Destituyen a Juez y Secretario por liberar a delincuentes a cambio de dinero en caso 'Plaga'

El pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a un juez de El Oro y a un secretario de Manabí, implicados en el polémico caso 'Plaga', una trama de delincuencia organizada que ha sacudido el sistema judicial ecuatoriano.

Ambos operadores de justicia fueron sancionados con base en el artículo 109.11 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ), que penaliza la falta de imparcialidad en los servidores judiciales, ha informado el Consejo de la Judicatura.

El artículo establece que solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, favores o servicios, que pongan en duda la imparcialidad del servidor judicial, es una falta grave.

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Franklin Edmundo Tenorio Peláez, exjuez multicompetente del cantón Pasaje en El Oro, fue destituido por haber concedido la libertad a 18 personas privadas de libertad. Según las investigaciones, estas personas eran captadas por Lenin Vimos y Hugo Lara, quienes les ofrecían gestionar acciones constitucionales en diferentes cantones a cambio de dinero.

Estos pagos eran ofrecidos a los funcionarios judiciales, incluyendo al juez Franklin Tenorio, lo que puso en tela de juicio su imparcialidad. Adicionalmente, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) detectó una transferencia de $ 19.000 del ciudadano Mario Campoverde a Lenin Vimos durante 2023. Mario Campoverde es hermano del privado de libertad William Guillermo Campoverde, quien fue beneficiado por una resolución del juez Tenorio.

Por otro lado, Gary Fabricio Palma Cedeño, exsecretario de la Unidad Multicompetente del cantón Paján en Manabí, también fue destituido. Dentro de la acción constitucional con medida cautelar No. 13317-2022-00146, presentada por Rodrigo Vimos B., abogado de Daniel Salcedo, se constató la transferencia de dinero a la esposa y a la hermana del hoy sumariado, por las siguientes cantidades $2.000 y $1.263, por intermedio del abogado Lenin Vimos, con el fin de favorecer en la liberación de Salcedo y en otros procesos penales.

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Según Fiscalía, Los procesados en el caso Plaga habrían sido parte de una estructura dedicada a captar a personas privadas de libertad sentenciadas o con prisión preventiva –por asesinato, tráfico de drogas, violación, entre otros– para ofrecerles recuperar su libertad –de forma ilegítima– mediante acciones constitucionales que se tramitaban en Santo Domingo, Azuay, Chimborazo y Pichincha.

Por estos “favores”, se ofrecían a cambio de altas sumas de dinero que, a su vez, eran negociados con jueces y secretarios judiciales, con el fin de obtener sorteos directos en dichas acciones constitucionales, y cuyas resoluciones habrían derivado en la libertad de los procesados.