El monopolio de la alimentación en escuelas y cárceles

Los millonarios contratos para el servicio de alimentación en las cárceles y el programa de alimentación escolar tienen un denominador común: una empresa que se ha convertido en el mayor proveedor a escala nacional, y la indefinida prórroga de contratos que debían cerrarse hace ya tres años. Más de 800 millones de dólares ha gastado el Estado en estas contrataciones

Hay una infinidad de menús. Opciones de desayuno: 250 mililitros de colada de máchica, maicena, avena, café en agua o en leche. Más un carbohidrato de al menos 35 gramos, llámese pan, majado de verde, empanada, etc. También una proteína: huevo, queso, mortadela, o mermelada. Y una porción de fruta. Y el almuerzo es otra variedad: combinaciones de sopas y platos fuertes, al igual que la merienda. Todo calculado y elaborado al detalle para que cada preso tenga una dieta de 2.000 kilocalorías diarias.

Eso es lo que dice servir Lafattoria, una empresa guayaquileña constituida en 2008 y que se hizo prácticamente con todos los contratos para el servicio de alimentación en las cárceles hace casi una década. Pero no han faltado los cuestionamientos de presos, sus familiares y varios reportes de la Defensoría del Pueblo por la supuesta mala calidad de la alimentación. Sean menús de calidad o no, lo cierto es que Lafattoria sigue brindando el servicio porque es la única empresa en el país con la capacidad de hacerlo. Tal parece que ningún otro proveedor tiene los recursos y logística para alimentar a cerca de 40 mil personas diariamente.

En 2012, cuando la población penitenciaria era de unos 20 mil reclusos, los contratos para alimentación se adjudicaban por zonas. Es decir, determinado número de cárceles en ciertas provincias. Ese año, Laffatoria obtuvo tres contratos y uno fue adjudicado a otro proveedor.

En 2014, el gobierno de Rafael Correa construyó las mega-cárceles de Guayaquil, Latacunga y Turi, con el objetivo de mejorar las condiciones de reclusión. Dos años más tarde, la población penitenciaria superaba las 35 mil personas. Para ese entonces, los contratos dejaron de firmarse por zonas y esta compañía se hizo con un mega-contrato de 26 millones de dólares para abastecer la alimentación a nivel nacional, por un año. Pero el dinero se acabó a los nueve meses e hizo falta un contrato complementario.

A partir de entonces, Lafattoria no tuvo competencia. Ninguna otra empresa participó en los concursos. A mediados del 2018, el Ministerio de Justicia le adjudicó el último contrato por 17 millones de dólares, que debía terminar a finales de ese año. Luego de eso, el Ministerio fue disuelto por el expresidente Lenín Moreno y se creó el Servicio de Intención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI). Pero desde ese entonces hay un pequeño problema...

UN CONTRATO INDEFINIDO

Desde que se creó, el SNAI ha firmado convenios de pago con Lafattoria para extender el contrato de 2018. Esta figura que aparece en la ley de contratación pública debe usarse de manera excepcional cuando, por ejemplo, un rubro no estaba planificado. Sin embargo, en este caso, se convirtió en la regla.

A medios de 2019, el SNAI lanzó un concurso para tener un nuevo proveedor del servicio de alimentación. Enviaron sus propuestas Lafattoria y un consorcio internacional. Pero el proceso fue declarado desierto porque se detectaron fallas en la metodología de calificación de ofertas. Así, durante los últimos tres años, cinco concursos quedaron desiertos y los dos únicos oferentes han sido Lafattoria y aquel consorcio internacional.

Tal parece ser la controversia de estos concursos que, en 2020, el SNAI envió un oficio a la Presidencia de la República para que se creara una comisión de transparencia que vigile el proceso de contratación. Y en el último concurso, llevado a cabo en el primer semestre de este año, las autoridades de rehabilitación social pidieron al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), conformar una veeduría.

Vistazo pidió una entrevista con el director del SNAI, a través de su departamento de comunicación, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta. Un vocero de Lafattoria confirmó que todavía se mantienen los convenios de pago, aunque evitó revelar detalles de a cuánto asciende el monto. Dice, además, que han enviado más de siete oficios al SNAI mostrando la preocupación de seguir con los convenios pues, aunque es una figura prevista en la ley, no es la más adecuada.

A criterio de Juan Francisco Díaz, director del Observatorio de Transparencia a la Contratación Pública y docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, “el convenio de pago es hacer a un lado la ley y contratar sin reglas. Por eso se debe usar de manera excepcional”. Pero el SNAI y Lafattoria han firmado al menos una docena en los últimos tres años.

Según un informe al que accedió Vistazo, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019, se firmaron cinco convenios de pago por 38 millones de dólares, sin incluir el IVA. Ante la insistencia de cuánto es el monto total en este tiempo, el vocero de Lafattoria dice que las matemáticas son sencillas: si tenemos 39.500 presos, a 2,50 dólares diarios que incluye desayuno, almuerzo y merienda, por 365 días... 36 millones de dólares anuales.

¿HAY SALIDA?

Parecería que la única beneficiaria de los concursos desiertos es Lafattoria. “Pero eso es erróneo. No somos un monopolio, hemos participado en condiciones justas. Hay un consorcio que ha participado también, pero no sabría decirle por qué otros proveedores no participan”, dice el vocero, que prefiere la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.

Un oficio del SNAI, firmado por su directora financiera y director de análisis jurídico, dice que no tener un nuevo contrato para la alimentación impide un ahorro de 1,5 millones de dólares al año, recursos que podrían usarse en otras prioridades. Entonces, ¿es muy caro el servicio de Lafattoria? En absoluto, responde el vocero. Añade que el precio de 2,50 dólares fue fijado en 2011 y desde entonces no ha variado. “La empresa ha tenido la capacidad de adaptarse y crecer. Evitamos los intermediarios para adquirir nuestros productos directamente y bajar los costos. Somos un catering con más de 20 años de experiencia”.

Para el servicio en las cárceles cuenta con 500 empleados, cien de ellos son privados de la libertad que trabajan con Lafattoria en relación de dependencia. Esta empresa dice tener también un portafolio de más de 50 clientes privados, entre estos, empresas transnacionales, aunque no precisa qué porcentaje de sus ganancias proviene de los contratos con el Estado. Sí reconoce que su cliente más grande es el Estado. Y ésa es la segunda parte.

EL OLIGOPOLIO EN LAS ESCUELAS

Al igual que en las cárceles, en la época de la revolución ciudadana, se buscó tener grandes proveedores para el programa de alimentación escolar. En 2016 se lanzó un mega concurso bajo la figura de “Convenio Marco”. En resumen, los proveedores tenían que participar por los ocho agregados territoriales, que es la división del país por provincias. Laffatoria ganó el concurso de los agregados más grandes 4 y 8, Guayas y Pichincha y las provincias aledañas. Los otros se adjudicaron a dos empresas: Lechera Andina y Consorcio Ordeño-Forestan.

Bajo esta figura, cada cierto tiempo y, según el número de estudiantes, las escuelas hacen sus pedidos de las raciones alimenticias que necesitan y los proveedores abastecen. Este contrato tenía una vigencia de dos años y, cuando terminase el plazo, se debía hacer otro concurso. Pero también contaba con una cláusula que permitía prorrogarlo. Y eso es lo que ha pasado. Se convirtió en un oligopolio por falta de decisión política para lanzar otro concurso. No es un gasto menor, ya que son 2,97 millones de estudiantes que reciben estas raciones a diario. Cada una cuesta 33 centavos de dólar e incluye una bebida láctea y una galleta o barra nutricional.

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Según información proporcionada por el Ministerio de Educación, entre 2016 y lo que va de 2021 se han comprado 603,8 millones de dólares en raciones alimenticias. Más de la mitad de este monto se lo lleva Lafattoria.

Desde el 2017, un informe interno de Ministerio de Educación ya alertaba de que en ciertos sectores los niños rechazaban la ración, lo que provoca un desperdicio. Además, el informe de Contraloría DNA-0028-2021 detectó algunas falencias en la distribución. Por ejemplo, se entregaron 1,4 millones de dólares en raciones alimenticias en algunas instituciones semanas después de terminado el período escolar, entregas en fines de semana, falta de consistencia en las bases de datos, entre otras observaciones.

La ministra de Educación, María Brown Pérez, reconoce que hay un margen de desperdicio. “Hemos encontrados basureros con los empaques de las bebidas y las galletas sin abrir. Llama la atención que en los papeles diga que se distribuye todo y que hay cero desperdicios.” Añade que durante la pandemia no hubo una correcta distribución. Pero dice estar trabajando para cambiar el modelo de alimentación escolar. El problema es que el actual sistema se extenderá hasta al menos junio de 2022.

MÁS ALLÁ DE LO LEGAL

¿Por qué no cortar el problema de raíz y así ahorrar recursos? Brown dice que no es tan fácil. Las administraciones anteriores hicieron seis prórrogas al Convenio Marco y el 31 de mayo de 2021, cuando asumió el Ministerio, tuvo que hacer una más. “Las prórrogas son legales, pero no necesariamente es lo ideal”, concluye. Explica que tener un nuevo modelo implica capacitar a pequeños productores, hacer estudios y elaborar un nuevo concurso.

La idea es incluir a proveedores locales, no solo para diversificar la dieta con alimentos como chocho, quinua, frutas, sino también para dinamizar la economía de las zonas deprimidas. Anuncia que ya lanzaron un programa piloto en Portoviejo con 35 mil estudiantes, con alimentos como frutas.

Pero hasta que todo esto cuaje, los grandes proveedores seguirán beneficiándose de las prórrogas. El vocero de Laffatoria dice que, al igual que en las cárceles, han informado su preocupación al Ministerio de Educación para que haya un nuevo concurso pronto. Y, sabiendo que puede haber rechazo de algunos niños a las raciones alimenticias, añade que han trabajado por mejorar los sabores de los productos para que sean mejor apreciados.

Si bien, el objetivo de estos contratos para la alimentación en escuelas y cárceles pudo ser mejorar el servicio, terminó convirtiéndose en una suerte de monopolio para grandes proveedores, con contratos prorrogados que parece casi imposibles de terminar.