuales con él para practicarle el aborto. 

 

El caso de Paola Guzmán Albarracín y familiares versus Ecuador, es el primer caso de violencia sexual en el contexto educativo que llegó el pasado 28 de enero la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se convierte de esta manera en un caso emblemático en la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas en América Latina. Para Petita Albarracín, madre de Paola, la resolución de este caso fue el cierre de largos años de búsqueda de justicia por la muerte de su hija. 

 

 

Fuentes cercanas a E. a las que tuvo acceso Revista Vistazo hace algunos meses y que pidieron su reserva, cuentan que el hombre -cuyo delito prescribió en 2008 por negligencia de las autoridades- vive en un barrio residencial del sur de la ciudad, sin dedicarse a nada en particular: no trabaja -aunque laboró como taxista algunos años- tampoco sale con frecuencia de su domicilio y permanece bajo el amparo de su familia. 

 

Actualmente vive con su esposa, una de sus tres hijas y su nieto más grande, que ya es mayor de edad. Tiene cuatro nietos en total. 

 

La familia de E., según explica la fuente, está al tanto del caso de Paola Guzmán y los recientes hechos que han ocurrido en torno al tema -como la audiencia en la Corte IDH- pero “están en completa negación de todo”. 

 

De acuerdo a la información obtenida por este medio, cuando la joven de 16 años se suicidó el 12 de diciembre del 2002, E. salió de la ciudad y se refugió temporalmente en una provincia del interior del país de donde es oriundo, para luego retornar a Guayaquil. Según un reportaje realizado por el portal GK, en 2004 el hombre fue destituido de su cargo en el colegio, por abandono de sus funciones. 

 

Una de las amigas del colegio de Paola, Ingrid Izurieta, sostuvo que lo vio hace algún tiempo cuando tomó un taxi en el centro de la ciudad. Él era el chofer, afirma en el texto publicado en GK. 

 

El exvicerrector tiene dos perfiles activos en la red social Facebook y aunque actualmente ambos se encuentran habilitados, no tienen ningún tipo de contenido como fotos o actualizaciones recientes. 

 

 

En el contexto de la audiencia pública en la Corte IDH, el Ecuador ofreció disculpas públicas a la madre de Paola y a Dennis Guzmán, su hermana, víctimas en este caso. 

 

El Estado señaló la ausencia de rutas de denuncia y sanción para situaciones de violencia sexual que ocurran en el ámbito académico ecuatoriano. Así también reconoció que existió una inadecuada investigación administrativa para determinar responsabilidades en este hecho. 

 

El proceso judicial por la muerte de la joven no cumplió con los estándares de la debida diligencia, pues no se logró con la localización y la captura del imputado, y esto devino en la prescripción del delito. 

 

El hombre recibió orden de prisión en 2003. La Corte criticó la falta de coherencia del Estado en cuanto a su responsabilidad y le pidió aclararlo en sus alegatos escritos.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegó que la víctima habría sufrido violencia sexual por parte del vicerrector y el médico del colegio al que asistía, ambos funcionarios públicos, y que habría existido un nexo causal entre ello y su decisión de quitarse la vida, constituyéndose esto en un “suicidio denunciativo”. 

 

En la audiencia por este caso, efectuada en enero pasado, el Estado reconoció parcialmente su responsabilidad en los hechos imputados referidos a la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y la ausencia de medidas de prevención de este tipo de casos, y además expresó su voluntad de reparar a la madre de la víctima, Petita Albarracín, y a su familia.

 

En la sentencia, la Corte Interamericana ordena al Estado ecuatoriano declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo y otorgar un bachillerato póstumo a la víctima.

 

El Estado también deberá realizar un acto oficial de reconocimiento de su responsabilidad, así como indemnizar a la familia de la menor y brindarle atención psicológica o psiquiátrica, publica la agencia de noticias EFE. 

 

De su parte, el Gobierno expresó su compromiso para cumplir con la condena de la CorteIDH.