Dictan prisión contra expolicía que portaba subametralladora en audiencia de 'Choneros'; Fiscalía da detalles del hecho

El ciudadano fue detenido en delito flagrante mientras se realizaba la audiencia pública de juzgamiento.
Redacción Vistazo
Durante su detención, Henry M. habría manifestado que brindaba seguridad a los procesados en el caso.

El expolicía Henry M., quien fue detenido ayer en la Universidad Laica de Manabí (a donde el Tribunal trasladó una audiencia de juicio) portando una subametralladora, fue procesado por el presunto delito de tenencia y porte de arma de fuego.

Además, el hombre, de 33 años de edad y que sería guardia de seguridad de una empresa privada, fue detenido con 32 municiones y dos alimentadoras del arma incautada.

"Esta persona llega armada a un lugar donde se realizaba la audiencia, con una ametralladora y varias municiones", relató la fiscal de Manta, Alexandra Bravo.

Tras el hecho, la jueza Karla Zambrano acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva en su contra. Además, señaló que la causa se resolverá mediante procedimiento directo, por lo que convocó a las partes procesales para el 21 de junio, para la audiencia de juicio directo, donde se conocerá la sentencia.

El ciudadano fue detenido en delito flagrante mientras se realizaba la audiencia pública de juzgamiento en contra de cinco ciudadanos y dos personas jurídicas, quienes tendrían nexos con la banda criminal “Los Choneros”.

Los ciudadanos, quienes son familiares de José Adolfo M. V., alias «Fito», presunto líder de esa agrupación criminal, son procesados por los presuntos delitos de enriquecimiento privado no justificado, defraudación tributaria y lavado de activos.

Durante su detención, Henry M. habría manifestado que brindaba seguridad a los procesados en el caso.

Luego de calificar la legalidad de la detención y disponer la medida cautelar de prisión preventiva, la Jueza ordenó que Henry M. sea trasladado a la cárcel 4, en Quito.

El artículo 360, inciso 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) señala que la persona que porte armas de fuego sin autorización, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La Fiscalía solicitó a la Policía "brindar todas las garantías necesarias con el fin de llevar a cabo las diligencias previstas sin interferencias y alcanzar justicia".

Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, señaló en Twitter que "los fiscales arriesgan su integridad en cada diligencia".

"Rechazo cualquier acto de intimidación cuyo fin sea la impunidad y solicito a la Policía que garantice la seguridad de las partes. Seguiremos trabajando por el acceso a la justicia", añadió la titular de la Fiscalía.