Descubren que "vacunadores" de la banda "Los Lobos" pedían depósitos en una cuenta bancaria en Colombia

Luego de trabajos investigativos e inteligencia en Ambato, provincia de Tungurahua, se descubrió el modus operadi que utilizaban los integrantes del grupo delincuencial organizada (gdo) "Los Lobos" para extorsionar a los dueños de negocios y hasta a ‘chulqueros’.

Según la investigación, los presuntos "vacunadores", quienes se transportaban en un vehículo y en una motocicleta, habrían solicitado entre 50 a 100 dólares semanales a sus víctimas.

Ese dinero, incluso, debía ser depositado en cuenta bancaria en Colombia.

Una de las víctimas señaló en su versión que ya había entregado la cantidad de 1.500 dólares, con el fin de que no hicieran daño a su familia.

Siete de los presuntos integrantes fueron aprehendidos en delito flagrante, la tarde del 15 de mayo, cuando una de las afectadas tenía que realizar un pago de 50 dólares de la “vacuna”.

Fiscalía, junto con Policía Nacional, coordinó un operativo donde fueron aprendidos los presuntos extorsionadores. Entre los indicios constan: un vehículo, una moto, celulares, dinero en efectivo y más.

Al momento de la captura, también les hallaron una libreta con 50 nombres de comerciantes, a quienes le cobraban hasta $2.000 a cambio de "seguridad".

Según información policial, la banda visitaba a los comerciantes para extorsionarlos. Luego, "entregaban a las víctimas una tarjeta con el logo de un ‘lobo’, en la que estaba un número de teléfono y una cuenta bancaria en Colombia, para que depositen el dinero", detalla el medio Primicias.

Si la víctima no lo hacía en una semana, secuestraban al comerciante por horas o días y presionaban a los familiares para que entreguen la cantidad exigida.

Fiscalía solicitó que se dicte prisión preventiva contra de los siete implicados y medidas de protección a favor de las víctimas, pedido que fue acogido por un Juez de Garantías Penales.

El delito de extorsión está tipificado en el artículo 185, inciso primero del Código Orgánico Integral Penal, que establece una pena privativa de libertad de tres a cinco años.