El drama de quienes pasan años intentando sacar su carné de discapacidad

La investigación por la emisión de carnés de discapacidad a personas que no la padecen, en los hospitales, reveló una red de corrupción. Quienes sí lo necesitan exigen que se los respete.

"Me han convertido en una persona desconfiada, con resentimiento social... Te miran de pies a cabeza y te dicen que no tienes nada, que no debes pedir ningún carné de discapacidad. Creen que quiero comprarme un carro de lujo pero lo necesito para pagar menos en el bus y para aplicar al bono”. Gladys V., de 56 años, tiene 50 por ciento en el índice Karnofsky, que mide la capacidad de los pacientes con cáncer para realizar tareas rutinarias. Según esto, debería pasar una gran parte del día en cama.

Tiene metástasis pulmonar, ósea y posiblemente esplénica (en el bazo). Está cansada de pedir ayuda. Tiene varios años de malas experiencias para sacar un carné. “Parece que debía ser amiga de algún político o pagarle a alguien para que me lo den”.

En Ecuador hay 485 mil personas registradas con discapacidad en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis); la mitad por impedimentos físicos. Gladys debería pertenecer a ese grupo pero por ahora no es así. Quiere, dice, mejorar su calidad de vida. “Mis amigos me ayudan a pagar donde vivo; mi desayuno es un licuado, almuerzo en la iglesia y mi cena es una agua aromática... No tengo dinero. Necesito el carné para poder vivir”.

Su viacrucis no es atípico para quienes aún luchan por conseguir ese carné y para quienes en su momento lo consiguieron.

Entre los derechos a los que acceden, según la Ley Orgánica de Discapacidades, están la exoneración del Impuesto a la Renta y la devolución del IVA. A esto se suma un descuento del 50 por ciento en la tarifa del transporte público y comercial (incluidos boletos aéreos), y el mismo porcentaje de reducción para servicios básicos, telefonía celular pospago y planes de Internet.

Pero el actual cuestionamiento es a la importación de vehículos, con la exoneración del pago del IVA y del Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en los carros de hasta 24 mil dólares. Pese a esto se han traído vehículos de alta gama facturándolos por debajo del valor real.

“Sinceramente no nos sorprende”, dice Cecilia de Ashur, presidenta de la Fundación Fortaleza, que ayuda a las personas con discapacidad y enfermedades raras y catastróficas. Reconoce que es un tema que se ha mantenido a escondidas.

Más allá de este problema en particular, prefiere criticar los procesos de calificación. “Son tediosos”, dice. Todo inicia con una llamada al 171 para tomar un turno con un médico general. “Puede pasar hasta un mes y medio para que les den la cita”. Luego el médico los envía a hacerse exámenes. “No hay turnos inmediatos, así que allí es más tiempo perdido”. Ya con los exámenes se agenda una nueva cita en medicina general, quien los revisa y los deriva a otros especialistas... Hasta llegar al médico calificador, quien confirma si aplica o no al carné, puede pasar más de un año, a veces más. “Lo peor es que hay médicos que ni siquiera tienen el perfil para calificar”.

Esto lo reconoce el Ministerio de Salud, que identificó funcionarios no acreditados y sin perfil para calificar. También constató ausencia de documentos que respalden la calificación y porcentajes de discapacidad sin relación con las valoraciones médicas. Solo en la emergencia se emitieron más de dos mil carnés de manera ilegal. Esto, dice Cecilia de Ashur, es vergonzoso. “Hablamos de gente que no se puede mover bien, que tienen molestias durante todo el día, que deben descansar, hacer tratamiento, y los tienen dando vueltas...”.

Norys M., de 46 años, lleva siete años en el proceso. “Siempre hay algún problema... Cambian a los doctores, no hay especies valoradas, los turnos son interminables... Y eso sin contar que quienes nos califican son crueles”. Asegura que para hacerse un tomografía esperó un año. “Tengo un derrame cerebral y no puedo hablar bien. Con el carné quiero acceder a ayudas para mi tratamiento”.

“Nos discriminan”
Gonzalo Paredes tiene 51 años y sacó su carné en 1998 por una discapacidad física. Uno de sus hijos tiene discapacidad intelectual, que es la segunda más registrada en el país. Pese a tener el documento, “realmente es como si no lo tuviéramos”.

“Nos discriminan mucho, la gente en general. No entienden que cualquier persona, en algún momento de la vida, puede tener una discapacidad. ¿Cómo te sentirías si en esa situación, tus pocos beneficios no son respetados?”. Paredes cuestiona desde temas sencillos como la fila diferenciada o la tarifa especial en el transporte público. “Te denigran, te hacen levantar hasta el pantalón para ver si te falta algo”.

Él pertenece a la Asociación de Discapacitados del Guayas, ubicada en el suroeste de Guayaquil; tiene 200 asociados. ¿Al final alguien los ayuda? “Los responsables de las instituciones que deberían hacerlo, por sí solas, no te dan ni agua”, dice uno de los asistentes a una reunión en un miércoles de julio.

Por eso la molestia en el sonado caso de mal uso de carnés. Marcelo León, abogado de la Asociación, señala que no puede quedar sólo en acusaciones. “No es posible que sólo ahora, porque todos hablan de esto, se interesen. Deben castigar a quienes los usaron sin merecerlos. Para nosotros, tener este documento es parte de un proceso tedioso”.

¿No se atienden casos a domicilio? “Por supuesto que no”, dice Juan V., quien tiene una discapacidad física. “Nos mandan a recopilar documentos, andamos de un lado al otro”. A él le tomó tres años recibir el carné. “Creen que es un regalo que nos hacen”.

El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoció las críticas. “¿Por qué a quienes no tenían derecho se les otorgó el carné rápido mientras otros atraviesan un proceso lento y tedioso?”, se preguntó.

Por el momento, las autoridades investigan sobre la entrega de los carnés, que ya cuenta con varios posibles responsables de esta vergüenza ajena.